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EL CASO DE LOS VERTIDOS EN TELDE ALCANZA DIMENSIÓN REGIONAL TRAS ENVIAR LA FISCALÍA LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO POR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL EMISARIO 222 DE SILVA

La investigación judicial deberá aclarar si las irregularidades detectadas en la EDAR de Silva y el emisario 222 pudieron estar relacionadas con la contaminación que afectó al litoral sureste de Gran Canaria.

El caso de los vertidos contaminantes en la costa de Telde adquiere ya una clara repercusión regional después de que la Fiscalía de Medio Ambiente haya remitido a los juzgados las diligencias abiertas tras la crisis ambiental registrada en octubre de 2025, un episodio que provocó el cierre preventivo de 17 playas del litoral sureste de Gran Canaria y encendió todas las alarmas sobre la gestión de las aguas residuales, la protección del litoral y el modelo de control medioambiental en Canarias.

La investigación, iniciada a raíz de la mortandad de peces detectada en las jaulas marinas de Aquanaria, se centrará ahora en sede judicial en determinar si los vertidos procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Silva y su emisario 222 pudieron estar vinculados al impacto ambiental detectado en el medio marino.

Según la información trasladada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, las diligencias practicadas han revelado la existencia de “numerosas irregularidades” en la gestión de la EDAR de Silva. Esta circunstancia llevó al Ministerio Fiscal a ordenar, el pasado 25 de mayo, la toma de muestras en la depuradora y su remisión al Instituto de Ciencias Forenses para la elaboración de una pericial analítica de impacto medioambiental.

El objetivo de esa prueba será determinar si los vertidos al mar a través del emisario 222 pudieran constituir un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La pericial continúa en fase de elaboración y será remitida al juzgado competente una vez esté concluida.

La trascendencia del caso supera el ámbito estrictamente municipal, ya que lo ocurrido en Telde pone sobre la mesa un debate de alcance insular y regional, el estado real de las infraestructuras hidráulicas, la vigilancia sobre los vertidos al mar, la seguridad ambiental de las zonas de baño y la capacidad de las administraciones para prevenir episodios de contaminación en un territorio especialmente dependiente de su costa.

El procedimiento tiene su origen en la crisis registrada en octubre de 2025, cuando Aquanaria detectó una mortandad de peces en su concesión acuícola frente al litoral teldense. Aquel episodio desembocó en el cierre preventivo de 17 playas del sureste grancanario, afectando a núcleos costeros de gran valor social, turístico y ambiental.

La presencia de restos vinculados a la mortandad de peces y la extensión del episodio a distintos puntos del litoral elevaron la preocupación vecinal y política, especialmente en una zona donde las jaulas marinas situadas frente a Melenara y Salinetas ya venían generando rechazo por su proximidad a áreas de baño.

El traslado del caso al juzgado se produce después de que la empresa titular de la concesión acuícola presentara una denuncia por los mismos hechos ante los juzgados de Telde. Por este motivo, la Fiscalía ha acordado el archivo de sus diligencias propias y su remisión a la sección de Instrucción competente, conforme a lo previsto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No obstante, la Fiscalía de Medio Ambiente seguirá personada en el procedimiento y podrá proponer nuevas diligencias para esclarecer el origen de los vertidos, su posible relación con la EDAR de Silva y el emisario 222, así como el alcance de los daños ambientales ocasionados.

La investigación judicial deberá aclarar ahora si existieron vertidos contaminantes, cuál fue su procedencia, qué papel pudieron desempeñar la depuradora y el emisario submarino, y si los hechos investigados tienen relevancia penal.

Mientras tanto, el caso se consolida como uno de los episodios medioambientales más relevantes de los últimos años en Gran Canaria, no solo por su impacto sobre la costa de Telde, sino por las implicaciones que puede tener para el conjunto de Canarias en materia de control de vertidos, saneamiento, responsabilidad administrativa y defensa del medio marino.

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