El presidente de Nueva Canarias en Telde cuestionó en El Pulso el control del contrato de basura y limpieza, valorado en nueve millones de euros al año, y dejó en el aire una pregunta incómoda: si se paga cada mes, ¿quién comprueba que lo certificado se cumple?
El presidente y portavoz de Nueva Canarias en Telde, José Luis Macías, puso sobre la mesa en el programa El Pulso, que se emite en la Radio Digital de Onda Guanche y presenta Juan Santana Hernández, una de las cuestiones más sensibles de la gestión municipal: el contrato del servicio de basura y limpieza, sus facturas mensuales y la fiscalización real de los trabajos que se certifican.
Macías no se limitó a criticar que Telde esté sucia. Fue más allá. El dirigente nacionalista cuestionó abiertamente quién controla, quién revisa y quién comprueba que lo que se paga todos los meses por el servicio de limpieza se corresponde realmente con lo que se hace en las calles, barrios y espacios públicos del municipio.
Durante la entrevista, Macías recordó que el contrato de limpieza fue actualizado, que cuenta con más recursos, más maquinaria, más medios y más personal, pero afirmó que esa mejora económica y material no se está traduciendo en una ciudad más limpia. A su juicio, basta con salir a la calle, visitar los barrios y escuchar a los vecinos para comprobar que hay zonas donde la basura permanece durante días, puntos de contenedores abandonados y espacios que, según dijo, parecen olvidados durante meses.
El portavoz de NC fue especialmente crítico con la imagen del Ayuntamiento recibiendo reconocimientos como la llamada “Escoba de Platino”, mientras la realidad que denuncian muchos vecinos es otra. Para Macías, el verdadero premio no está en una foto institucional ni en una distinción, sino en que los barrios estén limpios, que los vecinos no se quejen y que Telde no huela mal.
Pero la parte más delicada de su intervención llegó cuando habló de las facturas del servicio. Macías explicó que Nueva Canarias lleva meses preguntando sin obtener una respuesta clara: quién fiscaliza el contrato de la basura y la limpieza de la ciudad.
El dirigente nacionalista recordó que se trata de un contrato de aproximadamente nueve millones de euros al año, lo que supone alrededor de 750.000 euros mensuales. A partir de ahí lanzó la pregunta clave: si todos los meses se certifican servicios y se tramitan facturas, ¿quién verifica que esos servicios se han prestado realmente en la calle?
Macías señaló que en el pleno municipal la respuesta recibida fue que la jefatura de servicio firma la factura. Sin embargo, consideró que esa contestación no resuelve el fondo del problema. Según explicó, que una factura tenga que ser firmada para poder seguir su tramitación administrativa es algo evidente. Lo que Nueva Canarias quiere saber es otra cosa: quién comprueba materialmente que el servicio incluido en la certificación mensual se ha realizado de verdad.
El presidente de NC insistió en varias preguntas que quedaron flotando en el aire: quién fiscaliza que la limpieza certificada se haya hecho, quién comprueba que el personal que figura en la certificación está trabajando efectivamente, quién verifica que donde debían estar veinte operarios no hay solo diez, y quién controla que la empresa cumple exactamente con lo que cobra.
Macías también mencionó la figura de la dirección del contrato, una responsabilidad clave en contratos públicos de esta envergadura. Sin embargo, dejó entrever que no está claro dónde está esa figura, quién la ejerce o cómo se está realizando ese control. “Nos genera dudas”, vino a decir, señalando además que llevan meses preguntando y que, según su versión, la respuesta se ha venido esquivando.
La insinuación política de Macías fue evidente, aunque no formuló una acusación directa de irregularidad. Su planteamiento fue que existe una sombra de duda sobre el control efectivo del contrato: no basta con pagar facturas, no basta con firmarlas, no basta con tramitar certificaciones. Lo importante, sostuvo, es saber si el dinero público que sale cada mes de las arcas municipales se corresponde con un servicio real, completo y correctamente prestado.
El dirigente de Nueva Canarias comparó esta situación con otros casos en los que se firmaban facturas sin que quedara claro si el servicio se prestaba tal y como se decía. Su mensaje fue claro: en una administración pública no puede haber zonas oscuras cuando se manejan cantidades tan importantes de dinero de los vecinos.
Macías quiso presentar su crítica como una cuestión de responsabilidad fiscal, no como demagogia. De hecho, explicó que mira la ciudad como miraría su propio bolsillo. Si un ciudadano paga por un servicio de limpieza, lo lógico es que ese servicio se preste. Y si se paga por un número determinado de trabajos, medios o efectivos, lo mínimo es comprobar que se cumplen.
“Si a mí me dicen que limpiar un espacio cuesta 25 euros, pago 25. Lo que no me gustaría es que me cobraran 40 o, peor aún, que me cobraran 40 sin prestar el servicio contratado”, vino a resumir Macías durante su intervención.
Esa reflexión trasladada al Ayuntamiento tiene una carga política importante. Para Macías, no se trata solo de que Telde esté más o menos limpia. Se trata de si el gobierno municipal está ejerciendo el control que debe ejercer sobre un contrato millonario. Se trata de saber si los vecinos están pagando por un servicio que reciben en las condiciones pactadas o si, por el contrario, existe una distancia preocupante entre lo que se factura y lo que se ve en la calle.
El presidente de NC recordó que la limpieza es un servicio básico para la ciudad y que la falta de control, si existiera, tendría consecuencias directas en la calidad de vida de los vecinos. Por eso insistió en que el Ayuntamiento debe explicar con claridad quién fiscaliza el contrato, cómo se certifican los trabajos, qué controles se hacen y qué garantías existen de que cada euro público pagado responde a un servicio efectivamente prestado.
En definitiva, José Luis Macías dejó en El Pulso una denuncia política de alto voltaje: Telde paga cada mes una cantidad muy importante por la limpieza, pero la ciudad sigue acumulando quejas vecinales, suciedad en los barrios y dudas sobre el control de las facturas. No acusó directamente de delito, pero sí insinuó que el gobierno municipal no ha despejado una pregunta fundamental: ¿quién vigila al que cobra por limpiar Telde?
Y esa pregunta, en un contrato de nueve millones de euros al año, no es menor. Es una cuestión de transparencia, de gestión, de control público y de respeto al bolsillo de los ciudadanos.
