El problema de la vivienda en Canarias hace tiempo que dejó de ser una conversación sobre pisos, alquileres o hipotecas. Estamos hablando de algo mucho más profundo: de la posibilidad de continuar viviendo en nuestra propia tierra.
Las calles de Las Palmas de Gran Canaria volvieron a recordarlo este sábado. Miles de personas participaron en una manifestación convocada para reclamar una vivienda digna y asequible. La movilización partió desde la Plaza de la Feria y recorrió el centro de la capital grancanaria hasta las proximidades de la sede del Gobierno de Canarias. No fue una protesta aislada. También hubo movilizaciones en Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, dentro de una jornada estatal que llevó la reivindicación por la vivienda a numerosas ciudades españolas.
Pero contemplar lo ocurrido únicamente como una manifestación más sería quedarse en la superficie.
Porque detrás de aquellas pancartas caminaba una realidad que cada día reconocemos con mayor facilidad en Canarias.
La del joven que trabaja pero continúa viviendo con sus padres porque no puede asumir ochocientos, novecientos o más euros de alquiler. La de la pareja que quiere iniciar un proyecto de vida y descubre que conseguir una vivienda se convierte prácticamente en una segunda oposición. La de quien lleva décadas viviendo en un barrio y teme que el siguiente contrato de alquiler le obligue a abandonarlo. La de familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos simplemente a conservar cuatro paredes y un techo.
Hay algo especialmente doloroso cuando una persona comienza a sentirse extranjera económicamente en el lugar donde nació.
Canarias tiene unas características territoriales que hacen que cualquier debate sobre la vivienda tenga aquí una dimensión particular. Somos islas, tenemos un territorio limitado y no podemos analizar el crecimiento urbano, residencial, turístico y poblacional como si dispusiéramos de suelo infinito.
Por eso la pregunta no puede limitarse a cuánto cuesta hoy un apartamento.
La pregunta es qué modelo de territorio queremos construir para dentro de diez, veinte o treinta años.
Durante la manifestación se escucharon reivindicaciones que llevan tiempo repitiéndose en las calles: que la vivienda vuelva a entenderse fundamentalmente como un derecho, que existan alquileres asumibles, que aumente el parque público y que las administraciones adopten medidas frente a situaciones de vulnerabilidad y pérdida de vivienda.
Una de las pancartas resumía buena parte de ese malestar con pocas palabras: «Ni casas sin gente ni gente sin casas». Otra insistía en la idea que ha vertebrado estas movilizaciones: la vivienda debe ser un derecho y no únicamente una oportunidad de negocio.
Se puede discutir sobre las medidas concretas. Se debe hacer.
Habrá quienes defiendan incrementar la construcción. Otros reclamarán una regulación más intensa del mercado del alquiler. Se debatirá sobre vivienda pública, zonas tensionadas, alquiler vacacional, grandes propietarios, suelo disponible, fiscalidad o seguridad jurídica.
Todo eso forma parte de un debate democrático imprescindible.
Lo que resulta mucho más difícil discutir es la existencia del problema.
Cuando una persona con empleo no consigue emanciparse; cuando una familia debe abandonar el municipio en el que siempre ha vivido porque no puede asumir los nuevos precios; cuando encontrar un alquiler se convierte en una competición en la que cada anuncio recibe decenas de llamadas, algo está ocurriendo.
Y no afecta solamente a quienes tienen menos recursos.
La crisis habitacional está ampliando sus fronteras.
Ha entrado en hogares de trabajadores con nóminas estables. Ha retrasado la emancipación juvenil. Ha modificado proyectos familiares. Ha empujado a personas a desplazarse cada vez más lejos de su lugar de trabajo. Y ha conseguido que muchas conversaciones familiares comiencen con una frase que hace pocos años parecía excepcional: «No encontramos dónde vivir».
En Canarias, además, existe una palabra que debería estar siempre presente en este debate: arraigo.
Una vivienda no es solamente una construcción.
Es poder continuar cerca de tus padres cuando envejecen. Es que tus hijos permanezcan en el colegio donde han crecido. Es conocer a quien vive en la puerta de al lado. Es comprar en el comercio de tu barrio. Es pertenecer a una asociación, a un club deportivo, a una agrupación cultural. Es construir comunidad.
Cuando expulsamos económicamente a las personas de los lugares donde han desarrollado su vida, también estamos transformando nuestros pueblos y ciudades.
Por eso la manifestación celebrada en Las Palmas de Gran Canaria no debería medirse exclusivamente contando participantes.
Su verdadera dimensión está en las preguntas que deja detrás.
¿Podrá un joven canario construir su vida aquí?
¿Podrá una familia trabajadora afrontar un alquiler sin dedicarle la mayor parte de sus ingresos?
¿Podrán nuestros barrios seguir siendo lugares donde se vive y no solamente espacios con un determinado valor de mercado?
¿Seremos capaces de equilibrar actividad económica, propiedad privada, turismo y derecho residencial?
La respuesta no puede proceder de una única administración ni de una sola medida. Estado, Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos poseen responsabilidades y competencias diferentes, pero el ciudadano que busca una vivienda no entiende de fronteras administrativas.
Entiende de precios.
Entiende de nóminas.
Y entiende que llega final de mes.
Las tiendas de campaña levantadas durante los últimos días en la Plaza de la Feria terminarán desapareciendo. Derecho al Techo anunció este domingo que levantaba la acampada después de seis días, mientras señalaba que continuará trabajando, entre otras cuestiones, ante procedimientos de desahucio pendientes.
La plaza recuperará su imagen habitual.
Pero sería un error pensar que con las tiendas se marcha también el problema.
Porque el verdadero campamento está en cientos de hogares donde cada mes se hacen cuentas.
Está en las habitaciones de quienes quisieran independizarse y todavía no pueden.
Está en quienes actualizan una página de alquiler esperando encontrar algo que puedan pagar.
Y está en una pregunta que Canarias tendrá que responder antes o después:
¿De qué sirve construir unas islas atractivas para todo el mundo si llega un día en que quienes viven en ellas no pueden permitirse seguir llamándolas hogar?
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
