Nuevas diligencias judiciales vuelven a poner el foco sobre el Centro Penitenciario Las Palmas II, donde funcionarios alertan de una situación “insostenible” en materia sanitaria, de control interno y condiciones de internamiento.
Según las fuentes consultadas por ONDA GUANCHE, existe petición de penas de prisión por parte de la Fiscalía por hechos ocurridos en el Centro Penitenciario Las Palmas II, ubicado en Juan Grande, ha vuelto a poner en el centro del debate la situación interna de este recinto penitenciario.
Según denuncian fuentes penitenciarias, el caso no sería un episodio aislado, sino la expresión de una problemática más amplia que vendría repitiéndose en el tiempo dentro del centro. Los hechos investigados, por su gravedad, han generado una profunda preocupación entre trabajadores y personas conocedoras del funcionamiento interno de la prisión.
Uno de los aspectos que más inquietud provoca es la aplicación de medidas de aislamiento a internos. Las fuentes consultadas recuerdan que la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que este tipo de decisiones deben adoptarse conforme a un procedimiento reglado y bajo la responsabilidad de los órganos competentes del centro. Por ello, consideran necesario aclarar quién autorizó determinadas medidas y bajo qué criterios se adoptaron.
A esta preocupación se suman varios episodios graves registrados en los últimos años en el penal de Juan Grande. Entre ellos, la muerte de un interno en una celda de aislamiento tras sufrir dolores compatibles con un infarto. Según las denuncias, las condiciones de esa celda habrían sido objeto de especial atención por la falta de ventilación natural, circunstancia que agrava las dudas sobre el estado de determinados espacios de internamiento.
También se señala el fallecimiento de otro interno en la enfermería del centro tras atragantarse con un hueso de pollo. De acuerdo con el relato trasladado por fuentes penitenciarias, en ese momento no habría asistencia médica suficiente, y habría sido otro interno quien intentó auxiliarlo. Este episodio ha sido citado como ejemplo de las carencias sanitarias que, según estas mismas fuentes, afectan al funcionamiento ordinario del centro.
Otro de los casos mencionados es el intento de suicidio de una interna que llegó a prenderse fuego, un suceso que apunta, según las denuncias, a posibles fallos en el seguimiento médico, el control de medicación y la vigilancia de personas especialmente vulnerables.
Asimismo, se recuerda el caso de un interno conocido como DAC, ocurrido en 2025, que habría acudido en reiteradas ocasiones a enfermería aquejado de fuertes dolores. Según las fuentes, la gravedad de su estado no fue detectada a tiempo y solo fue trasladado al hospital cuando entró en parada cardiorrespiratoria, llegando ya sin vida.
Estos hechos han generado una pregunta de fondo entre trabajadores y familiares: cuántos episodios graves deben acumularse para que se revisen en profundidad los protocolos internos del centro penitenciario.
Las denuncias apuntan a un posible patrón de fallos en la atención médica, en la supervisión de internos, en las condiciones de internamiento y en la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Por ello, reclaman una investigación exhaustiva que permita determinar si se actuó conforme a la normativa penitenciaria y si existieron responsabilidades administrativas, sanitarias o de gestión.
Desde el ámbito penitenciario se insiste en que un centro de estas características no puede funcionar con dudas permanentes sobre la seguridad, la asistencia sanitaria y la protección de la vida de las personas internas. La privación de libertad, recuerdan, no puede implicar en ningún caso la pérdida del derecho a una atención digna ni a unas condiciones mínimas de seguridad.
La gravedad de los hechos exige, según las fuentes denunciantes, algo más que explicaciones puntuales. Reclaman medidas urgentes, revisión de protocolos, depuración de responsabilidades si las hubiera y una investigación profunda sobre lo ocurrido en la prisión de Juan Grande.
Lo que está en juego, sostienen, no es solo la gestión de un centro penitenciario, sino el respeto básico a la vida, la dignidad humana y las garantías que deben regir en cualquier institución dependiente del Estado.
