El presidente puede utilizar legalmente la residencia oficial, pero eso no convierte un bien público en una casa de vacaciones abierta a familiares, amigos y compañeros políticos.
La Mareta no pertenece a Pedro Sánchez, ni a Begoña Gómez, ni al PSOE. Tampoco es una vivienda privada que el presidente del Gobierno haya adquirido con su sueldo para organizar en ella encuentros familiares o invitar a quien considere oportuno.
La Mareta es patrimonio público. Una residencia oficial gestionada por Patrimonio Nacional y mantenida con el dinero de todos los españoles. Es cierto que Pedro Sánchez puede utilizarla legalmente como presidente del Gobierno, incluso durante sus vacaciones. Conviene decirlo con claridad para no confundir la crítica política con una acusación falsa. Pero una cosa es tener derecho a alojarse en una residencia oficial y otra muy diferente actuar como si se tratara de un chalet particular.
Según ha publicado OKDIARIO, Salvador Illa y su esposa permanecieron tres noches en La Mareta, invitados por Pedro Sánchez. El mismo medio asegura que posteriormente también se alojaron allí el aventurero y presentador Jesús Calleja y su pareja, además de familiares del presidente.
Son informaciones publicadas por dicho periódico que deberían recibir una explicación oficial. Porque, si se confirma que una residencia sufragada por los contribuyentes está siendo utilizada reiteradamente para alojar a amigos y familiares, los ciudadanos tienen derecho a conocer quién autoriza esas estancias, qué gastos generan y quién los paga.
Aquí no se está cuestionando que el presidente descanse. Pedro Sánchez, como cualquier trabajador, tiene derecho a disfrutar de vacaciones. Lo discutible es que convierta un palacio propiedad del Estado en una especie de complejo vacacional reservado para su círculo de confianza.
Cada invitación lleva aparejado un dispositivo: seguridad, personal de servicio, mantenimiento, vehículos y, en determinados casos, alojamiento y desplazamiento de escoltas. La presencia de Salvador Illa habría obligado, según la información publicada, a trasladar hasta Lanzarote a miembros de los Mossos d’Esquadra, que se alojaron fuera de La Mareta. Todo ello pese a tratarse, aparentemente, de una visita privada y no de una reunión institucional.
La pregunta resulta inevitable: ¿cuánto cuesta realmente a las arcas públicas esta sucesión de visitas?
No basta con responder que el presidente puede utilizar La Mareta. También puede emplear medios oficiales cuando las necesidades de su cargo lo requieren, pero eso no significa que exista un cheque en blanco para mezclar permanentemente lo institucional con lo personal.
La legalidad es el suelo mínimo exigible a cualquier gobernante. Después vienen la ejemplaridad, la prudencia y el respeto al dinero público.
Además, estas vacaciones se producen mientras Ceuta atraviesa una grave presión migratoria y sus autoridades reclaman una mayor intervención del Gobierno de España. No se trata de afirmar que un presidente tenga que permanecer encerrado en su despacho las veinticuatro horas, pero sí de exigir que transmita la sensación de estar al mando cuando una parte del territorio nacional vive una situación especialmente delicada.
Mientras desde Ceuta se solicitan soluciones, coordinación y recursos, desde Lanzarote llegan noticias de baños, excursiones y nuevas visitas al palacio. La imagen política es, como mínimo, desafortunada.
La Mareta ha sido utilizada anteriormente por otros presidentes del Gobierno y por mandatarios internacionales. No es un invento de Pedro Sánchez ni constituye por sí sola un privilegio irregular. Pero la reiteración de estancias privadas de personas próximas al presidente obliga a marcar una frontera clara entre el uso oficial y el disfrute particular.
Esa frontera no puede depender únicamente de la voluntad de quien ocupa temporalmente La Moncloa.
El Gobierno debería publicar el régimen de utilización de La Mareta, identificar qué gastos son asumidos por Patrimonio Nacional y aclarar si los invitados privados pagan su manutención, desplazamientos o servicios. La transparencia acabaría rápidamente con cualquier sospecha.
Pedro Sánchez parece haber olvidado una cuestión elemental: La Mareta estará allí cuando él abandone el Gobierno. Él es únicamente un usuario temporal de una propiedad que pertenece al Estado.
Puede descansar en ella porque ocupa la Presidencia del Gobierno. Lo que no debería hacer es comportarse como su propietario.
Porque La Mareta es una residencia oficial, no el chalet de verano de los Sánchez-Gómez. Y mucho menos una casa de huéspedes para los amigos del presidente con la factura enviada a los españoles.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
