Durante años hemos escuchado que el periodismo tiene una función esencial en la sociedad: fiscalizar al poder, denunciar las injusticias y dar voz a los ciudadanos. Nadie puede discutir esa misión. Sin embargo, tan importante como denunciar es contrastar; tan importante como publicar es escuchar; y tan importante como informar es no convertirse en parte interesada del conflicto. El caso de la Sala La Bella Época abre precisamente ese debate.
La demanda de conciliación presentada por la empresa Cadena Macro Disco Shock S.L. no gira únicamente sobre una noticia concreta. Lo que realmente pone sobre la mesa es si determinadas afirmaciones difundidas públicamente respondían a hechos acreditados o a una narrativa construida a partir de testimonios parciales, sospechas y valoraciones personales.
Durante meses se trasladó a la opinión pública la imagen de un establecimiento supuestamente rodeado de irregularidades, carente de condiciones adecuadas de seguridad y cuya reapertura podía generar riesgos para las personas. Incluso se llegó a hablar de posibles incendios, problemas estructurales, ausencia de licencias y actuaciones de distintas administraciones.
Sin embargo, la empresa sostiene exactamente lo contrario: que dispone de la documentación exigida, que los técnicos competentes han emitido informes favorables, que cuenta con licencia municipal y que las resoluciones administrativas citadas por algunos no son firmes o han sido recurridas ante los tribunales.
Y aquí aparece la pregunta que muchos ciudadanos se hacen: si existía una versión tan diferente de los hechos, ¿por qué no fue expuesta con la misma intensidad que las acusaciones?
Porque una cosa es informar sobre la preocupación de unos vecinos y otra muy distinta convertir esas preocupaciones en una verdad absoluta antes de que los organismos competentes se pronuncien definitivamente.
EL MISTERIO DE «LOS VECINOS»
Otro aspecto que merece atención es la continua referencia a «los vecinos». La expresión transmite la sensación de una movilización generalizada de todo un barrio. Sin embargo, conforme avanzan los acontecimientos surge una cuestión legítima: ¿realmente existía una oposición vecinal masiva o el protagonismo recaía principalmente en determinadas personas concretas? La diferencia no es menor.
Cuando se habla de «los vecinos» se genera la percepción pública de que una comunidad entera está alarmada. Pero si las denuncias proceden fundamentalmente de unos pocos ciudadanos especialmente activos, el escenario cambia considerablemente. La opinión pública tiene derecho a conocer esa diferencia. Porque no es lo mismo una protesta colectiva que una disputa localizada entre particulares.
LA OBLIGACIÓN DE ESCUCHAR A TODAS LAS PARTES
Existe una regla elemental en cualquier actividad informativa seria: escuchar a todas las partes implicadas. Cuando alguien es acusado públicamente de incumplir normas de seguridad, de carecer de licencias o de poner en peligro a terceros, parece razonable que tenga la oportunidad de explicar su posición antes de ser sometido al juicio de la opinión pública. No se trata de proteger a empresas ni de silenciar a vecinos.
Se trata de algo mucho más sencillo: garantizar que los ciudadanos reciban toda la información disponible para que puedan formarse una opinión propia. Cuando una sola versión monopoliza el relato durante meses, la frontera entre información y activismo comienza a difuminarse peligrosamente.
¿PERIODISMO O CAMPAÑA?
La empresa va más allá y sostiene que existe una intención reiterada de perjudicar su actividad. Esa acusación es grave y, naturalmente, deberá ser demostrada si pretende prosperar judicialmente. Pero la mera existencia de esa afirmación obliga a reflexionar sobre el papel que deben desempeñar los medios de comunicación. El periodismo tiene una enorme capacidad para influir en la reputación de personas y empresas. Una noticia puede afectar a la imagen pública construida durante décadas. Una acusación repetida una y otra vez puede generar daños difíciles de reparar incluso aunque posteriormente se demuestre que era incorrecta. Por eso la prudencia debería ser una obligación profesional y no una opción.
LA JUSTICIA TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA
A estas alturas ya no estamos únicamente ante un conflicto sobre una sala de fiestas. Estamos ante un debate más profundo sobre los límites de la información, la responsabilidad de quien comunica y el derecho de cualquier ciudadano o empresa a defender su honor cuando considera que ha sido injustamente perjudicado. Los tribunales determinarán si existió o no vulneración de derechos.
Los jueces decidirán si las expresiones utilizadas estaban amparadas por la libertad de información o si cruzaron la línea que separa la crítica legítima de la difamación.
Pero independientemente del resultado judicial, hay una enseñanza evidente. En democracia nadie debería ser condenado primero y escuchado después. Porque la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Y precisamente por eso exige una responsabilidad igualmente fundamental: que la búsqueda de la verdad esté siempre por encima de cualquier interés personal, empresarial, político o mediático. Cuando eso ocurre, gana la sociedad. Cuando no ocurre, tarde o temprano, la verdad termina llamando a la puerta del juzgado.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
