Hemos convertido a algunos padres en clientes, al alumnado en consumidor y al profesor en el responsable de garantizar un aprobado que no siempre ha sido trabajado.
Por Vidal Bolaños
Hay familias que no saben qué libro está leyendo su hijo, pero conocen perfectamente la nota que creen que merece.
No preguntan si participa en clase, si respeta a sus compañeros, si entrega las tareas o si estudia con regularidad. Aparecen cuando llega el suspenso y entran en el centro convencidas de que alguien debe responder por aquella calificación.
Ese alguien casi siempre es el profesor.
El alumno puede llevar semanas sin trabajar. Puede haber ignorado advertencias, acumulado tareas sin entregar o interrumpido las clases. Nada de eso parece suficiente para explicar el resultado. Algunos padres prefieren buscar otra causa: el examen era demasiado difícil, la explicación no fue adecuada, la corrección fue excesivamente estricta o el docente siente animadversión hacia el estudiante.
Todo menos aceptar que el hijo no hizo lo que debía.
Esta forma de reaccionar está dañando profundamente la educación. No porque las calificaciones sean incuestionables ni porque el profesorado nunca se equivoque. Las notas deben poder revisarse y los docentes también tienen que explicar sus criterios.
El problema comienza cuando revisar significa presionar hasta obtener el resultado deseado.
Una escuela no es una tienda. El padre no es un cliente que paga o contribuye con sus impuestos para recibir un aprobado. El alumno no es un consumidor y el profesor no es un empleado al que pueda exigírsele una calificación satisfactoria.
La educación requiere esfuerzo.
Esta palabra parece haberse vuelto incómoda. Hablamos de motivación, competencias, metodologías, inclusión, tecnología e innovación. Todo ello es necesario, pero ninguna herramienta educativa elimina la necesidad de estudiar, perseverar, prestar atención y aprender de los errores.
No todo puede ser divertido.
No todo aprendizaje produce satisfacción inmediata.
No toda frustración constituye un daño emocional.
Suspender un examen puede resultar desagradable, pero también puede enseñar que es necesario cambiar la forma de estudiar. Recibir una corrección no destruye la autoestima si se realiza con respeto. Asumir una consecuencia no traumatiza necesariamente al alumnado. A veces lo prepara para la vida.
La verdadera autoestima no se construye evitando cualquier fracaso. Se construye comprobando que somos capaces de mejorar después de equivocarnos.
Sin embargo, una parte de la sociedad confunde proteger con impedir que el menor afronte cualquier consecuencia. Se reclama al profesor que sea exigente, pero no con nuestro hijo. Que mantenga el orden, pero que no lo corrija. Que evalúe con rigor, siempre que el resultado sea el esperado.
Así se ha erosionado la autoridad docente.
No hablo de recuperar la tarima como símbolo de distancia ni de regresar al miedo, al castigo arbitrario o a la humillación. La escuela autoritaria pertenece al pasado y no debería volver.
Hablo de algo mucho más elemental: que cuando un profesor establece una norma razonable, la familia no la destruya desde casa. Que cuando comunica una conducta inadecuada, sea escuchado. Que cuando califica un trabajo, no reciba presiones para convertir el suspenso en aprobado.
La autoridad educativa no nace de poder castigar. Nace de que la comunidad reconozca la legitimidad del docente para enseñar y organizar la convivencia del aula.
Pero esa legitimidad se debilita cada vez que un padre insulta a un profesor, amenaza con denunciarlo por cualquier corrección o desacredita su trabajo delante del estudiante.
El alumno aprende rápidamente quién manda de verdad.
Si observa que una llamada familiar consigue eliminar cualquier consecuencia, comprenderá que las normas son negociables. Si escucha en casa que el profesor «no tiene ni idea», difícilmente respetará sus explicaciones al día siguiente. Si cada suspenso termina convertido en una reclamación, dejará de preguntarse qué puede mejorar.
La responsabilidad siempre pertenecerá a otro.
Los datos muestran que el problema del reconocimiento docente no es solo una impresión. En España, únicamente el 16 % del profesorado participante en TALIS 2024 consideró que los docentes están valorados por la sociedad, frente al 22 % de media de la OCDE. Al mismo tiempo, un 64 % señaló el exceso de trabajo administrativo como fuente de estrés. Son datos del perfil español de profesorado y condiciones docentes elaborado por la OCDE.
La legislación afirma precisamente lo contrario de lo que perciben muchos profesionales. El artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación establece que las administraciones deben procurar que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.
El reconocimiento está escrito.
Ahora falta que exista en la vida real.
Los docentes no solo enseñan una materia. Atienden grupos diversos, adaptan contenidos, detectan problemas de aprendizaje, gestionan conflictos, acompañan situaciones personales y se comunican con familias. Además, deben justificar documentalmente gran parte de lo que hacen.
Muchos terminan la jornada lectiva y continúan trabajando en casa. Corrigen, preparan clases, responden comunicaciones y completan tareas administrativas. A esa carga se suma la presión emocional de atender a alumnos con necesidades muy diferentes sin contar siempre con profesionales de apoyo suficientes.
Después llega una familia y reduce todo ese trabajo a una pregunta: «¿Por qué mi hijo tiene un cuatro?».
Puede que esa nota deba revisarse.
También puede que el alumno haya obtenido exactamente el resultado correspondiente a su trabajo.
Aceptar esta posibilidad se ha convertido casi en un acto revolucionario.
Hay padres profundamente comprometidos con la educación. Familias que colaboran, escuchan y agradecen el trabajo de los centros. Sería injusto generalizar. Tampoco todos los docentes actúan correctamente ni todas las quejas familiares carecen de fundamento.
Pero negar la existencia de padres que han renunciado a educar no ayuda a nadie.
Algunos han delegado en la escuela la formación académica, la disciplina, los valores, la prevención de riesgos y la gestión emocional. Reclaman todos los derechos, pero se resisten a asumir obligaciones. Quieren que el hijo alcance buenos resultados sin alterar rutinas familiares, limitar pantallas, establecer horarios o exigir constancia.
Y cuando el sistema no produce el resultado deseado, culpan al profesor.
Quizá deberíamos dejar de obsesionarnos con las notas y comenzar a preocuparnos por lo que representan.
Un diez obtenido mediante memorización superficial no garantiza aprendizaje. Un aprobado regalado puede esconder carencias que aparecerán en el curso siguiente. Promocionar sin haber consolidado conocimientos no siempre evita el fracaso; puede desplazarlo.
La inclusión educativa no consiste en fingir que todos han alcanzado lo mismo. Consiste en proporcionar apoyos diferentes para que todos tengan oportunidades reales de avanzar. Eso requiere recursos, especialistas, tiempo y grupos manejables.
No se logra bajando artificialmente las expectativas.
Tampoco debemos pedir al profesorado que solucione problemas estructurales con entusiasmo personal. La vocación no sustituye la planificación. No cubre bajas, no reduce ratios, no elimina burocracia y no protege frente al desgaste psicológico.
El sistema se beneficia de la entrega de muchos docentes mientras ignora el precio que pagan por mantenerlo funcionando.
Hay profesores agotados que continúan porque aman su trabajo. Otros sienten ansiedad ante determinados grupos o reuniones familiares. Algunos se plantean abandonar. Muchos callan porque admitir cansancio parece incompatible con la imagen del docente vocacional.
Pero cuidar al profesorado también es cuidar al alumnado.
Una persona sobresaturada dispone de menos tiempo para preparar, escuchar, innovar y acompañar. No por falta de compromiso, sino porque los seres humanos tienen límites.
Necesitamos devolver a la nota su verdadero significado. Una calificación debe ofrecer información sobre el aprendizaje, no medir el valor del estudiante ni satisfacer las expectativas familiares.
Un suspenso no convierte a nadie en peor persona.
Una reclamación injustificada tampoco convierte a una familia en más protectora.
Educar significa enseñar que los actos tienen consecuencias. Que no siempre obtenemos lo que deseamos. Que la autoridad puede ser respetuosa. Que equivocarse no es una tragedia y que mejorar requiere trabajo.
La escuela debe revisar sus métodos, actualizarse y escuchar. Pero las familias también necesitan mirarse a sí mismas.
Antes de preguntar al profesor por qué suspendió el alumno, quizá convenga formular otra pregunta en casa:
«¿Qué hiciste tú para aprender?».
Puede que esa pregunta no cambie inmediatamente la nota.
Pero empezará a cambiar la educación.
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
