Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó una sentencia de enorme trascendencia para el futuro de nuestra Isla redonda. Una sentencia que, sin embargo, pasó desapercibida para buena parte de la opinión pública, a la que no se le deja participar en asuntos de vital trascendencia para nuestra sociedad.
Básicamente, nuestro alto tribunal declaró nulo de pleno derecho el Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria (PIOT), al considerar que su adaptación se realizó conforme a una normativa ya superada y no al marco jurídico vigente, establecido por la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
No estamos hablando de un documento cualquiera. El PIOT es la herramienta que define qué isla queremos ser. Determina dónde se puede construir, qué actividades económicas se priorizan, cómo se protegen los espacios naturales, qué infraestructuras se impulsan y cuáles quedan relegadas. En definitiva, establece las reglas del juego para el desarrollo de Gran Canaria durante décadas.
Por eso, esta sentencia trasciende lo jurídico, porque lo que pone sobre la mesa es un debate profundamente político: si el instrumento que ordena nuestro territorio fue anulado, ¿qué modelo de isla va a sustituirlo? La respuesta dependerá de quién tenga la capacidad de redactar y aprobar el nuevo planeamiento insular. Y ahí es donde aparecen dos visiones radicalmente opuestas de Gran Canaria.
Está, por un lado, el modelo que dominó la política insular durante las últimas décadas, que es el de la masificación turística y la depredación del territorio. Con jaulas marinas que se implantan frente a nuestras costas, esquilman nuestros fondos marinos y cierran las playas por contaminación. Eso fue lo que hicieron en buena parte de la costa del sureste, con especial incidencia en Telde, y ahora, después de haberla reventado, pretenden trasladarlas a La Aldea de San Nicolás.
Grandes complejos hoteleros que consumen suelo, agua y recursos mientras la riqueza generada se concentra cada vez más en menos manos o acaba en Europa. Estamos hablando de más de 120.000 camas turísticas que se van a levantar, si entre todos no conseguimos pararlo a tiempo, en Meloneras, Pasito Blanco, El Salobre, la Bahía de Santa Águeda, Tauro, La Aldea de San Nicolás y tantos otros lugares de nuestra Isla.
Puertos deportivos y recreativos que relegarán a un segundo plano los usos pesqueros, marinos e industriales tradicionales, porque ya nos están avisando de que existe un “boom de la náutica”, es decir, canarios y europeos ricos que necesitan amarres y atraques desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Mogán, sin solución de continuidad. Además, por si fuera poco, se necesitará la ampliación de nuestros muelles para dar cabida a “las terminales de cruceros más grandes de Europa”.
Se vienen nuevos pelotazos turísticos y urbanísticos, que bajo la excusa de una falsa creación de empleo —70 años después lo seguimos esperando—, o incluso con el argumento de la diversificación económica —para más turismo, será—, quieren engordar los bolsillos de nuestros caciques locales y especuladores extranjeros: Dreamland en Telde o Siam Park en El Veril son dos buenos ejemplos de ello.
Podríamos seguir con decenas de medidas llevadas a cabo por nuestros actuales y pasados dirigentes del Cabildo insular: un tren con una clara intencionalidad turística y especulativa, la expansión incontrolada de las energías renovables en manos de multinacionales o una promoción turística que masifica nuestros espacios naturales, gentrifica nuestros barrios y pueblos, nos hace aún más dependientes de la turoperación internacional, promueve los todo incluido, consume más agua y energía de la que podemos soportar y colapsa de residuos la Isla.
Es un modelo que entiende Gran Canaria como un espacio de explotación económica al servicio de intereses externos y que mide el éxito exclusivamente en términos de crecimiento cuantitativo, aunque la población grancanaria tenga cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, llegar a fin de mes, desarrollar un proyecto de vida o encontrar buenas condiciones laborales fuera del monocultivo turístico.
Pero Gran Canaria no está condenada a seguir ese camino.
La isla que queremos en Drago Gran Canaria es la que prioriza el bienestar de su gente y la defensa de nuestro territorio. Potenciar la pesca artesanal frente a la acuicultura industrial. Recuperar e incrementar nuestro sector primario para frenar la dependencia alimentaria. Reindustrializar de forma sostenible para no seguir alimentando una economía de servicios de bajo valor añadido. Diversificar el modelo productivo para conseguir mejores salarios y condiciones laborales.
Defendemos que los puertos sigan siendo espacios productivos al servicio de la economía real y no escaparates para embarcaciones de recreo. Que los beneficios de la actividad económica permanezcan en la Isla y no se filtren hacia grandes grupos empresariales cuya vinculación con nuestro territorio es puramente instrumental. Que quienes viven aquí puedan decidir sobre el futuro de su tierra.
Nuestro modelo es que la gente, joven y mayor, pueda tener acceso a una vivienda digna, poniéndole límites a la especulación inmobiliaria y a la expansión descontrolada de la vivienda vacacional. Abrir plazas en centros sociosanitarios para que la gente de a pie no tenga que verse obligada a abandonar a sus mayores en hospitales públicos ante la imposibilidad de hacerse cargo de ellos.
También es que nuestra población no tenga que pagar el kilo de plátanos a 2,50 euros, que pueda comprar carne y pescado a precios asequibles, que se pueda pagar una semana de vacaciones en un apartamento en el sur o que pueda irse la familia entera a ver una película al cine, con refrescos y roscas incluidos.
Nuestro modelo es, en definitiva, parar, estabilizarnos y decrecer. Solo así podremos ponerle freno al desarrollismo, que no solo nos tiene a la cola del Estado en la mayoría de los indicadores sociales y económicos, sino que los continúa agudizando.
La anulación del PIOT abre una oportunidad histórica para replantear el rumbo de la Isla, pero para eso es requisito esencial que Drago Gran Canaria logre representación en el Cabildo. Una voz soberanista y progresista que redacte, tramite y con sus votos apruebe el nuevo planeamiento insular, pensado para las próximas generaciones y para que quienes vivimos aquí no tengamos que hacer de nuevo la maleta.
Una Isla que produzca más y dependa menos. Una Isla que proteja sus recursos naturales sin convertirlos en mercancía. Una Isla que genere riqueza sin expulsar a su gente. Una Isla donde las decisiones estratégicas se tomen pensando en el interés general y no en los beneficios de unos pocos. Una Isla que deje de ser un parque temático para el turista.
La sentencia del Tribunal cerró una etapa. Ahora toca decidir qué viene después. En Drago Gran Canaria tenemos muy claro cuál es nuestro modelo: una Isla en la que podamos vivir dignamente, tranquilas y felices.
Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria
