Una sentencia firme publicada por el juzgado contencioso administrativo número 6 de Las Palmas, cuyo titular es la jueza María Tovar, obliga al Ayuntamiento de Telde a devolver la concesión del servicio de limpieza y recogida de residuos a la UTE compuesta por Sufi y Santana Cazorla, que hace diez años demandó a la administración local por retirarle el contrato un mes después de que se le hubiese adjudicado por ser la mejor oferta económica.
De este modo, el Consistorio deberá iniciar un trámite de traspaso y rescindir de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) antes de septiembre, condición que impone la constructora. Asimismo, se recuperarán los términos y condiciones impuestos en el concurso de residuos del año 2008: una duración de 15 años y un presupuesto de 7.425.167,93 euros, entre otros asuntos. Así lo comunicó ayer la alcaldesa en funciones, Carmen Hernández. Expone que el Consistorio fue requerido por el juzgado el pasado mes de diciembre para cumplir con los términos de la sentencia dictaminada el 17 de octubre de 2014, en la que se declara que la UTE no incurrió en prohibición de contratar con la administración y se obliga a restituirla en su posición como adjudicataria. Un mes más tarde adquiere firmeza, por lo que la empresa insta a su ejecución.
El gobierno deberá iniciar un trámite de traspaso entre la concesionaria actual y la UTE y convocar una junta de gobierno local con el objeto de establecer una fecha de fin de contrato (que coincidirá con el comienzo del servicio para Santana Cazorla). «No sirve de nada que recurramos a la sentencia o presentemos incidentes«, recalca la mandataria y aclara que desde que se notificó la sentencia, el gobierno planteó en dos ocasiones la imposibilidad de ejecutarla y el juzgado rechazó estos planteamientos alegando que el contrato continúa en vigor y por tanto es posible realizar un traspaso.
El nuevo contrato partirá de los términos iniciales, por lo que el Ayuntamiento tendrá que restablecer la duración del contrato por 15 años desde el momento en que comience el servicio, con un presupuesto de siete millones y la compra por parte de la empresa adjudicataria de nueva maquinaria a emplear en el área, que pasará a ser propiedad de la administración. También debe quedar acordada la continuidad laboral y permanencia de todos los trabajadores en sus puestos. Los informes jurídicos indican que ninguna de las empresas afectadas tiene derecho a indemnización.
En este sentido, el servicio recuperará una buena parte del personal empleado para esta tarea que fue cesado tras los recortes que debió realizar el anterior grupo de gobierno en el mandato del 2011 al 2015 a raíz del Plan de Ajustes. También se repondrá la maquinaria pesada necesaria para el área como una barredora y dos baleadoras, así como material de utillaje, que actualmente se encuentran paralizadas por carecer de personal suficiente capaz de utilizarlas. «Es una mejora sustancial del servicio, significa que podremos garantizar la limpieza en todos los barrios sin recortes por el Plan de Ajuste», explica Hernández.
El Ayuntamiento organizará en los próximos días una reunión con los sindicatos y representantes de los trabajadores, con el objeto de informar y detallar los pasos que seguirá el gobierno. Asimismo, Hernández reitera que las negociaciones y el trámite de traspaso entre empresas lo deberá ejecutar el próximo gobierno y adelanta que desde la UTE (con la que ya han mantenido dos reuniones en los últimos meses) requieren que el contrato ceda antes de septiembre. «No hemos podido solucionar antes esta cuestión porque el informe jurídico que solicitamos para determinar la forma en la que ejecutar la sentenciase terminó la semana pasada: estamos en un periodo en el que funcionamos como gobierno provisional, por lo que no podemos aprobar más que asuntos de mero trámite y esto no entra en esa categoría», esclarece la alcaldesa.
Asimismo, el origen de este pleito judicial también puede vincularse al momento en que el Ayuntamiento de Telde inhabilitó al grupo Santana Cazorla por no cumplir con el contrato de construcción del aparcamiento de Arauz. Esto provocó que el grupo de gobierno de ese mandato dejase al margen a la constructora de las obras del Plan Feile, así como del contrato del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos.
La Provincia-Dlp
