La cuestión política es otra mucho más sencilla: ¿cómo se compagina la afirmación realizada en el Pleno con la existencia de un expediente oficial que demuestra que sí existía un proyecto firmado por Iván Sánchez?
La política tiene una regla no escrita que está por encima de cualquier ideología: cuando un representante público habla en el salón de Plenos debe hacerlo con rigor, con transparencia y, sobre todo, con la verdad por delante.
Precisamente ese lema, «La verdad por delante», ha sido utilizado en numerosas ocasiones por el actual alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. Sin embargo, la documentación oficial del Ayuntamiento abre ahora una incómoda pregunta que merece una explicación pública.
Todo comenzó cuando el concejal Héctor Suárez preguntó en sesión plenaria si el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, había presentado proyectos como arquitecto particular ante el Ayuntamiento que posteriormente hubieran sido objeto de aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local.
La pregunta no era menor. Se trataba de aclarar si existían actuaciones profesionales privadas vinculadas a expedientes municipales en los que participaba el propio gobierno del que forma parte el concejal.
La respuesta ofrecida por el alcalde en aquel debate fue contundente. Según consta en el acta y fue recordado posteriormente por Héctor Suárez, se sostuvo que no existía ningún proyecto presentado por Iván Sánchez en esas circunstancias.
Sin embargo, los documentos oficiales conocidos posteriormente cuentan otra historia.
El extracto de la Junta de Gobierno Local celebrada el 7 de noviembre de 2024 recoge expresamente el expediente 213/2024, correspondiente a una licencia de obra mayor para una vivienda unifamiliar en Montegolf. En dicho acuerdo aparece de forma literal que la licencia se concede de conformidad con el proyecto redactado por el arquitecto Iván Sánchez Estévez.
Es decir, existe un expediente municipal oficial en el que figura Iván Sánchez como autor del proyecto técnico.
La cuestión ya no es si la actuación es legal o ilegal. Tampoco si existe o no incompatibilidad. Esa es una valoración jurídica que corresponde a los servicios técnicos y, en última instancia, a quien tenga competencia para determinarlo.
La cuestión política es otra mucho más sencilla: ¿cómo se compagina la afirmación realizada en el Pleno con la existencia de un expediente oficial que demuestra que sí existía un proyecto firmado por Iván Sánchez?
Durante el debate posterior, el propio gobierno intentó centrar la discusión en una cuestión semántica: que la Junta de Gobierno no aprueba proyectos, sino licencias urbanísticas. Técnicamente puede ser correcto. Pero para los ciudadanos el fondo del asunto sigue siendo el mismo.
El expediente existe.
El proyecto existe.
El arquitecto figura identificado en el expediente.
Y la licencia fue aprobada por la Junta de Gobierno.
Por eso la pregunta que sigue sin respuesta no es jurídica, sino política.
¿Se equivocó el alcalde cuando respondió en el Pleno?
¿Desconocía realmente la existencia de ese expediente?
¿O realizó una afirmación que los documentos municipales posteriores han dejado en evidencia?
La ciudadanía merece una explicación clara. Porque cuando un gobierno hace de la transparencia su principal bandera, cualquier contradicción entre lo que se dice en el salón de Plenos y lo que reflejan los documentos oficiales termina erosionando la confianza pública.
La política puede sobrevivir a los errores. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es la distancia entre los discursos y los hechos.
Y hoy, a la vista de los documentos municipales, la pregunta sigue sobre la mesa:
¿Dónde quedó aquella promesa de gobernar con «la verdad por delante»?
Juan Santana, periodista y locutor de radio
