Hay situaciones en política que pueden ser legales, pero aun así dejan preguntas en el aire. Y eso fue lo que ocurrió en el Pleno de Telde con el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, del PP.
El edil defendió que su actividad privada como arquitecto es compatible con su cargo público y se apoyó en un informe del secretario municipal. Nadie está diciendo que exista una ilegalidad acreditada. Pero la política no solo se mide por lo que permite la ley, sino también por la ejemplaridad que perciben los ciudadanos.
Héctor Suárez puso sobre la mesa una duda política: si un concejal del Gobierno municipal mantiene actividad privada relacionada con expedientes que pasan por el Ayuntamiento, ¿basta con decir que todo es legal o conviene dar explicaciones claras, serenas y completas?
Y ahí empezó el problema.
Si todo estaba tan claro, ¿por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué una pregunta política acabó en un enfrentamiento tan tenso? ¿Por qué Iván Sánchez no se limitó a explicar los expedientes y terminó entrando en alusiones personales sobre un asunto judicial que afecta a Héctor Suárez y que nada tenía que ver con la cuestión planteada?
Cuando el foco apunta a una pregunta incómoda y la respuesta termina mirando hacia quien pregunta, la duda no desaparece. Al contrario, crece.
Ahora, además, Héctor Suárez ha anunciado acciones legales contra Iván Sánchez por sus palabras en el Pleno, lo que convierte aquel rifirrafe político en un conflicto de mayor alcance.
Puede que jurídicamente todo esté en orden. Puede que el informe ampare al concejal. Pero la política no vive solo de informes. Vive también de confianza, de prudencia y de coherencia.
Y esa es la gran cuestión: ¿están actuando quienes hoy gobiernan con la misma exigencia moral que reclamaban cuando estaban en la oposición?
Porque la legalidad es obligatoria.
La ejemplaridad, en cambio, retrata a cada uno.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
