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«LA RECONSTRUCCIÓN NO PUEDE VIVIR ETERNAMENTE EN UNA COMISIÓN»

La calle escucha promesas, pero aprende a medir resultados. La última Comisión Mixta de la legislatura terminó sin acuerdo para transferir 300 millones de euros destinados a la reconstrucción de La Palma correspondientes a 2024, 2025 y 2026. También quedó sin resolver la continuidad de la bonificación del 60 por ciento del IRPF para 2027.

Cinco años después de la erupción, muchas personas continúan construyendo su vida entre expedientes, promesas y plazos. La reconstrucción no puede medirse solo en carreteras y viviendas; también afecta a la salud mental, el arraigo y la confianza en las instituciones.

La ciudadanía está cansada de discursos que cambian de vocabulario sin cambiar la realidad. Detrás de cada cifra hay personas que pagan, esperan, trabajan y sostienen servicios esenciales. Esa mirada desde abajo debe entrar en el centro del debate.

No conviene caer en la comodidad de pensar que basta con anunciar una partida, aprobar un documento o convocar una mesa. La experiencia demuestra que los problemas se enquistan cuando nadie fija objetivos comprobables y cuando la ciudadanía solo conoce los retrasos después de que se hayan convertido en crisis.

El Estado y Canarias deben publicar un calendario de pagos, prioridades y obras, explicar cada retraso y garantizar que ninguna disputa partidista paralice lo comprometido. La Palma necesita certezas y seguimiento público, no otra ronda de declaraciones indignadas.

No basta con inaugurar mesas o anunciar acuerdos. Hace falta explicar quién responde, cuánto cuesta, cuándo se cumplirá y qué ocurre si vuelve a incumplirse. La democracia también consiste en poder seguir el rastro de una promesa.

También necesitamos una conversación pública menos acelerada. Criticar no es negar cualquier avance, y reconocer un avance no obliga a silenciar sus límites. La madurez consiste en sostener ambas ideas: valorar lo que mejora y exigir con firmeza todo lo que continúa pendiente.

La reconstrucción de La Palma es una prueba de la capacidad del Estado para acompañar durante años y no solo durante la emergencia. La erupción desapareció de las retransmisiones diarias, pero sus consecuencias continúan en escrituras, fincas, negocios, carreteras y recuerdos. Muchas familias han debido convertirse en especialistas de procedimientos administrativos mientras trataban de rehacer una vida que cambió en pocas horas.

La mirada crítica debe mantenerse cerca de la gente y lejos del ruido partidista. No se trata de negar todo lo anunciado, sino de comprobar si el avance llega a quien más lo necesita. Preguntar por plazos, responsables y resultados no es desconfianza destructiva: es una obligación democrática ante instituciones que demasiadas veces confunden informar con rendir cuentas.

Los 300 millones pendientes representan inversiones concretas, pero también una cuestión de confianza. Cuando una administración anuncia una ayuda, genera decisiones y expectativas. Retrasarla sin una explicación suficiente erosiona la credibilidad y aumenta el cansancio. Por eso resulta imprescindible publicar el estado de cada compromiso y establecer mecanismos independientes de seguimiento que sobrevivan a los cambios de gobierno.

Nadie debería acostumbrarse a vivir esperando lo básico.

Vidal Bolaños, escritor y comunicador

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