El Ministerio Público acusa en Tenerife a cuatro alcaldes y exalcaldes de prevaricación por omisión y delito medioambiental. En Telde, la Justicia investiga las “numerosas irregularidades” detectadas en la EDAR de Silva y trata de determinar si los vertidos al mar a través del emisario municipal 222 pudieron constituir un delito. El caso de Güímar demuestra hasta dónde puede llegar judicialmente la supuesta inacción de una administración ante un problema de contaminación conocido durante años.
Lo ocurrido en el polígono industrial de Güímar debería servir de seria advertencia para Telde. Dos escenarios separados por el mar y con procedimientos judiciales en fases muy diferentes, pero unidos por una cuestión que puede resultar determinante: qué conocían las administraciones responsables sobre los vertidos, qué obligación tenían de actuar y qué hicieron después de recibir las advertencias.
La Fiscalía acaba de solicitar cuatro años de prisión y trece años de inhabilitación para dos alcaldesas y dos exalcaldes de Tenerife por los vertidos procedentes del polígono industrial de Güímar. El Ministerio Público les atribuye presuntos delitos de prevaricación por omisión y contra los recursos naturales y el medio ambiente. No se trata de una condena —que únicamente podrá dictar un tribunal—, pero sí de un escrito de acusación que coloca a cuatro responsables municipales ante la posibilidad de afrontar importantes penas.
Según la acusación fiscal, los responsables municipales se habrían abstenido, de manera deliberada y sin justificación, de adoptar actuaciones que estaban obligados a ejecutar sobre las instalaciones de evacuación, tratamiento, control y legalización de las aguas residuales. Para la Fiscalía, aquella presunta omisión permitió que continuaran durante años vertidos incontrolados procedentes del mayor polígono industrial de Tenerife y de distintas urbanizaciones.
TELDE TODAVÍA NO ESTÁ EN ESE ESCENARIO, PERO EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL YA ESTÁ ABIERTO
La situación jurídica de Telde es, a día de hoy, diferente y conviene subrayarlo con absoluta claridad: no consta que la Fiscalía haya formulado una acusación contra el alcalde Juan Antonio Peña por este asunto ni puede afirmarse que sea penalmente responsable de los vertidos.
Pero tampoco puede ignorarse que el caso ha dejado atrás el terreno exclusivamente político y mediático.
La Fiscalía de Medio Ambiente remitió a los Juzgados de Telde las diligencias abiertas después de la grave crisis ambiental registrada en octubre de 2025, que terminó provocando el cierre preventivo de 17 playas del sureste de Gran Canaria. El propio Ministerio Público comunicó que su investigación había revelado “numerosas irregularidades” en la gestión de la EDAR de Silva.
La Fiscalía ordenó además el 25 de mayo de 2026 la toma de muestras en la depuradora para que el Instituto de Ciencias Forenses realizara una pericial analítica de impacto ambiental. El objetivo es particularmente relevante: determinar si los vertidos al mar a través del emisario submarino 222 pueden constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Por tanto, la pregunta fundamental que ahora deberá resolver la Justicia no es una cuestión de opiniones políticas: habrá que determinar qué salió realmente de esas instalaciones, qué impacto tuvo en el medio marino, si existieron incumplimientos y, en caso afirmativo, quién conocía la situación, quién tenía capacidad y obligación de actuar y qué decisiones se adoptaron.
EL EMISARIO 222 Y LAS ADVERTENCIAS AL AYUNTAMIENTO
Aquí es donde la comparación con Güímar comienza a adquirir especial relevancia.
ONDAGUANCHE viene publicando desde finales de 2025 abundante documentación relacionada con el emisario submarino 222, de titularidad municipal y gestionado dentro del sistema de aguas de Telde.
Entre esa documentación figuran 21 escritos registrados electrónicamente por Aquanaria ante el Ayuntamiento, según la información examinada y publicada por este medio. La primera comunicación data del 9 de octubre de 2025 y alertaba de la detección de un vertido anómalo, de apariencia blanquecina y olor químico. Durante los días posteriores se sucedieron nuevas comunicaciones sobre la persistencia del fenómeno, las afecciones sobre los peces y la petición de inspecciones y medidas urgentes.
La existencia de esos escritos no demuestra por sí sola ninguna responsabilidad penal. Pero puede convertirse en un elemento importante para reconstruir qué información llegó al Ayuntamiento, cuándo llegó y cuál fue la respuesta administrativa, cuestiones que precisamente resultan esenciales cuando se investiga una eventual responsabilidad por omisión.
Juan Antonio Peña ocupa además la Alcaldía durante el periodo investigado y ha ejercido la Presidencia del Consejo de Administración de Aguas de Telde, circunstancia por la que la oposición municipal le ha reclamado públicamente explicaciones sobre la gestión de las depuradoras y el emisario.
ANÁLISIS EN LA BOCA DEL EMISARIO
A las comunicaciones administrativas se sumaron posteriormente los análisis encargados por Aquanaria a laboratorios acreditados por ENAC.
Según los resultados publicados por ONDAGUANCHE, las muestras recogidas por buzos en el punto donde el vertido del emisario 222 entra en contacto con el mar detectaron pH ácido, baja concentración de oxígeno, elevada carga bacteriana de origen fecal y presencia de diferentes sustancias químicas, entre ellas sulfuros, compuestos amoniacales, fósforo, fenoles, detergentes y metales.
En aquellas muestras, la concentración de Escherichia coli alcanzaba valores que, según el informe difundido por la empresa, multiplicaban por 500 los establecidos en la normativa de aguas de baño.
Es importante precisar que esos análisis fueron promovidos por Aquanaria y que será la investigación judicial y la pericial forense encargada por la Fiscalía la que deberá determinar su alcance probatorio y su relación, o no, con la crisis ambiental de octubre.
PEÑA DEFENDIÓ QUE LOS ANÁLISIS MUNICIPALES NO DETECTARON EL VERTIDO
Juan Antonio Peña sostuvo públicamente que los análisis realizados por el Ayuntamiento los días 15 y 16 de octubre de 2025 no detectaron contaminación química y defendió que eran los resultados contrastados disponibles en aquel momento. El Consistorio rechazaba así que estuviera acreditado que el emisario municipal hubiera originado la crisis.
Aquanaria respondió que las muestras municipales se habían tomado muchos días después del episodio que la empresa situaba a comienzos de octubre y argumentó que el supuesto vertido ya se habría diluido.
Meses después apareció un elemento nuevo y de especial importancia: la Fiscalía comunicó oficialmente que sus diligencias habían descubierto numerosas irregularidades en la gestión de la EDAR de Silva y decidió encargar la pericial forense que determinará si los vertidos realizados mediante el emisario 222 pueden tener relevancia penal.
GÜÍMAR DEMUESTRA QUE LA OMISIÓN TAMBIÉN PUEDE TERMINAR EN EL BANQUILLO
Ahí está precisamente la principal enseñanza del caso tinerfeño.
En Güímar la acusación no se limita a sostener que determinados dirigentes ordenaron efectuar vertidos. Lo que la Fiscalía les reprocha es también la presunta omisión de las actuaciones que estaban obligados a desarrollar para controlar, mantener, tratar y legalizar las instalaciones responsables de las descargas.
El Ministerio Público considera que esa supuesta falta de actuación permitió la continuidad de unos vertidos que generaron graves riesgos ambientales y sanitarios. Entre otros parámetros, se detectaron valores elevados de contaminación fecal y la Fiscalía sostiene que los vertidos afectaron al equilibrio de los ecosistemas marinos próximos al emisario.
Esto no significa que Güímar y Telde sean jurídicamente idénticos ni permite trasladar automáticamente las acusaciones de Tenerife al alcalde Juan Antonio Peña.
Pero sí demuestra que la gestión política y administrativa de un problema de vertidos puede acabar teniendo consecuencias penales si una investigación acredita que responsables públicos conocieron una situación potencialmente contaminante, tenían obligación legal de intervenir y omitieron injustificadamente las medidas que estaban obligados a adoptar.
LA GRAN PREGUNTA QUE DEBERÁ RESPONDER EL JUZGADO DE TELDE
El procedimiento de Telde tiene ahora que resolver varias incógnitas decisivas.
¿Procedieron del emisario 222 los vertidos contaminantes investigados? ¿Qué irregularidades encontró exactamente la Fiscalía en la EDAR de Silva? ¿Durante cuánto tiempo pudieron producirse? ¿Qué conocía Aguas de Telde? ¿Qué sabía el Ayuntamiento? ¿Cuándo recibió las primeras advertencias? ¿Fueron suficientes las medidas adoptadas? ¿Existe relación entre esos posibles vertidos y la mortandad masiva de peces que desencadenó la crisis ambiental?
Y, especialmente, si finalmente se acredita una infracción ambiental grave, ¿existió alguna actuación u omisión atribuible individualmente a responsables políticos, técnicos o gestores de las instalaciones?
Esas preguntas no puede responderlas ahora un medio de comunicación. Tendrá que hacerlo el juzgado con las pruebas incorporadas al procedimiento.
DE GÜÍMAR A TELDE: UN AVISO PARA LAS ADMINISTRACIONES
El paralelismo, por tanto, no está en afirmar anticipadamente que Juan Antonio Peña vaya a recorrer el mismo camino judicial que los alcaldes y exalcaldes de Tenerife. Esa conclusión sería prematura.
El verdadero paralelismo está en otra cuestión mucho más seria: Güímar demuestra que los problemas de saneamiento y los vertidos al mar no desaparecen políticamente ignorándolos, minimizándolos o esperando que pase el tiempo.
En Tenerife, años después, cuatro responsables públicos afrontan una petición fiscal de cuatro años de prisión y trece de inhabilitación.
En Telde, mientras tanto, la Fiscalía ya ha encontrado “numerosas irregularidades” en la EDAR de Silva, el emisario municipal 222 forma parte de una investigación judicial y existe abundante documentación sobre las advertencias recibidas por la administración municipal.
La contaminación del litoral teldense ha llegado incluso a dañar la imagen exterior del municipio: ONDAGUANCHE informaba recientemente de que la prensa británica había situado la costa de Telde entre los destinos sobre los que advertía a sus lectores este verano, tomando como referencia el informe Banderas Negras 2026.
El caso de Güímar constituye por ello un espejo incómodo para Telde.
La última palabra sobre el emisario 222 la tendrá la Justicia. Y será la investigación judicial la que determine si estamos simplemente ante irregularidades administrativas y problemas técnicos o si, como ocurrió en el procedimiento de Tenerife, existen finalmente hechos y omisiones con suficiente entidad para exigir responsabilidades penales.
Hasta entonces, no hay condenados ni acusados por este asunto en el Gobierno de Telde. Pero después de lo conocido sobre Güímar, tampoco parece razonable tratar la investigación del emisario 222 como un problema menor.
