El despliegue óptimo de sistemas de bicicleta compartida en las principales ciudades españolas podría generar 121 millones de euros anuales en beneficios sociales. Así lo revela el informe “El potencial económico y social de la bicicleta compartida en España”, elaborado por la compañía de movilidad urbana Fifteen, que identifica además un potencial de 6,8 millones de usuarios y una reducción de más de 26.500 toneladas de CO₂ al año a nivel nacional.
El análisis, basado en 144 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, ocho de ellas canarias, que representan más del 55% de la población, cuantifica por primera vez el impacto de estos sistemas a escala nacional y sitúa la bicicleta compartida como una de las infraestructuras con mayor capacidad de transformación en la movilidad urbana.
El impacto económico deriva de factores ambientales y sociales como la reducción de emisiones, el ahorro sanitario asociado a una mayor actividad física y la mejora de la productividad asociada a una movilidad más activa. En este sentido, estima que por cada euro invertido en bicicleta compartida, la sociedad podría recibir entre 1,10 € y 1,75€ en beneficios sociales en función del despliegue, lo que sitúa este modelo como uno de los sistemas con mayor retorno social dentro de las políticas de movilidad urbana.
Además, el informe pone de relieve el amplio margen de crecimiento existente en España. A pesar de contar actualmente con alrededor de 32.000 bicicletas compartidas, su implantación es desigual, con ciudades donde el servicio está consolidado y otras donde todavía no se ha desarrollado o lo ha hecho por debajo de su capacidad. El potencial de 6,8 millones de usuarios se alcanzaría si los municipios analizados desarrollaran plenamente estos sistemas.
Canarias, uno de los territorios con mayor margen de crecimiento
En el caso de Canarias, el estudio sitúa a San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria) y Arona (Santa Cruz de Tenerife) entre las diez ciudades españolas con mayor potencial de usuarios de bicicleta compartida pese a no contar actualmente con ese servicio. Las Palmas de Gran Canaria figura también entre las ciudades con mayor demanda potencial del país, lo que evidencia el amplio margen de desarrollo de estos sistemas en el archipiélago, especialmente en entornos urbanos y turísticos.
El informe subraya además el impacto ambiental potencial de estos sistemas en Canarias. Con una mediana de 64,9 gramos de CO₂ evitado por kilómetro recorrido en bicicleta compartida, el archipiélago ocupa la segunda posición nacional, solo por detrás de Illes Balears, consolidando este sistema como una herramienta estratégica de movilidad sostenible. De hecho, en las ciudades medianas, la eficiencia de descarbonización es un 21% superior a la de las grandes metrópolis, porque la bici sustituye directamente al coche.
La bicicleta compartida como infraestructura clave en la movilidad urbana
El estudio plantea un cambio de enfoque en torno a la bicicleta compartida, que deja de entenderse como un servicio complementario para consolidarse como una infraestructura esencial dentro de los sistemas de movilidad urbana.
Según señala Artur Munne, director general de Fifteen en España: “La bicicleta compartida ha ido consolidándose como una solución cada vez más presente en el día a día de millones de españoles. Ha llegado el momento de entender este modelo como una pieza estructural de la movilidad urbana, clave para avanzar hacia sistemas más eficientes, accesibles y sostenibles, y cuyo impacto económico, social y ambiental es medible”.
Más allá de facilitar desplazamientos, la bicicleta compartida conecta a la ciudadanía con el empleo, la educación y los servicios esenciales, al tiempo que actúa como una palanca directa de descarbonización, especialmente en ciudades medianas donde sustituye el uso del vehículo privado.
Desarrollo desigual con alto potencial en todo el territorio
El análisis identifica dos grandes dinámicas en el desarrollo de estos sistemas. Por un lado, las grandes ciudades concentran la mayor demanda potencial, aunque requieren optimizar la gestión de flotas y la infraestructura para responder a un uso intensivo.
Por otro, las ciudades medianas presentan un mayor impacto en términos de reducción de emisiones, ya que la bicicleta compartida sustituye de forma más directa desplazamientos en coche, lo que refuerza su papel como herramienta de cambio modal y descarbonización.
El informe destaca fenómenos como la estacionalidad en destinos turísticos, donde la demanda puede multiplicarse en determinados momentos del año, lo que exige modelos de gestión más flexibles y adaptados a cada contexto urbano.
Momento decisivo para la consolidación de la bicicleta compartida
España se encuentra en un punto de inflexión, impulsada en parte por los fondos europeos, que pueden llegar a cubrir hasta el 90% de la inversión inicial en este tipo de proyectos.
Entre los principales retos que advierte el informe, destacan la necesidad de avanzar hacia modelos integrados -que combinen servicios de bicicleta compartida para alquiler a corto y largo plazo, así como su conexión con otros servicios públicos de movilidad-, evitar la fragmentación de los usos, adaptar las infraestructuras a las diferentes realidades urbanas y garantizar la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, más allá de los fondos europeos.
En este escenario, la bicicleta compartida se consolida como una de las palancas con mayor capacidad para transformar la movilidad urbana en España, combinando impacto ambiental, social y económico en un momento decisivo para el futuro de las ciudades.
