Familias y fuentes penitenciarias señalan al director Jorge Garlito García por una etapa marcada por fallecimientos, falta de asistencia sanitaria y una gestión cuestionada.
El Centro Penitenciario Las Palmas II vuelve a estar en el centro de la polémica. Varios fallecimientos de internos, denuncias familiares por presunta desatención sanitaria y el malestar creciente de fuentes penitenciarias y sindicales han convertido la prisión de Juan Grande en un símbolo de lo que muchos consideran una gestión fallida.
Al frente del centro se encuentra Jorge Garlito García, nombrado director de Las Palmas II en octubre de 2021. Desde entonces, según denuncian familiares y voces del entorno penitenciario, los episodios graves relacionados con la salud de los internos no solo no se habrían corregido, sino que se habrían incrementado, lo que apunta directamente a un problema de dirección, organización y control interno.
El caso de Derimán Alemán, interno de 29 años fallecido tras ser trasladado desde Las Palmas II al Hospital Insular, ha encendido la indignación. Su familia sostiene que llevaba semanas pidiendo asistencia médica, que presentaba síntomas alarmantes y que nunca se llamó a una ambulancia. Según relató su hermana, fue trasladado en un vehículo de la propia prisión y llegó sin vida al hospital.
Pero lo más grave es que el caso no se queda en el dolor de una familia. Según informaciones publicadas, el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas habría detectado posibles incongruencias en la historia clínica y en el traslado del interno, llegando a plantear varias preguntas al servicio sanitario de la prisión. Si esto se confirma, no estaríamos ante un simple fallo aislado, sino ante un posible síntoma de descontrol interno en un centro donde la vida de las personas depende directamente de los protocolos que dirige y supervisa su equipo gestor.
La responsabilidad no puede diluirse eternamente en Madrid, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o en el debate sobre la transferencia sanitaria a las comunidades autónomas. Es cierto que la sanidad penitenciaria arrastra un problema estructural gravísimo, y que en Canarias lleva años pendiente su integración plena en el sistema autonómico de salud. También se ha publicado que Las Palmas II cuenta con una situación sanitaria extremadamente precaria, con solo una plaza médica cubierta, la de subdirector médico, y consultas realizadas incluso por telemedicina, según fuentes sindicales de Tu Abandono Me Puede Matar citadas por prensa.
Pero precisamente por eso, la dirección del centro no puede esconderse detrás del problema estructural. Cuando un centro penitenciario acumula denuncias, muertes, falta de medios y familias reclamando explicaciones, la pregunta es inevitable: ¿qué está haciendo Jorge Garlito García para garantizar que los internos bajo su custodia reciban una atención sanitaria digna?
Las personas privadas de libertad no pierden su derecho a la vida, a la salud ni a la dignidad. El Estado las encierra, pero también asume la obligación de protegerlas. Y en esa cadena de custodia, la dirección del centro ocupa un lugar clave. No basta con decir que faltan médicos. No basta con trasladar la responsabilidad a la Secretaría General. No basta con culpar a una transferencia sanitaria que nunca llega. Mientras esa transferencia no se produce, alguien dirige el centro, alguien organiza los recursos, alguien activa —o no activa— los protocolos, y alguien debe responder cuando se repiten los fallos.
Fuentes penitenciarias y sindicales, entre ellas colectivos como Tu Abandono Me Puede Matar, llevan tiempo alertando del deterioro del sistema penitenciario y de las consecuencias de la falta de medios humanos y sanitarios. Sin embargo, la denuncia que ahora toma fuerza va más allá: no se trata solo de falta de recursos, sino de cómo se gestionan los recursos existentes y de si la dirección de Las Palmas II está actuando con la diligencia que exige un centro donde cualquier demora puede costar una vida.
Por eso, las familias no solo piden explicaciones genéricas. Reclaman responsabilidades concretas. Y en Las Palmas II, esa responsabilidad tiene nombre y cargo: Jorge Garlito García, director del centro penitenciario.
No se puede normalizar que internos enfermos pidan ayuda durante días o semanas y acaben muertos. No se puede aceptar que una prisión funcione como un agujero negro administrativo donde las familias reciben explicaciones tarde, mal o nunca. Y no se puede permitir que la falta de médicos sirva como excusa permanente para justificar una gestión que, a la vista de las denuncias, parece cada vez más cuestionada.
La pregunta ya no es solo cuántos internos han muerto. La pregunta es mucho más dura:
¿Cuántas señales más necesita la Administración para intervenir la gestión de Las Palmas II?
Porque si los fallecimientos se acumulan, si las familias denuncian abandono, si los sindicatos alertan del colapso y si los informes médicos plantean dudas, mirar hacia otro lado deja de ser una omisión. Empieza a parecer una forma de complicidad institucional.
Y mientras tanto, dentro de los muros de Las Palmas II, quienes no tienen libertad tampoco pueden permitirse perder lo último que les queda: el derecho a seguir vivos.
Funcionario de Prisiones
