Por fin, la verdad parece haberse abierto camino frente a quienes durante meses sostuvieron una versión que, a mi juicio, estuvo marcada por la precipitación, la manipulación y un supuesto proteccionismo ambiental que ahora queda seriamente cuestionado.
Lo verdaderamente lamentable no es solo que determinadas afirmaciones hayan tenido que ser rectificadas. Lo preocupante es preguntarse por qué se rectifican ahora.
¿Estamos ante un reconocimiento sincero de un error? ¿Ante una reflexión serena después de comprobar que aquellas acusaciones no se sostenían? Yo, personalmente, tengo serias dudas.
Da la impresión de que la rectificación llega cuando aparece sobre la mesa la posibilidad de una querella criminal por parte de la empresa afectada. Y entonces surgen preguntas inevitables: ¿por qué quienes hasta ahora defendían con tanta contundencia sus afirmaciones ya no las mantienen? ¿Por qué una posición aparentemente inamovible se derrumba de repente?
Cuando alguien está absolutamente seguro de lo que denuncia y dispone de pruebas que lo respaldan, lo lógico sería mantener su posición. Si, por el contrario, se rectifica cuando aparece el riesgo de afrontar consecuencias judiciales y económicas, es legítimo preguntarse hasta qué punto existía realmente esa seguridad.
En mi opinión, todo este episodio provoca una enorme pérdida de credibilidad. La defensa del medioambiente debe estar basada en datos, pruebas, rigor y honestidad, independientemente de quién resulte afectado. No puede depender de intereses, simpatías, enfrentamientos o conveniencias.
Siempre he pensado que más vale tarde que nunca. Pero no es lo mismo rectificar voluntariamente, reconociendo humildemente una equivocación, que hacerlo cuando existe el temor a tener que responder judicialmente por determinadas afirmaciones.
Quizá muchas de estas situaciones podrían haberse evitado utilizando desde el principio una palabra fundamental en el periodismo, en la denuncia pública y en cualquier acusación que no esté plenamente acreditada: “presuntamente”.
Las palabras tienen consecuencias. Acusar públicamente a una empresa, colectivo o persona exige responsabilidad. Y quienes se presentan ante la sociedad como defensores de determinadas causas deben ser especialmente rigurosos.
Si una organización pierde su independencia, si actúa condicionada por intereses o si selecciona sus batallas dependiendo de a quién tenga enfrente, corre el riesgo de perder aquello que más necesita para desarrollar su labor: la confianza de la ciudadanía.
Y cuando se pierde la credibilidad, recuperarla resulta muy difícil.
Por eso creo que quienes no sean capaces de actuar con rigor, independencia y honorabilidad deberían reflexionar seriamente sobre el papel que ocupan en la sociedad. Y, llegado el caso, quizá sea mejor apartarse y dejar paso a personas cuya actuación no deje dudas sobre su integridad.
Honorio Galindo Rocha, ecologista y vicepresidente de la plataforma Salvar Chira y Soria
