El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, rechazó ayer las denuncias del Partido Popular (PP) sobre la existencia de una trama de clientelismo político en las subvenciones del gobierno insular a la Federación de Asociaciones Unidas por la Defensa de los Animales (Fauda), al tiempo que defendió las actuaciones de los concejales de Nueva Canarias (NC) acusados por los populares de beneficiarse de las campañas de esterilización de perros y gatos.
En respuesta a las críticas lanzadas el lunes por Marco Aurelio Pérez, portavoz del PP, Morales negó que existan irregularidades en esas subvenciones del Cabildo y, a su vez, acusó al principal grupo de la oposición de practicar una política “abyecta, vil y repugnante” para intentar desviar el foco de sus casos de corrupción a nivel nacional. “El PP viene de las cloacas y piensa que aventado el estiércol nos llena de podredumbre a todos y disimula la suya”, declaró el presidente del Cabildo durante su comparecencia para anunciar el acuerdo sobre los Honores y Distinciones de 2021.
Morales mostró su malestar por las acusaciones contra Aurora Saavedra, concejala de Telde y secretaria de Fauda, y Agustín Pérez Mateo, edil de Gáldar y veterinario, ambos de NC, así como al hijo de un histórico dirigente político de Agüimes que regenta una clínica veterinaria en el Cruce de Arinaga. “Nos parece lamentable y indignante que se cite de manera específica y se pretenda dañar a tres personas de todo este colectivo”, apuntó.
Gracias a esas personas y la veintena de centros veterinarios que participaron en la campaña de 2019, declaró Morales, se pudieron esterilizar 1.638 animales. “Desde luego, a las clínicas veterinarias no se les pidió su afiliación, sus relaciones o ideologías política; el Colegio de Veterinarios abrió la posibilidad a todos los profesionales, pero en una política abyecta y miserable se señala a un veterinario de Gáldar, un profesional independiente, que no pertenecía a ningún grupo político y que posteriormente concurrió en las listas de BNR-NC, pero que actuó como veterinario”, recalcó Morales.
El presidente también exculpó al veterinario de la clínica de Agüimes -“no sabía no que participaba en ese proyecto”- y respecto al de Agaete, del que el PP dijo que ha cobrado 34.000 euros por 66 intervenciones, aseguró que “son datos equivocados, como intentando generar dudas sobre su actuación, cuando en realidad fueron 363 intervenciones de las 1.638 totales”.
“Si se suman estos tres centros señalados por el PP de manera específica no llegan a los 50.000 euros de un presupuesto de 150.000 euros”, insistió.
Aportaciones
Respecto a la edil teldense Aurora Saavedra, en cuya vivienda particular, según el PP, coinciden los domicilios sociales de Fauda, de la asociación Aurican y una tienda de productos para animales, Morales dijo que no era concejala en el anterior mandato, sino secretaria de Fauda, y “para más inri, en el año 2020 esa federación ha visto reducida su aportación en 100.000 euros, pues solo percibe 50.000 euros en estos momentos”.
Las subvenciones a Fauda, explicó, son para reducir el abandono y están ligadas fundamentalmente a la esterilización de animales de familias en peligro de exclusión social, colonias no registradas y núcleos descontrolados de perros y gatos, tanto urbanos como rurales.
“En aquella ocasión -precisó Morales- se consideró que era un instrumento mucho más ágil la propuesta de generar recursos a través de una federación, Fauda, que representa a un treintena de organizaciones animalistas, y se puso en marcha junto al Colegio de Veterinarios y los ayuntamientos.
A su juicio, los veterinarios, colectivos animalistas y empresas que han participado en la campaña lo han hecho de forma “casi altruista”, con precios por debajo de lo habitual, por lo que “no han hecho ningún negocio”.
La Provincia-Dlp
