VICTORIA ROSELL Y CARLOS SOSA A JUICIO HOY POR EL DESPIDO DE SU EXEMPLEADA DEL HOGAR

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell (Podemos ), y su pareja el periodista, Carlos Sosa, deberán hoy comparecer en el juicio por presuntamente despedir de manera irregular a su asistenta del hogar, Simona Chambi, quien ha denunciado que, durante meses, estuvo trabajando para ellos sin contrato y cobrando en “dinero negro”. Federico Vicente, abogado de Simona Chambi –la empleada doméstica de origen boliviano que trabajó en el chalet adosado de Rosell en Las Palmas de Gran Canaria– interrogará a Victoria Rosell y a su pareja de hecho si acuden a este juicio, después de que la juez sustituta y de refuerzo del Juzgado de lo Social 7 de Las Palmas, mediante una providencia que tiene fecha 15 de febrero, determinara la fecha del juicio. En este auto se advierte a las partes que deben concurrir “con los medios y las pruebas de que intenten valerse” y que no se suspenderá el juicio oral por la no incomparecencia de las partes.

Se señala, además, que los demandados pueden hacer un Apud acta, un apoderamiento ante su abogado o procurador para que lleguen a un acuerdo con la demandante y no acudir en persona al juicio. Al tratarse de temas domésticos, lo lógico es que vayan al juicio porque solo ellos pueden contestar sobre lo ocurrido.

Rosell y Sosa fueron demandados por despido “improcedente” o “nulo” después de que Chambi fuera despedida el pasado 26 de mayo, cuando se recuperaba de una operación de cataratas, de la que había sido intervenida en el Hospital Doctor Negrín de la capital canaria.

La empleada de hogar, comenzó a trabajar “en negro” –ilegalmente– para la magistrada en septiembre de 2011 y por espacio de cinco meses, estando ilegal en España, según el abogado de la demandante, contraviniendo el artículo 311 bis del Código Penal, que castiga con pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 12 a 30 meses, a quien “de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo”. Simona Chambi se plantó y le dijo que se marcharía si no le hacía un contrato, esencial para regular su situación en España, relata el abogado en la demanda laboral en Confilegal.

La retribución pactada fue de 500 euros brutos al mes que, descontando los gastos de Seguridad Social se quedaron en 430 euros por un contrato indefinido.

Jamás la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género le entregó nómina alguna, dice. En 2014, la trabajadora solicitó la nacionalidad española, según el expediente 1378/12014, que se tramitó en el Registro Único de Las Palmas.

Ese mismo año, Simona Chambi tuvo que regresar a Bolivia por problemas familiares por lo que solicitó la baja voluntaria del contrato. La magistrada y el periodista siguieron manteniendo el contacto con su exempleada, hasta convencerla de que volviera a España para seguir trabajando con ellos, porque otras empleadas que estaban probando en su ausencia no duraban ni dos meses, trabajando en una casa tan grande.

Simona Chambi regresó a España en agosto de 2015, nueve meses más tarde.

Según su abogado, la señora fue empleada por la magistrada, otra vez, “en negro”, hasta que volvió a plantarse. El 12 de noviembre de 2015 le hicieron un nuevo contrato, que “firmó sin leer” y del que nunca le entregaron copia alguna. En 2017 le modificaron el contrato. Sosa sustituyó a Rosell en el papel de empleador.

“Solo a partir de insistir desde el año de 2017 le entregó nóminas, aunque seguía recibiendo instrucciones de su primera empleadora en los labores de limpieza de la misma casa en la que empezó a realizar su actividad profesional desde 2012”, dice la demanda.

La Provincia-Dlp