La negativa del regidor a retractarse contrasta con las rectificaciones ya asumidas por colectivos y particulares que durante meses señalaron a la empresa sin respaldo técnico ni científico suficiente.
La crisis por la contaminación de la costa de Telde entra en una nueva fase, esta vez con un claro componente judicial y político. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, se niega a retractarse de sus manifestaciones públicas contra la empresa Aquanaria, pese a que otras personas y colectivos como Turcón y la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio que también lanzaron duras acusaciones contra la compañía ya han comenzado a dar marcha atrás y a rectificar formalmente.
La negativa del primer edil a corregir sus declaraciones supone, según la información a la que ha tenido acceso ONDA GUANCHE, el paso previo a una posible querella que prepara la empresa por los daños que considera causados a su imagen y reputación como consecuencia de acusaciones públicas vertidas en plena crisis de la costa.
Durante meses, Aquanaria fue colocada en el centro de la diana política, mediática y social, señalándose a sus instalaciones como responsables directas de la contaminación marina, de supuestos vertidos incontrolados, de afecciones medioambientales graves e incluso de posibles consecuencias para la salud pública. Sin embargo, el paso del tiempo, la aparición de nuevas analíticas y, sobre todo, las rectificaciones ya formalizadas por algunos de los acusadores, como Consuelo Jorges López y José Manuel Espiño Meilán, han comenzado a desmontar ese relato.
En los documentos de retractación ya conocidos públicamente, estas personas y colectivos que protagonizaron aquella ofensiva admiten, en esencia, que no existe constatación científica ni indicio significativo que permita sostener algunas de las acusaciones más graves lanzadas contra Aquanaria. Entre esas rectificaciones figuran aclaraciones en las que se reconoce que no se puede vincular a la empresa con emisiones gaseosas tóxicas, sulfuro de hidrógeno, vertidos incontrolados, afectación masiva de la biodiversidad, afecciones respiratorias o cutáneas en la población, ni tampoco con una supuesta actividad desarrollada en situación de ilegalidad.
También se ha rectificado públicamente que Aquanaria cuenta con las concesiones y evaluaciones ambientales vigentes para su actividad, desmintiendo así parte de las afirmaciones que durante meses circularon en el debate público. Del mismo modo, se ha aclarado que la presencia de masas viscosas o residuos detectados en la costa de Telde no puede atribuirse sin más a la actividad acuícola de la empresa.
Ese es precisamente el fondo de la cuestión que ahora cobra especial relevancia política: mientras algunos de los que participaron activamente en la campaña de señalamiento han optado por rectificar para evitar mayores consecuencias judiciales, el alcalde de Telde mantiene su negativa a retractarse, con todo lo que ello implica.
La postura del regidor resulta especialmente delicada, ya que fue una de las voces institucionales más visibles durante la crisis, alimentando un discurso muy duro contra Aquanaria y contribuyendo a consolidar ante la opinión pública una versión de los hechos que hoy empieza a resquebrajarse. Su rechazo a asumir una rectificación lo sitúa ahora en una posición de alto riesgo jurídico, justo cuando el foco empieza a desplazarse hacia otras posibles responsabilidades y cuando el emisario submarino 222 vuelve a aparecer en el centro del debate.
La controversia, por tanto, ya no se mueve solo en el terreno político o mediático. La negativa del alcalde a dar el mismo paso que ya han dado otros acusadores abre la puerta a un procedimiento judicial en el que deberá dilucidarse si sus manifestaciones públicas causaron un perjuicio injustificado a la empresa.
En este nuevo escenario, la pregunta es inevitable: si otros ya han empezado a rectificar, por qué el alcalde de Telde se niega a hacerlo. Y más aún, quién asumirá la responsabilidad si la Justicia concluye que Aquanaria fue condenada públicamente antes de que existieran pruebas concluyentes para sostener semejantes acusaciones.
Lo que en su día se presentó como una verdad indiscutible empieza ahora a desmoronarse entre retractaciones, rectificados y un horizonte judicial cada vez más cercano. Y el alcalde de Telde, lejos de apartarse del precipicio, parece dispuesto a seguir avanzando hacia él.
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Un comentario
Según las periciales e investigaciones de la causa judicial, se han reorientado de forma relevante hacia las infraestructuras de saneamiento locales, en concreto, no sólo es hacia el emisario submarino municipal 222, sino también hacia la depuradora (EDAR de Silva), como probables focos de los vertidos residuales que originaron la crisis en el litoral.
La empresa se ha personado como parte perjudicada a raíz de las investigaciones del SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente, que apuntan a irregularidades y vertidos desde el sistema municipal de depuración (emisario 222 y EDAR de Silva).
Un personaje político, cínico e incompetente como lo es el Alcalde Juan Antonio Peña, JAMÁS dará brazo a torcer por su arrogancia. Tampoco presentará su dimisión, hasta que la mierda no sobrepase su cabeza.