La situación obliga a plantear otra pregunta especialmente importante para los canarios: ¿podría Marruecos condicionar también una visita del Rey a Canarias?
El Rey de España todavía no ha viajado a Ceuta después de una de las crisis más graves sufridas por la ciudad autónoma. No se trata de un problema de distancia ni, aparentemente, de falta de interés del monarca. Todo indica que estamos ante una decisión política cuya explicación el Gobierno continúa evitando.
El pasado 6 de agosto, Felipe VI recibió en Marivent al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Tras el encuentro, Vivas aseguró públicamente que el Rey había adquirido el compromiso de visitar la ciudad. No ofreció una fecha, pero afirmó que el monarca cumpliría su palabra. La Casa Real confirmó oficialmente la audiencia, aunque su escueto comunicado no recogió ese compromiso.
Un día después, el Gobierno anunció que la visita se produciría “cuando fuera oportuno” y con “coordinación absoluta” entre Moncloa y Zarzuela. Así lo informó RTVE.
Sin embargo, el 24 de agosto, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, aseguró que la Casa Real era “dueña de su propia agenda” y que no le constaba que Felipe VI hubiera comunicado su deseo de viajar a Ceuta. Horas más tarde, el ministro Óscar Puente corrigió esa versión: “Es el Gobierno el que decide la agenda del Rey” en los asuntos políticamente sensibles y será el Ejecutivo quien determine el momento del desplazamiento.
Las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O la Casa Real decide libremente o el Gobierno determina la oportunidad del viaje. La realidad constitucional se parece bastante más a lo reconocido por Óscar Puente.
Felipe VI es el jefe del Estado y ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero España no es una monarquía ejecutiva. El Rey no puede desarrollar una política propia ni actuar institucionalmente al margen del Gobierno. Sus actos oficiales necesitan refrendo y la responsabilidad política corresponde a quienes los refrendan. Además, es el Ejecutivo quien dirige la política interior y exterior, la Administración militar y la defensa del Estado. Así lo establecen los artículos 56, 62, 64 y 97 de la Constitución.
Pero una cosa es la necesaria coordinación constitucional y otra muy distinta convertirla en una autorización personal de Pedro Sánchez para que el jefe del Estado pueda visitar una ciudad española.
La Constitución no prohíbe al Rey acudir a Ceuta. Tampoco existe una norma que declare inoportuna su presencia. Lo que falta es la voluntad política del Gobierno para fijar una fecha y asumir las consecuencias diplomáticas de esa decisión.
La sombra de Marruecos
¿Por qué, entonces, no acude Felipe VI?
No existe una explicación oficial completa ni una prueba pública de que Mohamed VI haya impuesto un veto. Tampoco se ha acreditado documentalmente una orden expresa de Pedro Sánchez prohibiendo el desplazamiento. Afirmarlo como un hecho sería irresponsable.
Pero el contexto permite alcanzar una conclusión razonable: Moncloa está midiendo cuidadosamente la reacción de Marruecos.
El precedente es conocido. Cuando Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron Ceuta y Melilla en noviembre de 2007, Rabat calificó el viaje de “lamentable”, retiró temporalmente a su embajador y abrió una crisis diplomática que se prolongó durante dos meses. La propia Casa Real conserva constancia oficial de aquella visita.
Desde su proclamación en 2014, Felipe VI no ha realizado ninguna visita oficial a Ceuta ni a Melilla. Y ahora, cuando la ciudad necesita la presencia visible del Estado, el desplazamiento vuelve a quedar aplazado hasta ese misterioso “momento oportuno” que nadie define.
Resulta legítimo que el Gobierno valore las repercusiones diplomáticas. España necesita mantener unas relaciones estables con Marruecos y su cooperación en materia migratoria, económica y de seguridad. Pero esa prudencia no puede convertirse en silencio, indefinición o subordinación.
Marruecos puede protestar, pero no tiene ningún derecho de veto sobre la agenda institucional española. Ceuta no es un territorio pendiente de autorización internacional. Es España, pertenece a la Unión Europea y sus ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho que los demás a recibir la visita de su jefe del Estado.
¿Está también Canarias dentro de ese círculo?
La situación obliga a plantear otra pregunta especialmente importante para los canarios: ¿podría Marruecos condicionar también una visita del Rey a Canarias?
La respuesta rigurosa es que Canarias no se encuentra en la misma situación jurídica y diplomática que Ceuta y Melilla.
Marruecos mantiene una reivindicación expresa sobre Ceuta, Melilla y varias plazas españolas situadas en el norte de África. En agosto de 2026, el ministro de Justicia marroquí volvió a plantear públicamente esas aspiraciones, mientras España respondió que su integridad territorial no está sometida a negociación. Reuters recogió ambas posiciones.
No consta, en cambio, una reclamación oficial vigente de Marruecos sobre la soberanía de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura o el resto del archipiélago. Incluso la doctrina histórica del llamado “Gran Marruecos” comprende el Sáhara Occidental, Mauritania, territorios de Argelia y Mali, además de Ceuta, Melilla y las plazas españolas del norte de África, pero no incluye a las islas Canarias. Algunas publicaciones y mapas difundidos en redes sociales sí han tratado de introducir esa idea, pero no representan por sí solos la posición oficial del Estado marroquí. Maldita.es ha analizado esa narrativa.
Eso no significa que Canarias esté al margen de los intereses marroquíes. Todo lo contrario. El archipiélago se encuentra dentro de un espacio estratégico en el que confluyen la inmigración, la pesca, el control del Atlántico, las rutas comerciales, la seguridad y los recursos energéticos y minerales del subsuelo marino.
También existe un conflicto pendiente por la delimitación de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental. Marruecos y España mantienen posiciones diferentes sobre determinadas áreas marítimas, especialmente las situadas entre Canarias y las costas del Sáhara Occidental. Pero discutir la delimitación de unas aguas no equivale a reclamar la soberanía sobre las islas. Son problemas relacionados, pero jurídicamente distintos.
Felipe VI ha visitado Canarias con normalidad. En septiembre de 2024 estuvo en Tenerife y Gran Canaria, recibió la Medalla de Oro del Parlamento de Canarias, presidió varios actos institucionales y recorrió Las Palmas de Gran Canaria acompañado por el presidente de la República Italiana. Todo ello figura en la agenda oficial de la Casa Real.
Por tanto, una visita del Rey a Canarias no posee la misma carga diplomática que un viaje a Ceuta o Melilla. Marruecos podría molestarse por un discurso concreto sobre el Sáhara Occidental, las fronteras marítimas o la defensa del archipiélago, pero no tendría ninguna base para cuestionar la simple presencia del jefe del Estado en una comunidad autónoma española.
Canarias se encuentra dentro del círculo de intereses estratégicos y posibles presiones de Marruecos, pero no dentro del círculo de territorios cuya soberanía reivindica oficialmente Rabat.
Precisamente por eso resulta peligroso consolidar el precedente de que la agenda del Rey pueda quedar condicionada por el posible enfado del país vecino. Hoy el problema se manifiesta en Ceuta y Melilla. Mañana podría utilizarse la misma excusa ante un acto incómodo en Canarias relacionado con las aguas territoriales, la inmigración o el Sáhara.
La respuesta más rigurosa a la pregunta principal es esta: Felipe VI no acude todavía a Ceuta porque el Gobierno no ha considerado oportuno asumir el coste político y diplomático de la visita. Es una conclusión basada en los hechos y en las declaraciones del propio Ejecutivo, no la constatación de un veto formal de Rabat.
Pedro Sánchez está facultado constitucionalmente para coordinar la actividad institucional de la Corona. Lo que no puede hacer es esconderse detrás de versiones contradictorias. Si existen razones de seguridad, que las explique. Si hay negociaciones delicadas con Marruecos, que lo reconozca dentro de los límites necesarios. Y si la visita se producirá, que concrete una fecha.
Felipe VI simboliza, por mandato constitucional, la unidad y permanencia de España. Pocas ocasiones justifican tanto el ejercicio de esa función como una crisis que afecta directamente a la seguridad, la integridad territorial y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta.
Una visita del Rey no sería una provocación contra Marruecos. Sería un acto de normalidad dentro de España.
Lo constitucionalmente normal es que Moncloa y Zarzuela coordinen el viaje. Lo políticamente preocupante es que una ciudad española tenga que esperar indefinidamente mientras el Gobierno calcula cómo reaccionará el país vecino.
Ceuta no puede convertirse en una pieza diplomática que se muestra o se oculta dependiendo del humor de Rabat. Tampoco Canarias puede aceptar que sus decisiones estratégicas, sus aguas o la presencia de las instituciones españolas queden condicionadas por el temor a molestar a Marruecos.
El Gobierno debe fijar la fecha y el Rey debe visitar Ceuta y también Melilla. Porque cuando la prudencia impide al jefe del Estado visitar una parte de su propio país, deja de parecer prudencia y empieza a parecer miedo.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
