Los vertidos al mar en Telde cumplen casi diez años sin que ninguna administración de Canarias haya logrado frenarlos. El emisario 222 descarga aguas residuales urbanas e industriales a 446 metros del puerto de Salinetas, en Gran Canaria, sin la depuración que exige la normativa.
Un emisario con licencia urbana y caudal industrial
La autorización del conducto data de 2007 y solo permitía evacuar aguas urbanas de la depuradora de Ojos de Garza. En 2017, el Gobierno de Canarias detectó que por el mismo tubo salían los residuos de los polígonos de El Goro y Salinetas, tratados antes en la depuradora de Silva. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (el organismo autonómico que vigila el litoral) abrió entonces un procedimiento para revocar el vertido. El consistorio pidió conservarlo.
El Ayuntamiento de Telde solicitó ampliar la licencia a esas aguas y a las del Aeropuerto de Gando, con carácter “transitorio” hasta la entrada en servicio de la EDAR Telde-Sur. AENA había firmado un acuerdo para financiar esa planta, valorada en 3,2 millones de euros, prevista para 2025. Sigue sin operar.
Un expediente de más de 300 documentos retrata una instalación desbordada. Una medición de 2019 cifró en 46.252 habitantes-equivalentes (la unidad que mide la carga contaminante que una depuradora puede asumir) el caudal que llegaba a Silva, frente a los 4.583 para los que fue diseñada: más de diez veces su capacidad. En 2023 la cifra bajó a 11.437, aún muy por encima del umbral.
El tratamiento físico-químico apenas reduce un 15% la demanda química de oxígeno. En cambio, eleva un 36% la demanda biológica y un 12,6% los sólidos en suspensión. Los límites de emisión permitidos se superan en un 1.484%, un 4.000% y un 1.483%, según los informes de la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo autonómico.
La Fiscalía ya instruye y Toxicología mide el daño
La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas remitió a principios de julio sus pesquisas a los juzgados de Telde. El Ministerio Público apreció “numerosas irregularidades” en la gestión de la depuradora de Silva y espera los resultados de una toma de muestras encargada al Instituto Nacional de Toxicología para determinar si hay delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Los expertos consultados no relativizan el alcance. Jaime Sadhwani, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, describe la zona como “un punto negro”. Julio Muñiz, químico ambiental, recuerda que la planta carece del tratamiento biológico obligatorio a partir de 10.000 habitantes-equivalentes.
El episodio más visible llegó en 2025, con la muerte de 2.500 toneladas de lubinas de acuicultura de Aquanaria. La boca del emisario queda a menos de medio kilómetro de una de sus piscifactorías, Melenara II, y la playa de Salinetas permaneció cerrada a finales de ese año.
Ni el Ayuntamiento de Telde, que preside Juan Antonio Peña, ni el Ejecutivo autonómico han respondido a las preguntas planteadas. El consistorio invoca la confidencialidad del expediente; el Gobierno de Canarias archivó el procedimiento en 2024 al concluir que era “imposible” integrar las aguas de Silva en la autorización del emisario.
Faltaban papeles por todas partes: el volumen anual del vertido, las analíticas del efluente, el plan de mantenimiento. Y faltaba lo más incómodo: qué industrias generan aguas “no asimilables a urbanas”, y qué control ejerce el ayuntamiento sobre ellas, como exige la normativa estatal de vertidos desde hace tres décadas.
El Pulso Territorial
Canarias vive este caso con el calendario electoral a la vuelta de la esquina. El Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo afronta el último tramo de la legislatura antes de los comicios autonómicos de la primavera de 2027, en los que también se renuevan los ayuntamientos.
El Ejecutivo, sostenido por Coalición Canaria y el PP, y el consistorio teldense llevan años cruzándose responsabilidades sobre el emisario. En el archipiélago hay 403 puntos de vertido al mar registrados y solo 187 cuentan con autorización.
La mortandad de lubinas de 2025, con Salinetas cerrada, fue el precedente más visible de lo que ocurre cuando ese goteo se acumula durante años. Lo que viene depende ahora de dos relojes: el judicial, con el Juzgado de Telde a la espera de Toxicología, y el administrativo, con la EDAR Telde-Sur sin fecha firme. Mientras ambos avanzan, el emisario 222 continúa vertiendo.
