La fiscal de Las Palmas encargada de los delitos económicos abrió unas diligencias de investigación contra la juez y candidata de Podemos Victoria Rosell hace apenas una semana. Y desde entonces ha dado pasos precisos y rápidos. El primero de ellos, encargar gestiones documentales a la Policía Judicial adscrita a su causa. Quiere que se recopile toda el material posible sobre el contrato de venta/cesión de la emisora del compañero sentimental de la magistrada-candidata.
En concreto, según informaron a EL MUNDO fuentes cercanas a la investigación, la fiscal quiere que se revisen los pagos, de dónde han partido los cheques con los que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez,realizó los pagos por la emisora de Carlos Sosa, pareja de Rosell. Pero, sobre todo, quiere concretar fechas de las operaciones.
Porque lo que trata de averiguar es si estas gestiones comenzaron o se negociaron cuando Rosell aún no había dejado su juzgado para entrar en política e instruía una causa contra Ramírez.
El empresario investigado gestionó la compra de la emisora a la pareja de Rosell después de que el Gobierno canario le retirara la licencia a su radio, que le servía de soporte para la promoción del club de fútbol que preside. Esa compra se concretó tres días después de que la juez Rosell anunciara su incorporación a las listas de la formación de Pablo Iglesias como número uno por Las Palmas.
Este dato fue puesto ayer de manifiesto por la magistrada a modo de explicación, queriendo demostrar con ello que la venta de la emisora por parte de su pareja fue posterior a su salida del juzgado.
Sin embargo, la fiscal sospecha que la firma de este tipo de contratos no se puede cerrar en apenas tres días y que se pudieron producir acercamientos y negociaciones anteriores. Por ello, quiere comprobar cómo ha sido el proceso de compra y cómo se han realizado los pagos. Para hacerlo ha encargado las gestiones a la Policía Judicial.
Además, la fiscal ha llamado a declarar al representante legal de la UD Las Palmas que firmó el contrato con Carlos Sosa. Éste ratificó la fecha de la firma y señaló que todo se concretó el 26 de octubre. Pero, a preguntas de la representante delMinisterio Público, no pudo detallar cuándo comenzaron las negociaciones para adquirir la emisora del compañero sentimental de Rosell. Justo el extremo en el que está la clave que busca la fiscal.
Cuando menos, desde el 15 de octubre las conversaciones estaban ya muy avanzadas, porque así lo difundieron periodistas de Las Palmas que, incluso, en aquel momento aportaron detalles sobre cómo se estaba cerrando el acuerdo. Ese día, Rosell aún no era candidata y seguía estando al frente del Juzgado de Instrucción número 8, que en aquellas fechas instruía una causa contra el propioRamírez. Por este motivo, especialistas jurídicos consultados por este periódico entienden que la ahora candidata debería haberse abstenido de investigar al presidente de UD Las Palmas.
Aseguran que, sin entrar en más detalles, si existe una relación directa entre el investigado y alguien tan cercano a la juez de instrucción, puede afectar a la causa. Cuando menos es una cercanía muy cuestionable y la ex juez debería haber abandonado la instrucción de este sumario, insisten estas fuentes.
La fiscal de delitos económicos tiene intención de apurar todas las gestiones. Entre ellas se incluye llamar a declarar al propio empresario Miguel Ángel Ramírezpara averiguar cómo y desde cuándo se gestó la compra de la emisora de Carlos Sosa. Ramírez acudirá hoy mismo a la Fiscalía.
A la entonces juez Rosell le tocó por reparto instruir una causa contra Ramírez. La Fiscalía se querelló contra él por delitos contra la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. La fiscal llegó a denunciar -sin éxito- a la juez Victoria Rosell por lo que interpretaba que era un «retraso malicioso» en la instrucción. La denuncia llegó al Consejo General del Poder Judicial, que la archivó al entender que no había elementos objetivos para poder mantener la acusación.
Fuente: Elmundo.es
