El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria continúa dando pasos firmes en su política de transparencia institucional. Con el objetivo de establecer un mayor control, seguimiento y fiscalización de los representantes públicos del municipio, la corporación ha anunciado que, a partir de este año 2026, todos los concejales estarán obligados a presentar su declaración de bienes, intereses y situación laboral con carácter anual.
Hasta ahora, la práctica habitual en el consistorio limitaba la entrega de esta documentación a dos momentos puntuales del mandato: la toma de posesión del cargo y el momento del cese. Con este cambio de protocolo, los ediles no solo tendrán que rendir cuentas cada año, sino que también estarán obligados a informar de manera inmediata sobre cualquier variación que se produzca en su patrimonio, ingresos o situación laboral que pueda generar algún tipo de incompatibilidad.
Cumplimiento y rigor normativo
Esta medida de transparencia da un estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. La normativa establece que los representantes locales deben formular una declaración sobre posibles causas de incompatibilidad y sobre sus bienes patrimoniales, incluyendo la participación en sociedades y las autoliquidaciones de impuestos clave (Renta, Patrimonio y Sociedades).
Toda esta información se inscribe en el Registro de Actividades y en el Registro de Bienes Patrimoniales de la Entidad local, herramientas de carácter público que ahora en Valsequillo se mantendrán rigurosamente actualizadas año a año.
Ejemplaridad y rendición de cuentas
El alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta, ha sido tajante al valorar la puesta en marcha de esta iniciativa: «Quienes nos dedicamos a la política tenemos que ser más transparentes y rendir más cuentas porque nos dedicamos a un servicio público. La ejemplaridad en política no es una opción».
Para el primer edil, la confianza ciudadana exige medidas proactivas. «El gobierno debe establecer todos los mecanismos necesarios para controlar y fiscalizar al detalle a todos los que nos dedicamos a esta actividad», explicó Hernández Atta, recordando que esta acción responde directamente a la hoja de ruta marcada por el actual ejecutivo local. «Este era uno de los acuerdos del nuevo gobierno y, como responsable de transparencia, daremos este y todos los pasos que sean necesarios para garantizar que todo el que esté en política venga a servir y no a servirse de ella», concluyó.
