Aquí hay algo que la gente de la calle entiende perfectamente, aunque a veces algunos despachos parezcan olvidarlo: no basta con repartir dinero público y esperar que todo salga bien. Hay que vigilar a quién se le entrega, cómo se usa y qué se está haciendo realmente con él.
Y eso es justamente lo que vuelve a poner sobre la mesa el caso Quórum Social 77.
Cuando se habla de entidades que reciben fondos para atender a menores, no se está hablando de cualquier cosa. Se está hablando de niños y adolescentes que están en una situación de enorme vulnerabilidad. De chicos que necesitan protección real. De personas que dependen totalmente de que el sistema funcione. Por eso cualquier investigación, denuncia o intervención relacionada con estos recursos debería hacer saltar todas las alarmas.
No se trata de acusar a nadie antes de tiempo. La Justicia tendrá que hacer su trabajo. Pero mientras tanto, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si las administraciones han estado haciendo todo lo que debían hacer. Porque cuando hay dinero público de por medio, y más aún cuando ese dinero va destinado al cuidado de menores, la exigencia tiene que ser máxima.
Muchos vecinos se preguntan algo muy sencillo: ¿quién supervisa de verdad estas ayudas y contratos? ¿Quién entra en los centros, habla con los menores, escucha a los trabajadores y comprueba lo que está pasando más allá de los papeles? Porque una memoria bonita y un expediente en regla no siempre cuentan la verdad completa.
Lo preocupante es que demasiadas veces parece que las instituciones reaccionan cuando el problema ya estalló. Y no debería ser así. Su obligación es prevenir, controlar y corregir antes de que el daño sea mayor.
En nuestras islas hay colectivos pequeños, asociaciones de barrio, grupos culturales y proyectos sociales que para conseguir una ayuda tienen que justificar hasta el último céntimo. Y eso está bien. Tiene que ser así. Por eso mismo, con más razón aún hay que ser estrictos cuando las cantidades son mayores y la responsabilidad humana es infinitamente más delicada.
No se puede jugar con esto. No se puede banalizar. Y tampoco se puede dejar que todo quede en titulares durante unos días para luego seguir como si nada.
Aquí la cuestión de fondo es muy clara: las ayudas públicas no pueden convertirse en cheques de confianza ciega. Quien recibe dinero para trabajar con personas vulnerables tiene que estar sometido a una vigilancia real. Y si se demuestra que ha fallado, debe responder.
Porque el dinero público no es de ningún gobierno ni de ninguna entidad. Es de la gente.
Y cuando ese dinero es para cuidar a un niño, la obligación de controlarlo no es solo administrativa. Es moral.
José Vidal Bolaños Betancort, escritor y comunicador
