La crisis de los vertidos en el litoral de Telde, la mortandad de peces, la llegada de restos orgánicos a la costa, las jaulas marinas, la EDAR de Silva y el emisario 222 han formado parte de un debate público que ha sacudido la vida política municipal y regional. Un episodio que no solo ha generado alarma medioambiental, sino también una profunda inquietud ciudadana sobre quién sabía qué, quién actuó, quién no actuó y quién tendrá que asumir responsabilidades si la Justicia termina señalando una gestión deficiente.
Las declaraciones realizadas por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, el pasado 5 de marzo en el programa El Pulso, espacio que se publica en la Radio Digital Onda Guanche y que presenta el periodista Juan Santana, vuelven ahora a cobrar plena actualidad tras el avance de la investigación sobre los vertidos en la costa de Telde y el debate abierto en torno a las responsabilidades políticas que pudieran derivarse si finalmente se confirma una mala gestión municipal.
Aquella entrevista dejó una imagen política clara: cuando la pregunta se acercó al corazón de la responsabilidad, el alcalde optó por no cruzar la línea del compromiso personal. No dijo que sí. Tampoco dijo que no. Se refugió en la espera judicial, en los informes técnicos y en la necesidad de conocer antes “el alcance” de cualquier posible responsabilidad.
La cuestión era directa: si una sentencia demostrara que el Ayuntamiento de Telde no gestionó correctamente el episodio de contaminación en el mar, ¿estaría dispuesto el alcalde a dimitir?
La respuesta no fue una dimisión sobre la mesa, sino una larga explicación sobre el futuro, la prudencia y la imposibilidad —según el propio Peña— de responder ahora a una hipótesis que todavía no ha sido determinada por los tribunales.
El contexto no es menor. La crisis de los vertidos en el litoral de Telde, la mortandad de peces, la llegada de restos orgánicos a la costa, las jaulas marinas, la EDAR de Silva y el emisario 222 han formado parte de un debate público que ha sacudido la vida política municipal y regional. Un episodio que no solo ha generado alarma medioambiental, sino también una profunda inquietud ciudadana sobre quién sabía qué, quién actuó, quién no actuó y quién tendrá que asumir responsabilidades si la Justicia termina señalando una gestión deficiente.
Peña insistió en que él no ha acusado formalmente a nadie. Rechazó que se le atribuya una posición simplista contra las jaulas marinas y matizó su postura. Según explicó, no está en contra del concepto de la acuicultura, sino que ha cuestionado la ubicación, la gestión y la necesidad de revisar la concesión administrativa.
“Yo no me he pronunciado nunca diciendo que estoy en contra de las jaulas marinas”, vino a señalar el alcalde. Su planteamiento, según defendió, ha sido otro: que quizás no están en el lugar adecuado, que hay que revisar la concesión, que hay que estudiar su retirada y que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Pesca, debe comprobar si todo está correctamente tramitado.
El alcalde sostuvo que una cosa es estar en contra del concepto y otra muy distinta cuestionar cómo se gestiona o dónde están ubicadas esas instalaciones. Por eso pidió que se revise la concesión, que se compruebe si se cumplen todos los requisitos y que, en caso de que todo esté correcto, se traslade un mensaje claro de tranquilidad a la ciudadanía.
También mostró su sorpresa por las versiones contradictorias del Gobierno de Canarias sobre el supuesto desmantelamiento de las jaulas. Según Peña, un día se habló de un acuerdo de desmantelamiento y al día siguiente se dijo que no había tal acuerdo o que no era vinculante. Esa falta de transparencia, advirtió, es precisamente la que deja a la ciudadanía más descolocada.
Pero la entrevista no se quedó en las jaulas marinas. También apareció el otro gran elemento del caso: el emisario 222, la EDAR de Silva y los informes que apuntan en distintas direcciones. Peña evitó entrar en conclusiones técnicas. Repitió que él no es especialista, que no le corresponde interpretar informes y que no sería responsable señalar culpables sin que antes lo determinen quienes tienen competencia para hacerlo.
Para el alcalde, los únicos hechos probados hasta ese momento eran dos: que los peces murieron y que restos orgánicos llegaron a la costa del litoral de Telde. “Eso es lo que todo el mundo reconoce”, defendió. Otra cosa, añadió, es determinar el origen de esos restos, algo que deberán aclarar los tribunales, la Fiscalía y los técnicos.
Ahí se abrió la grieta política de la conversación. Porque una cosa es esperar a la Justicia y otra muy distinta es responder si, llegado el caso, se asumirían responsabilidades políticas. Y esa fue la pregunta incómoda: si finalmente se demostrara que el origen del problema estuvo relacionado con la gestión municipal, con la actuación del Ayuntamiento, con la EDAR de Silva o con el emisario 222, ¿quién respondería?
Peña pidió precisión. Preguntó qué tipo de responsabilidad sería, qué alcance tendría, qué habría hecho o dejado de hacer el Ayuntamiento. Rechazó responder en abstracto. Consideró irresponsable comprometer una respuesta sin conocer un pronunciamiento judicial concreto.
La prudencia judicial puede entenderse. Pero políticamente deja un vacío. Porque la ciudadanía no solo espera sentencias: también espera explicaciones. Y cuando se pregunta a un alcalde si dimitiría en caso de que una resolución judicial acreditara mala gestión de su administración, la respuesta esperada no es una tesis jurídica, sino un compromiso político.
Durante la entrevista también se le preguntó si protegía a alguien, algún amigo o algún empresario. Peña lo negó con rotundidad. Aseguró que sus relaciones son públicas y conocidas, que no se casa “con nadie” y que no tiene a nadie que proteger. Defendió que siempre ha dado la cara y que otros, en cambio, se esconden.
El alcalde sostuvo que el Ayuntamiento ha actuado hasta donde llegan sus competencias y que no puede asumir conclusiones que todavía no han sido determinadas. Sin embargo, el debate ya no está solo en el origen del vertido. Está también en la gestión de la crisis, en la comunicación pública, en los informes conocidos y desconocidos, en las competencias de cada administración y en la responsabilidad política de quienes han dirigido la respuesta institucional.
Peña planteó incluso la pregunta inversa: si al final se demuestra que quienes han señalado al Ayuntamiento estaban equivocados, ¿dimitirán ellos?, ¿dejarán sus cargos?, ¿asumirán haber apuntado en una dirección que no era cierta?
La pregunta es legítima. Pero no borra la principal.
Porque si finalmente se confirma que las jaulas marinas no fueron el origen del problema, alguien tendrá que pedir perdón. Si se confirma que el emisario 222 o la EDAR de Silva tuvieron relación con la contaminación del litoral, alguien tendrá que dar explicaciones. Y si una sentencia determina que hubo mala gestión municipal, la ciudadanía tendrá derecho a saber si en Telde existe responsabilidad política o solo espera judicial.
La entrevista del 5 de marzo en El Pulso, en la Radio Digital Onda Guanche, dejó por tanto una frase no pronunciada. El alcalde habló de prudencia, de informes, de tribunales, de hechos probados y de responsabilidades futuras. Pero ante la pregunta decisiva —si dimitiría en caso de sentencia contraria al Ayuntamiento— no hubo un sí claro.
Y en política, a veces, lo que no se responde pesa tanto como lo que se dice.
