Cuando en una investigación empiezan a salir palabras como: “beneficiarios finales”, “tráfico de influencias”, “blanqueo de capitales”, “organización criminal”, “sociedades instrumentales” o “correos eliminados”… uno entiende que la Audiencia Nacional no está investigando precisamente un impago del comedor escolar.
España tiene algo maravilloso: aquí cualquier escándalo político empieza siendo una “teoría conspirativa de cuatro locos” y termina con la UDEF entrando a registros, analizando correos electrónicos, interviniendo agendas, revisando sociedades internacionales y buscando hasta los borradores eliminados del correo electrónico. Y entonces ya no se llama bulo. Se llama diligencias previas.
El llamado caso Plus Ultra ha dejado de ser hace tiempo una simple discusión sobre si una aerolínea debía o no recibir 53 millones de euros públicos. Ahora mismo la investigación judicial parece más una mezcla entre “Narcos”, “La Casa de Papel”, “House of Cards” y un capítulo perdido de “Cuarto Milenio”.
Porque la cosa ya no va solo de aviones. Ahora aparecen:
- correos electrónicos,
- sociedades en Dubái,
- petróleo venezolano,
- oro,
- agendas,
- joyas,
- cuentas internacionales,
- y un expresidente del Gobierno investigado mientras asegura que todo es mentira.
Y claro, cuando en una investigación empiezan a salir palabras como: “beneficiarios finales”, “tráfico de influencias”, “blanqueo de capitales”, “organización criminal”, “sociedades instrumentales” o “correos eliminados”… uno entiende que la Audiencia Nacional no está investigando precisamente un impago del comedor escolar.
La imagen es casi cinematográfica.
Mientras media España discutía durante años si aquello del viaje de Delcy Rodríguez a Barajas había sido una simple visita diplomática o un episodio de “Misión Imposible Caracas Edition”, ahora aparecen investigaciones sobre oro venezolano, negocios petroleros y estructuras empresariales internacionales. Y automáticamente muchos ciudadanos vuelven a hacerse la misma pregunta:
“Entonces… ¿qué demonios había realmente en aquellas famosas maletas?”
Pruebas judiciales de que llevaban oro: ninguna.
Sospechas políticas y teorías durante años: todas las del mundo.
Y mientras tanto, España observando el espectáculo como quien ve una serie y no sabe si va por la tercera temporada o por el final.
Porque el auto judicial ya habla directamente de:
- análisis de sociedades internacionales,
- conexiones con Venezuela,
- movimientos económicos,
- y acceso completo a correos electrónicos relacionados con el entorno investigado.
La UDEF quiere hasta los mensajes borrados. O sea, ese momento en el que más de uno habrá pensado:
“Menos mal que vacié la papelera del correo…”Error.
La UDEF también quiere la papelera. Y los borradores. Y los adjuntos. Y prácticamente hasta el historial emocional del Outlook.
Y entonces llega Ferraz 35.
Los agentes entran, registran, fotografían, incautan agendas, discos duros, memorias USB y joyas. Muchas joyas. El acta describe pendientes, collares, pulseras y relojes como si aquello fuera el catálogo de una joyería de lujo en plena Gran Vía.
Eso sí, judicialmente conviene aclararlo:
el acta no dice que las joyas sean ilegales ni que procedan de delito alguno. Según se manifestó durante el registro, parte serían herencias y regalos de viajes.
Pero claro… España es España.
Y cuando un ciudadano escucha:
- Venezuela,
- oro,
- Dubái,
- Plus Ultra,
- rescates públicos,
- joyas,
- sociedades internacionales,
- y correos borrados, la imaginación nacional se activa sola sin necesidad de gasolina.
Mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero lo niega absolutamente todo. Dice que jamás intervino en el rescate, que no hizo gestiones y que estamos ante una persecución política.
Y aquí aparece el gran choque nacional:
- unos ya lo presentan como el cerebro de una red internacional,
- otros como víctima de una cacería política,
- y mientras tanto el juez sigue ordenando diligencias porque considera que hay indicios suficientes para seguir investigando.
Lo verdaderamente delicado del asunto no es solo el dinero.
Ni siquiera las joyas.
Ni el oro.
Ni las maletas.
Lo realmente grave sería que la investigación consiguiera demostrar que hubo una estructura organizada capaz de utilizar influencia política para mover decisiones públicas y generar beneficios privados alrededor de dinero del Estado.
Ahí ya no hablaríamos de un simple escándalo político.
Hablaríamos de una de las mayores bombas institucionales de los últimos años en España.
De momento, la causa sigue abierta.
No hay sentencia.
No hay condena.
Pero tampoco parece una investigación menor precisamente.
Y España sigue mirando la serie.
Solo que esta vez los guionistas llevan toga, placa de la UDEF y sello de la Audiencia Nacional.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
