Las nuevas evidencias sobre la contaminación de la costa de Telde y las rectificaciones públicas de colectivos y particulares reabren la polémica sobre los vuelos de la unidad de drones de la Policía Local sobre las instalaciones de Aquanaria. La empresa cuestionó desde el primer momento la legalidad de aquellas incursiones y anunció acciones legales contra el Ayuntamiento. Ahora, con el foco de la investigación situado también sobre el emisario submarino de Silva 222, corresponde al Gobierno municipal explicar quién ordenó los vuelos, con qué finalidad y bajo qué cobertura legal.
La controversia sobre la contaminación de la costa de Telde tiene un capítulo que merece ser recuperado, los vuelos de drones de la Policía Local sobre las jaulas marinas de Aquanaria en diciembre de 2025. Aquellas actuaciones fueron presentadas públicamente por el Ayuntamiento como parte de su labor de inspección y seguimiento de la crisis ambiental. Sin embargo, la empresa acuícola denunció que se habían realizado sin autorización, cuestionó las competencias municipales para intervenir de aquella manera sobre sus instalaciones y advirtió de posibles riesgos para los trabajadores. Lo que entonces parecía un episodio más del enfrentamiento entre el Gobierno de Juan Antonio Peña y Aquanaria adquiere ahora una nueva dimensión política y administrativa.
Porque mientras la Policía Local sobrevolaba las instalaciones de la empresa, esta llevaba tiempo alertando al Ayuntamiento de posibles vertidos procedentes del emisario submarino de Silva 222, cuya titularidad corresponde a la propia administración municipal. La pregunta resulta inevitable, ¿se investigaron con el mismo interés todas las posibles fuentes de contaminación o se concentraron los recursos públicos en una de las hipótesis antes de esclarecer el origen del problema?
Los drones, las imágenes y la denuncia de Aquanaria
El 10 de diciembre de 2025, el propio Ayuntamiento comunicó que la unidad UNIDRON de la Policía Local, coordinada por el oficial José Juan Florido, había captado imágenes de peces muertos dentro de las jaulas marinas y restos en aguas próximas a Salinetas. Al día siguiente, el Consistorio volvió a utilizar las imágenes aéreas para defender sus afirmaciones sobre la presencia de restos de peces en las instalaciones. Aquanaria reaccionó anunciando acciones legales. La compañía sostuvo que los vuelos no habían sido autorizados, que se habían realizado sobre instalaciones con trabajadores y que el Ayuntamiento podía estar excediendo sus competencias. Son argumentos de la empresa, cuya validez jurídica debe determinar la autoridad competente.
El emisario 222: la otra investigación que exigía respuestas
Mientras el Ayuntamiento difundía imágenes de las jaulas, Aquanaria había registrado numerosas comunicaciones advirtiendo de un posible episodio contaminante relacionado con el emisario submarino de Silva 222. Onda Guanche publicó la existencia de 21 escritos presentados por la empresa ante el Consistorio, en los que alertaba de vertidos, posibles afecciones ambientales y consecuencias para sus instalaciones. Posteriormente, análisis químicos encargados por la compañía detectaron contaminación fecal y sustancias químicas en muestras vinculadas al entorno del emisario. Estos resultados, comunicados al Seprona y a la Fiscalía de Medio Ambiente según la empresa, constituyen elementos relevantes para la investigación. El Ayuntamiento tenía el deber de comprobar la situación del litoral y proteger la salud pública. Pero esa obligación también exigía examinar con rigor cualquier posible responsabilidad relacionada con sus propias infraestructuras.
Las rectificaciones cambian el escenario
La controversia ha experimentado un giro durante las últimas semanas. Turcón-Ecologistas en Acción, la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio y distintos particulares han formalizado rectificaciones sobre acusaciones relacionadas con la actividad de Aquanaria. Entre las afirmaciones corregidas figuran atribuciones de emisiones tóxicas, supuestos daños sanitarios, vertidos incontrolados y presuntas irregularidades administrativas. Si determinadas imputaciones han debido corregirse por falta de respaldo suficiente, resulta razonable preguntarse qué grado de prudencia mantuvieron las instituciones cuando difundieron sus actuaciones contra las instalaciones acuícolas.
Y aquí regresan los drones.
¿Quién dio la orden y dónde están los informes?
El Gobierno de Telde debería explicar públicamente quién ordenó los vuelos sobre Aquanaria, qué informes justificaron la intervención, qué autorizaciones se consideraron necesarias y cuál fue la finalidad concreta de las grabaciones. También debería precisar si existen expedientes administrativos, informes jurídicos o actuaciones posteriores que respalden la legalidad de las operaciones cuestionadas por la compañía. La utilización de medios policiales requiere una finalidad pública legítima, proporcionalidad y respeto al marco competencial. Resolver esa controversia exige documentación, no comunicados enfrentados.
El alcalde, ante una nueva exigencia de explicaciones
La situación se complica políticamente para Juan Antonio Peña. Onda Guanche ya publicó el pasado 8 de octubre, que el alcalde ha rechazado retractarse de sus declaraciones sobre e Aquanaria, pese a las rectificaciones formalizadas por otros protagonistas de la controversia. La empresa estudia posibles acciones judiciales por los perjuicios que considera ocasionados a su reputación. Esa posición merece una explicación pública, especialmente si el Ayuntamiento mantiene las afirmaciones que difundió durante la crisis.
Los ciudadanos merecen conocer toda la verdad
La Policía Local de Telde presta un servicio público esencial. Precisamente por eso, conviene preservar su trabajo de cualquier utilización partidista y garantizar que sus medios tecnológicos se emplean conforme a criterios profesionales y jurídicos. En diciembre de 2025, las imágenes de los drones tuvieron una notable repercusión pública. En octubre de 2026, las rectificaciones y los nuevos elementos de investigación hacen necesario examinar aquel episodio con otra perspectiva. Onda Guanche lleva meses publicando documentación sobre el emisario 222 y reclamando que no se atribuyan responsabilidades sin pruebas suficientes.
Ahora las preguntas se dirigen también al Ayuntamiento: ¿qué actuaciones de inspección se realizaron sobre el emisario municipal? ¿Qué conclusiones técnicas respaldaban la comunicación institucional sobre Aquanaria? ¿Y qué respuesta se ha dado a la denuncia anunciada por la empresa contra los vuelos? No se trata de elegir entre la defensa del medioambiente y los derechos de una empresa. Se trata de defender ambas cosas mediante investigaciones rigurosas, actuaciones proporcionadas y responsabilidades acreditadas. Los drones captaron imágenes de lo que ocurría sobre las jaulas. Lo que corresponde ahora es que la documentación administrativa y las investigaciones expliquen qué ocurría bajo el agua, quién tomó las decisiones y sobre qué pruebas se apoyaron.
Porque en una crisis de estas dimensiones no basta con mostrar imágenes. También hay que rendir cuentas sobre cómo y para qué se obtuvieron.
