Liberación Canaria defiende una educación pública capaz de sostenerse ante el clima que ya tenemos, con centros preparados de antemano y no dependientes de lo que se improvise cada verano.
El confort térmico y la calidad del aire son parte material del derecho a la educación, no un añadido. Las olas de calor ya afectan al aprendizaje del alumnado, a su salud y a las condiciones laborales del personal educativo.
El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha medidas que reconocemos como positivas con un protocolo ante altas temperaturas, 240 sensores repartidos en 120 centros, zonas de sombra, proyectos de naturalización e instalaciones fotovoltaicas.
Son pasos necesarios, pero insuficientes.
Falta un inventario climático completo de todos los centros, faltan presupuestos territorializados, falta mantenimiento garantizado en el tiempo y falta una planificación que permita saber, con datos, qué centros siguen sin condiciones térmicas adecuadas.
Sin esa información, el problema se gestiona a ciegas. Y a ciegas, quienes peor lo pasan son siempre los mismos, es decir, los municipios con menos recursos, las islas no capitalinas, los centros rurales con menos alumnado.
La falta de planificación traslada el coste del calor a quienes tienen menos capacidad de reclamar soluciones. Esa es responsabilidad directa de quien gobierna y decide las prioridades presupuestarias en Educación.
Desde Liberación Canaria proponemos un Plan Nacional Canario de Adaptación Climática Educativa, que cubra escuelas infantiles, colegios, institutos, Formación Profesional y universidades.
Un plan que combine protección solar, aislamiento y cubiertas adaptadas; patios climáticos, arbolado y zonas de sombra; agua potable accesible y refugios climáticos; ventilación y filtración frente a la calima, con control de CO₂; climatización eficiente donde resulte necesaria; energía fotovoltaica, refuerzo eléctrico y mantenimiento permanente; y protocolos coordinados con Sanidad, Emergencias y prevención laboral.
Cada centro necesita una auditoría técnica propia. Cada inversión debe indicar presupuesto, ejecución, mantenimiento y resultados, con datos públicos y verificables.
Ningún municipio, ninguna isla no capitalina y ningún centro rural puede quedar relegado por tener menos alumnado o mayores costes logísticos.
Canarias tiene la capacidad de anticiparse, de invertir con criterio y de garantizar centros educativos seguros ante el clima presente y el que viene.
El territorio es el país, y también lo son las aulas donde el país se está formando.
