La intención del grupo Félix Santiago Melián de instalar una planta de biogás en la comarca noroeste de Gran Canaria, a escasos 500 metros de la población, ha dejado claro un concepto fundamental: solo el pueblo salva al pueblo.
Ante los intentos de enredar este asunto, conviene refrescar la memoria para que la opinión pública conozca con exactitud quién ha hecho qué en cada momento.
La primera solicitud del proyecto, tramitada a través de Conagrican S.L. (del grupo F.S.M.), la recibió el anterior grupo de gobierno liderado por Pedro Rodríguez, en el que también participaba el actual alcalde, Alfredo Gonçalves. La respuesta institucional ante la solicitud fue positiva. Nadie pareció advertir en aquel momento el impacto ni la peligrosidad de ubicar una instalación industrial de estas características junto a las viviendas.
La primera acción del actual equipo de gobierno consistió en fotografiarse junto a los representantes del grupo empresarial durante la presentación del proyecto, nada menos que en el salón de plenos del Ayuntamiento de Guía, acompañada de un comunicado oficial elogioso para el proyecto. Tampoco eran conscientes entonces del alcance y el daño del proyecto sobre la población. Tampoco los técnicos, parece ser, supervisaron convenientemente el proyecto.
A partir de ahí, los vecinos, tras documentarse y reunirse alarmados por la gravedad del proyecto, iniciaron un peregrinaje por las distintas administraciones. La respuesta mayoritaria fue el silencio. En la primera reunión con el alcalde de Santa María de Guía, este llegó a manifestar que «él era un árbitro» y que «no podía hacer nada». La cita con el alcalde de Gáldar resultó igualmente frustrante: «Yo no puedo meterme en las cosas de Guía, tengo muchos calderos al fuego», argumentó.
Ante el desamparo institucional y una oposición municipal que ni estaba ni se la esperaba, fuimos los propios vecinos quienes tuvimos que presionar para la convocatoria de un pleno extraordinario. Tras concentraciones de protesta frente al Ayuntamiento y el frontis de la iglesia, el pleno de Guía rechazó por unanimidad la instalación de la planta de biogás. Sin embargo, tras esa votación, ningún responsable político ha vuelto a mover un solo dedo en defensa de la población.
Desde entonces, la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya ha asumido en solitario un trabajo titánico: revisión de expedientes, peticiones de documentación al Ayuntamiento, al Cabildo de Gran Canaria y a diversas consejerías del Gobierno de Canarias, casi siempre con el silencio como respuesta, además de coordinar asesoramiento técnico y legal.
Mientras tanto, el promotor continúa trabajando para materializar su objetivo, impulsado por millonarias subvenciones europeas que alimentan este perjuicio colectivo, respaldado ahora de forma incomprensible por la Consejería de transición ecológica del Gobierno Canario, en manos del Partido Popular.
Los vecinos ya han demostrado que son capaces de frenar este abuso, dejando al descubierto quiénes son serios y responsables, y quiénes intoxican y confunden.
La Atalaya y la comarca noroeste no pueden convertirse en el vertedero de Gran Canaria.
En vísperas electorales, la clase política deberá posicionarse con claridad (TODOS): defender la salud y la seguridad de los vecinos del Norte o alinearse con los intereses económicos del poderoso grupo empresarial.
Paco Vega
