Canarias no puede permitir que la repetición de las tragedias en la Ruta Atlántica convierta el dolor humano en una noticia rutinaria.
Por Vidal Bolaños Betancort
En aquel cayuco viajaban 128 personas. Después de 26 días a la deriva solamente fueron encontradas con vida 44. Las autoridades sospechan que murieron más de ochenta personas, entre ellas un bebé. Cinco cuerpos permanecían en la embarcación cuando fue localizada al sur de Gran Canaria.
Son los datos de la tragedia conocida el 3 de septiembre. Pero las cifras, por terribles que sean, no alcanzan a explicar lo sucedido.
Más de ochenta personas no desaparecieron simplemente en el océano. Desaparecieron nombres, familias, recuerdos y proyectos. Hubo madres que esperaron una llamada, niños que perdieron a sus padres y hogares en los que posiblemente nunca se sabrá con certeza dónde terminó la vida de un ser querido.
Aquellas personas salieron de Gambia el 7 de agosto. Durante casi un mes estuvieron expuestas al hambre, la sed, el sol, la desesperación y un mar que no permite ningún error.
Resulta difícil imaginar lo sucedido dentro de aquella embarcación. Ver cómo se termina el agua. Escuchar a alguien pedir ayuda sabiendo que no existe ningún barco cerca. Contemplar cómo una persona deja de respirar y comprender que no se puede hacer nada.
Canarias lleva demasiado tiempo conviviendo con esta tragedia. Hemos visto llegar cayucos, hemos presenciado rescates y hemos conocido testimonios de sanitarios y profesionales que regresan emocionalmente destrozados después de atender a personas exhaustas, heridas o muertas.
Sin embargo, una parte de la sociedad comienza a acostumbrarse. La embarcación aparece en las noticias, provoca unas horas de conmoción y termina desapareciendo bajo la siguiente polémica política.
Esa costumbre es peligrosa.
Podemos debatir sobre fronteras, capacidad de acogida, seguridad, competencias, retorno y distribución de menores. No solo podemos hacerlo: debemos hacerlo. Canarias no puede asumir sola una responsabilidad que corresponde al Estado, a la Unión Europea y al conjunto de las comunidades autónomas.
El archipiélago tiene recursos limitados y una presión territorial evidente. Exigir planificación, financiación y corresponsabilidad no nos convierte en una sociedad insolidaria.
Pero ningún debate legítimo puede construirse negando la humanidad de quienes viajan. Una persona migrante no deja de ser persona porque carezca de documentación o haya entrado por una vía irregular.
Tampoco ayuda dividir a la sociedad entre quienes aceptarían cualquier política sin hacer preguntas y quienes presentan a todos los migrantes como una amenaza.
Entre esos dos extremos existe un espacio para exigir orden, cooperación internacional, acogida digna, procedimientos ágiles, retornos con garantías cuando correspondan y una lucha real contra las organizaciones que comercian con la desesperación.
Las mafias no desaparecerán mediante discursos. Se alimentan de la pobreza, los conflictos, la persecución, la falta de oportunidades y la ausencia de vías seguras. Mientras una familia considere que subir a un cayuco ofrece más esperanza que permanecer en su país, habrá alguien dispuesto a cobrarle por el viaje.
La respuesta debe comenzar mucho antes de que una embarcación salga al mar. Europa necesita reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, perseguir las redes criminales y apoyar proyectos capaces de generar estabilidad y oportunidades.
Cooperar no significa entregar dinero sin supervisión a gobiernos que no respetan los derechos humanos. Significa trabajar con transparencia, evaluar los resultados y apoyar a las comunidades para que la migración no sea la única salida imaginable.
También debemos hablar de las responsabilidades europeas. Durante años, la Unión Europea ha delegado buena parte del control migratorio en los territorios fronterizos. Canarias, Ceuta, Melilla, Lampedusa o las islas griegas conocen bien lo que significa estar situados en la primera línea mientras otros gobiernos observan desde lejos.
La solidaridad territorial no puede depender del color político de cada comunidad. Los menores migrantes no pueden convertirse en fichas de una negociación partidista. Son niños y adolescentes que necesitan protección, formación y estabilidad.
Canarias requiere medios para atender las llegadas, pero también apoyo psicológico para quienes participan en los rescates. Salvamento Marítimo, Guardia Civil, personal sanitario, intérpretes, voluntarios y trabajadores de los servicios de acogida no son máquinas.
Cada cuerpo y cada relato dejan una huella. Cuidar su salud mental también debe formar parte de la respuesta institucional.
Los medios de comunicación y quienes participamos en el debate público debemos vigilar el lenguaje. Palabras como “avalancha”, “invasión” o “asalto” pueden generar audiencia y votos, pero convierten a las personas en una masa amenazante.
Criticar la gestión migratoria no exige deshumanizar al migrante. Se puede reclamar control y al mismo tiempo defender la dignidad. Se puede pedir solidaridad al resto del Estado sin alimentar el odio.
También debemos rechazar la utilización del sufrimiento. Hay quienes emplean cada llegada para atacar al adversario político y quienes solo hablan de los migrantes durante unas horas para aparentar sensibilidad. Ninguna de las dos actitudes resuelve nada.
Más de ochenta muertes deberían detener durante un momento cualquier pelea partidista. Representan más de ochenta razones para exigir una política diferente y recordar que el Atlántico que nos rodea no puede continuar siendo una fosa silenciosa.
La historia juzgará las decisiones de los gobiernos, la falta de cooperación y los años perdidos. Pero también juzgará a una sociedad que conocía lo que estaba ocurriendo y decidió acostumbrarse.
El peor día no será aquel en el que aparezca otro cayuco. El peor día llegará cuando una tragedia como esta deje de dolernos.
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
