En una catástrofe son varios los parámetros que se toman para evaluar la magnitud de la misma, entre ellos, el daño material y humano producido -víctimas- y la capacidad de la sociedad para afrontar la tragedia.
En este sentido, en el caso de la pandemia ocasionada por el Coronavirus SARS-CoV-2, los responsables de su gestión se basan en el número de contagiados por cada cien mil habitante y el nivel de ocupación de las camas hospitalaria, sobre todo las UCI, para tomar decisiones sobre el tipo y la proporción de las medidas aplicables a la población con el fin de frenar la propagación del virus. Claro, que todo ello estará mediatizado por el impacto económico que puedan tener estas medidas.
Pero, aparte de esto, la epidemia del Coronavirus ha generado otras víctimas que no se tienen en cuenta, o se toman de soslayo, a la hora de evaluar la dimensión de esta tragedia. Víctimas ocultas que no aparecen en las estadísticas que dan luz sobre la incidencia de la enfermedad sobre la salud o la economía.
Me estoy refiriendo a un tipo de afectados que podríamos etiquetar como víctimas sociales producidas por el SARS-Cov-2. Víctimas resultantes del cierre, o limitación del aforo, de los centros ocupacionales de personas con minusvalías físicas o psicológicas, centros de día de la tercera edad, o de enfermos de Alzheimer, centros de atención a drogodependientes o a otros grupos de personas dependientes.
Personas vulnerables a las que la interrupción, o limitación de sus actividades diarias les pueden afectar de forma negativa, no solo en la recuperación o mantenimiento de sus capacidades cognitivas, físicas o conductuales, sino, también, producirles otros tipos de trastornos como crisis de ansiedad, fobias o, a medio plazo, trastornos de estrés postraumático, que pueden acabar necesitando tratamiento psiquiátrico y o psicológico.
Tampoco debemos olvidarnos de las familias que, debido al cierre de estos centros, han asumido por completo el rol del cuidador con sus familiares dependientes, con el desgaste físico y emocional, y el riesgo para la salud que esto supone.
José Juan Sosa Rodríguez es psicólogo general sanitario y experto en Psicología de Emergencias y Catástrofes.
