El consejero de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito, fijó ayer en el 7 de julio de 2017 el inicio del procedimiento de compra a la familia de Román Rodríguez de tres fincas en Amurga por 4 millones de euros. Antonio Morales, presidente del Cabildo, y el propio Román Rodríguez habían llevado hasta el año 2014 el comienzo de este proceso, coincidiendo con la etapa al frente de la corporación de José Miguel Bravo de Laguna. «El origen del expediente está en el 2014 y en el 2015 se le traslada al Cabildo la necesidad de que ese espacio se pueda comprar», aseguró el lunes Antonio Morales. «Ya intentaron vender la finca al Cabildo cuando yo estaba en la oposición en la institución», detalló también Román Rodríguez el mismo lunes.
Pedro Justo defendió la pulcritud del expediente para poder acometer una política de reforestación en Amurga. El consejero, y responsable de Patrimonio, hizo ayer un repaso del proceso administrativo que se inició hace 18 meses, y que se cerró con su aprobación en un Consejo de Gobierno extraordinario y urgente el 28 de diciembre de 2018.
El trámite, según su propio relato, se inicia el 7 de julio de 2017, cuando los técnicos de Medio Ambiente ponen sobre la mesa la posibilidad de adquirir terrenos «con vocación forestal y ambiental». Esta exposición dista de las manifestaciones de Antonio Morales y Román Rodríguez, que han defendido hasta ahora que ya en la etapa de Bravo de Laguna se iniciaron los trámites.
Pedro Justo defendió que la política de compra actual rompe con la tradición, apostando por un proceso reglado y público, además de habilitar una partida específica para ello. Este año que acaba de concluir contaba con un presupuesto de diez millones, y la misma cuantía se acaba de aprobar para 2019.
«De una noticia estupenda de comprar terrenos favorables para Gran Canaria, tenemos que explicar ahora lo otro. Se compró porque era interesante para Gran Canaria, no por ser de quiénes eran», alegó el consejero, después de la polémica generada porque detrás de la operación se encuentra la familia de Román Rodríguez. Aunque señaló que es necesario informar a la población para despejar cualquier sospecha, acusó a LA PROVINCIA / DLP de publicar «falsedades». Negó que se hubiera otorgado a esta compra privilegios, e insistió en que desconocía quiénes eran los dueños de las tierras, y en que se enteró por este medio tras aprobarse.
A su vez, negó que el informe oficial que avaló la operación aprobada el 28 de diciembre en un consejo extraordinario y urgente se redactara a posteriori en enero. Sin embargo, el presidente Morales entregó a la prensa el viernes como informe oficial un documento de Medio Ambiente que tiene fecha de registro de entrada el 17 de enero (cuya cabecera habla de informe técnico). Según su explicación, esas tres hojas solo tienen carácter explicativo. A pesar de todo, admitió que fue un error entregarlo como si fuera parte del expediente. Pedro Justo apuntó que la compra se cerró con seis informes particulares, de los técnicos de Medio Ambiente, Patrimonio, Intervención y de la Asesoría Jurídica.
El consejero, que estuvo acompañado por el jefe del Servicio de Medio Ambiente, Luis Fernando Arencibia; y el coordinador forestal y responsable de las adquisiciones del Cabildo, Carlos Velázquez, defendieron tanto el interés de las fincas adquiridas como la valoración económica. En este sentido, apuntaron que si se elevó la cantidad sobre el precio base del concurso, fijado en 50 céntimos por metro cuadrado, es porque disponían de una casa cueva, una pista de acceso y un naciente, entre otras mejoras.
El responsable de Patrimonio descartó parar la compra, porque se expondrían a una denuncia por prevaricación. «El expediente es pulcro, tiene un nivel de publicidad y objetividad enorme, y los informes técnicos son perfectos», sentenció.
La Provincia-Dlp
