La plataforma ciudadana presenta alegaciones al borrador del Gobierno de Canarias y advierte de posibles vulneraciones de la legislación estatal, la reducción de los espacios de tránsito público y la legalización de construcciones e instalaciones en zonas protegidas.
La Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria ha formulado un contundente escrito de alegaciones contra el borrador de la nueva Ley de Costas de Canarias, al considerar que varias de sus disposiciones podrían vulnerar la Constitución Española y la legislación estatal, además de favorecer una mayor ocupación urbanística y turística del litoral del archipiélago.
El documento, fechado en Telde el 9 de noviembre de 2026 y suscrito por el vicepresidente de la plataforma, Honorio Galindo Rocha, ha sido dirigido a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, concretamente a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario.
La organización ecologista cuestiona numerosos artículos del proyecto normativo y sostiene que la comunidad autónoma no puede utilizar sus competencias sobre ordenación del litoral para reducir los niveles de protección establecidos por la Ley de Costas estatal de 1988.
Denuncian la reducción de seis a tres metros del espacio de tránsito público
Uno de los aspectos más controvertidos señalados por la plataforma es la posibilidad de reducir de seis a tres metros la servidumbre de tránsito junto al mar cuando existan determinadas obras o instalaciones anteriores.
Según las alegaciones, esta medida supondría recortar a la mitad una franja destinada a garantizar el paso público de peatones y vehículos de vigilancia y salvamento.
La plataforma también rechaza que el borrador contemple desplazar temporalmente estos espacios de tránsito con motivo de obras o celebraciones, al entender que podría comprometer la continuidad del acceso público al litoral.
Terrazas, instalaciones turísticas y nuevas construcciones en zonas protegidas
Otro de los principales motivos de oposición es la flexibilización de los usos permitidos en las zonas de protección costera.
Salvar Chira-Soria advierte de que determinados artículos permitirían autorizar instalaciones turísticas y hosteleras atendiendo a criterios de conveniencia o a su inclusión en el planeamiento urbanístico, aunque no exista una necesidad imprescindible de ubicarlas junto al mar.
En este sentido, cuestiona la posibilidad de instalar terrazas de establecimientos de hostelería sobre la arena en playas urbanas y la reducción a seis metros de la franja libre respecto a la pleamar que contempla el borrador.
La organización considera que estas previsiones podrían favorecer intereses privados frente al derecho ciudadano al uso libre y gratuito de las playas.
Advierten de una posible regularización de edificaciones ilegales
Las alegaciones también ponen el foco en las construcciones existentes dentro del dominio público marítimo-terrestre.
La plataforma sostiene que el proyecto normativo podría facilitar la permanencia de edificaciones y asentamientos mediante instrumentos de planeamiento y censos especiales, incluso en espacios que, a su juicio, deberían recuperarse para el dominio público.
Asimismo, rechaza que determinados terrenos degradados puedan ser objeto de procedimientos de desafectación, al considerar que esta posibilidad podría terminar beneficiando situaciones de ocupación irregular.
A estas preocupaciones se suma la posible regularización de aparcamientos preexistentes sin título habilitante en terrenos de dominio público.
Críticas a las autorizaciones de vertidos y al debilitamiento de los controles
El colectivo también cuestiona el tratamiento de las autorizaciones de vertidos al mar. En particular, critica una disposición que, según su interpretación, permitiría mantener vigentes autorizaciones y concesiones extinguidas hasta que se produjera una nueva renovación.
Salvar Chira-Soria considera que esta previsión podría debilitar los mecanismos de inspección, vigilancia y control ambiental.
Igualmente, muestra su rechazo a la sustitución de determinadas autorizaciones administrativas previas por declaraciones responsables ante los ayuntamientos.
A juicio de la plataforma, esta simplificación podría dificultar el control efectivo de las actuaciones en zonas protegidas y facilitar la consolidación de obras ejecutadas sin las correspondientes autorizaciones.
Una ley que, según la plataforma, podría reducir la protección de 100 a 20 metros
Entre las cuestiones planteadas figura también la posible reclasificación de determinados asentamientos rurales como suelo urbano por disponer de servicios básicos.
La organización advierte de que esta modificación podría utilizarse para intentar reducir la servidumbre de protección costera de 100 a 20 metros, sin cumplir los requisitos históricos que establece la legislación estatal.
Según argumenta, esta circunstancia abriría nuevas posibilidades de ocupación y edificación en espacios especialmente sensibles del litoral canario.
Solicitan al Gobierno de Canarias que retire los artículos cuestionados
En su escrito, Honorio Galindo Rocha solicita que se admitan las alegaciones y se revisen o supriman los preceptos que la plataforma considera contrarios a la normativa estatal.
La petición afecta a numerosos artículos y disposiciones adicionales y transitorias del borrador, especialmente aquellos relacionados con la ocupación de playas, las servidumbres de protección y tránsito, los vertidos, las construcciones existentes y los procedimientos administrativos de autorización.
La plataforma fundamenta sus reclamaciones en diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y en los artículos 132 y 149 de la Constitución Española, así como en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Salvar Chira-Soria reclama, en definitiva, que la futura Ley de Costas de Canarias refuerce la conservación del litoral y garantice el carácter público de las playas, en lugar de introducir excepciones que, según denuncia, puedan favorecer nuevas ocupaciones y debilitar las garantías ambientales.
Las alegaciones forman parte del proceso de información pública del borrador normativo y expresan la posición jurídica y ambiental de la plataforma, cuya interpretación de los preceptos cuestionados deberá ser valorada en la tramitación de la futura ley.
