Aquí hay algo que la gente de la calle entiende perfectamente, aunque a veces algunos despachos parezcan olvidarlo: no basta con repartir dinero público y esperar que todo salga bien. Hay que vigilar a quién se le entrega, cómo se usa y qué se está haciendo realmente con él.
Y eso es justamente lo que vuelve a poner sobre la mesa el caso Quórum Social 77.
Cuando se habla de entidades que reciben fondos para atender a menores, no se está hablando de cualquier cosa. Se está hablando de niños y adolescentes que están en una situación de enorme vulnerabilidad. De chicos que necesitan protección real. De personas que dependen totalmente de que el sistema funcione. Por eso cualquier investigación, denuncia o intervención relacionada con estos recursos debería hacer saltar todas las alarmas.
No se trata de acusar a nadie antes de tiempo. La Justicia tendrá que hacer su trabajo. Pero mientras tanto, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si las administraciones han estado haciendo todo lo que debían hacer. Porque cuando hay dinero público de por medio, y más aún cuando ese dinero va destinado al cuidado de menores, la exigencia tiene que ser máxima.
Muchos vecinos se preguntan algo muy sencillo: ¿quién supervisa de verdad estas ayudas y contratos? ¿Quién entra en los centros, habla con los menores, escucha a los trabajadores y comprueba lo que está pasando más allá de los papeles? Porque una memoria bonita y un expediente en regla no siempre cuentan la verdad completa.
Lo preocupante es que demasiadas veces parece que las instituciones reaccionan cuando el problema ya estalló. Y no debería ser así. Su obligación es prevenir, controlar y corregir antes de que el daño sea mayor.
En nuestras islas hay colectivos pequeños, asociaciones de barrio, grupos culturales y proyectos sociales que para conseguir una ayuda tienen que justificar hasta el último céntimo. Y eso está bien. Tiene que ser así. Por eso mismo, con más razón aún hay que ser estrictos cuando las cantidades son mayores y la responsabilidad humana es infinitamente más delicada.
No se puede jugar con esto. No se puede banalizar. Y tampoco se puede dejar que todo quede en titulares durante unos días para luego seguir como si nada.
Aquí la cuestión de fondo es muy clara: las ayudas públicas no pueden convertirse en cheques de confianza ciega. Quien recibe dinero para trabajar con personas vulnerables tiene que estar sometido a una vigilancia real. Y si se demuestra que ha fallado, debe responder.
Porque el dinero público no es de ningún gobierno ni de ninguna entidad. Es de la gente.
Y cuando ese dinero es para cuidar a un niño, la obligación de controlarlo no es solo administrativa. Es moral.
José Vidal Bolaños Betancort, escritor y comunicador
Un comentario
sigan dando ayudas ,pa cigarros buenos móviles,,y muchos coches de marcas ,y de trabajar es para gente de estudios jajaja jajajaja jajaja ni un duro le doy yo ,a trabajar como todo hijo de vecino coño ya está bien de mantener a gandules