Desde SITCA venimos advirtiendo desde hace años de esta deriva. Cada vez más familias comprueban que trabajar —incluso cuando lo hacen varios miembros del hogar— ya no garantiza una vida razonablemente cómoda. No se trata de una percepción aislada ni de una queja puntual, sino de una tendencia que responde a un conjunto de factores que están tensionando el día a día de miles de personas.
El primer impacto se nota en lo más básico: la cesta de la compra. Alimentarse, algo tan esencial como inevitable, se ha encarecido de forma sostenida en los últimos años, reduciendo de manera silenciosa pero constante la capacidad económica de los hogares. En este sentido, desde SITCA venimos denunciando que la pérdida de poder adquisitivo no siempre se refleja con claridad en los indicadores generales, pero sí se percibe con nitidez en la economía doméstica. No es una cuestión teórica: es una realidad diaria.
Pero si hay un elemento que ha cambiado las reglas del juego, ese es la vivienda. El acceso a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la estabilidad de las familias. La falta de oferta, unida a una demanda creciente, ha empujado los precios a niveles difíciles de asumir para buena parte de la población trabajadora.
A este respecto, en SITCA hemos defendido de forma reiterada que la vivienda no puede tratarse exclusivamente como un activo de mercado, desligado de su función social. Cuando el acceso a la vivienda se convierte en una barrera, el problema deja de ser individual para convertirse en estructural. Por ello, venimos insistiendo en la necesidad de políticas que aumenten la oferta real, faciliten el acceso y eviten situaciones de exclusión que ya son evidentes en amplias capas de la población.
A esta situación se suma un elemento que no siempre se aborda con la claridad necesaria: el aumento de la población. Canarias ha experimentado en los últimos años un crecimiento demográfico que ha incrementado la presión sobre recursos ya limitados, especialmente en vivienda y servicios. Desde SITCA hemos señalado en múltiples ocasiones que este crecimiento debe ir acompañado de una planificación adecuada, capaz de anticipar necesidades y evitar desequilibrios que terminan afectando directamente a la calidad de vida de la población residente.
En el fondo de todo esto se encuentra también el propio modelo económico del archipiélago. La fuerte dependencia del turismo y de sectores de servicios con salarios contenidos limita la capacidad de crecimiento de los ingresos. No es solo que todo sea más caro; es que los sueldos, en muchos casos, no evolucionan al mismo ritmo.
En este ámbito, desde SITCA venimos defendiendo la necesidad de avanzar hacia un modelo que genere empleo de mayor calidad, con salarios más acordes al coste real de la vida en Canarias. No se trata únicamente de crear empleo, sino de garantizar que ese empleo permita sostener un proyecto de vida digno.
El resultado de esta combinación de factores es una realidad incómoda, pero cada vez más evidente: trabajadores que no llegan a fin de mes, familias que ajustan cada gasto al máximo y jóvenes que ven cada vez más lejos la posibilidad de emanciparse. Tener empleo ya no es garantía de estabilidad. Y eso debería preocuparnos como sociedad.
Ante esta situación, desde SITCA insistimos en que no estamos ante un problema puntual ni ante una coyuntura pasajera, sino ante un desequilibrio estructural que requiere respuestas igualmente estructurales. No basta con actuar sobre un único elemento: es necesario abordar de forma coordinada el empleo, la vivienda, el coste de la vida y la planificación del territorio.
Desde SITCA seguiremos defendiendo, como lo hemos hecho hasta ahora, que el trabajo debe ser un elemento de estabilidad y no de incertidumbre. Y que garantizar unas condiciones de vida dignas para la población trabajadora no es una aspiración, sino una responsabilidad colectiva.
Porque asumir como normal que trabajar no basta para vivir con dignidad es, en sí mismo, un fracaso. Y renunciar a corregirlo, una decisión que Canarias no puede permitirse.
