Hay cifras que tranquilizan a un despacho y preocupan a una familia. El Gobierno de Canarias ha licitado la rehabilitación energética de diez viviendas públicas en Valleseco con un presupuesto de 237.937 euros. La actuación es positiva, pero llega en un contexto en el que encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las familias canarias.
Diez viviendas importan para las diez familias que podrán vivir mejor, pero la dimensión de la crisis obliga a mirar más lejos. Alquileres disparados, salarios que no alcanzan, suelos bloqueados y jóvenes que aplazan su independencia forman parte de una misma herida social.
La ciudadanía está cansada de discursos que cambian de vocabulario sin cambiar la realidad. Detrás de cada cifra hay personas que pagan, esperan, trabajan y sostienen servicios esenciales. Esa mirada desde abajo debe entrar en el centro del debate.
No conviene caer en la comodidad de pensar que basta con anunciar una partida, aprobar un documento o convocar una mesa. La experiencia demuestra que los problemas se enquistan cuando nadie fija objetivos comprobables y cuando la ciudadanía solo conoce los retrasos después de que se hayan convertido en crisis.
La política de vivienda necesita rehabilitación, construcción pública, movilización de inmuebles vacíos, seguridad para pequeños propietarios y límites eficaces frente a usos que expulsan a residentes. Las medidas aisladas deben integrarse en una estrategia medible municipio a municipio.
No basta con inaugurar mesas o anunciar acuerdos. Hace falta explicar quién responde, cuánto cuesta, cuándo se cumplirá y qué ocurre si vuelve a incumplirse. La democracia también consiste en poder seguir el rastro de una promesa.
También necesitamos una conversación pública menos acelerada. Criticar no es negar cualquier avance, y reconocer un avance no obliga a silenciar sus límites. La madurez consiste en sostener ambas ideas: valorar lo que mejora y exigir con firmeza todo lo que continúa pendiente.
La vivienda concentra muchas de las desigualdades que antes aparecían separadas. Quien destina la mayor parte de su sueldo al alquiler reduce alimentación, formación, ocio y capacidad de ahorro. Quien no puede independizarse retrasa proyectos familiares. Y quien abandona su municipio por falta de oferta contribuye, sin quererlo, al envejecimiento y la pérdida de servicios. No estamos únicamente ante un problema inmobiliario, sino ante una transformación profunda de la vida comunitaria.
La mirada crítica debe mantenerse cerca de la gente y lejos del ruido partidista. No se trata de negar todo lo anunciado, sino de comprobar si el avance llega a quien más lo necesita. Preguntar por plazos, responsables y resultados no es desconfianza destructiva: es una obligación democrática ante instituciones que demasiadas veces confunden informar con rendir cuentas.
Rehabilitar es importante porque permite recuperar edificios, mejorar la eficiencia energética y reducir facturas. Pero la escala de la respuesta debe corresponderse con la magnitud de la emergencia. Es necesario conocer cuántas viviendas públicas están realmente disponibles, cuánto tardan las licencias, qué suelo puede movilizarse y qué medidas han funcionado. Sin esa radiografía, cada actuación corre el riesgo de convertirse en una pequeña isla dentro de un problema inmenso.
La dignidad no puede quedar aplazada hasta el siguiente presupuesto.
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
