La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará desde este lunes a Mourad B., un joven marroquí nacido en 2006 y en situación irregular en España, por un presunto delito de asesinato. Esta persona está acusada de matar a cuchilladas el 31 de mayo de 2024 a Yessine A., otro joven de 18 años en el parque de Arnao en Telde. La Fiscalía solicita para el encausado una pena de 20 años de prisión.
La vista oral se celebrará entre los días 20 y 24 de abril, a partir de las 9.30 horas y será un Tribunal del Jurado el que dictamine si fue un asesinato. La sesión prevista para este lunes comenzará con la elección de los miembros del jurado popular y posteriormente arrancará el juicio. No obstante, hay muchas posibilidades de que el procedimiento se resuelva mediante un acuerdo de conformidad entre las partes.
La Fiscalía sostiene que, una vez en el parque, el acusado se acercó a la víctima y «para asegurar su muerte y no darle posibilidad de defensa», sacó de forma sorpresiva los dos cuchillos, uno en cada mano, y «le asestó varias puñaladas en distintas partes del cuerpo». Una de ellas fue dirigida al corazón, «introduciendo la hoja 19 centímetros entre la cuarta y la quinta costilla», lo que le seccionó la arteria aorta y le provocó un choque hipovolémico que causó su fallecimiento antes de la llegada de la ambulancia. «Tras la agresión, huyó del lugar corriendo», indica la Fiscalía.
La víctima fue atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta el parque de Arnao, aunque nada pudo hacerse por salvarle la vida. El crimen, cometido a plena luz del día en una de las zonas más transitadas del casco urbano de Telde, causó una profunda conmoción entre vecinos, familiares y amigos del fallecido.
Los hechos son calificados provisionalmente como constitutivos de un delito de asesinato. El Ministerio Público considera al acusado autor directo de los hechos y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Además de la pena de 20 años de prisión, la Fiscalía interesa la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas procesales. Asimismo, solicita que, una vez cumplidas las tres cuartas partes de la pena o si accede al tercer grado o a la libertad condicional, se acuerde su expulsión del territorio nacional con prohibición de regresar a España durante diez años.
En concepto de responsabilidad civil, el organismo público reclama que indemnice a los padres del fallecido con el pago de 100.000 euros.
Canarias7 (Aday Martín)
