Cualquier reforma laboral será insuficiente si no incorpora financiación, profesionales, planificación y respeto hacia quienes sostienen diariamente los hospitales y centros de salud.
Por Vidal Bolaños Betancort
La sanidad pública canaria lleva demasiado tiempo funcionando gracias al esfuerzo extraordinario de sus profesionales. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, técnicos, administrativos y demás trabajadores han convertido la sobrecarga en rutina y la falta de recursos en un problema que intentan resolver diariamente con compromiso personal.
Pero ninguna organización puede depender indefinidamente del sacrificio de quienes trabajan en ella.
El debate sobre el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad evidente: mejorar las condiciones laborales es imprescindible, pero aprobar derechos sin garantizar los recursos necesarios para aplicarlos puede terminar generando nuevas dificultades.
El gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, ha cuestionado públicamente la viabilidad económica y organizativa de la reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad. Entre sus advertencias se encuentra el coste inicial, estimado en más de 250 millones de euros, y la necesidad de incorporar personal si se reorganizan las guardias y las jornadas laborales.
La cuestión no debería convertirse en otra batalla partidista. Tampoco puede reducirse a decidir quién gana una discusión entre administraciones y sindicatos. Lo verdaderamente importante es saber si la reforma permitirá que los profesionales trabajen en mejores condiciones y que los pacientes reciban una atención más rápida, humana y segura.
Reducir jornadas excesivas y evitar guardias agotadoras parece razonable. Un profesional sanitario exhausto no solamente sufre un deterioro de su salud física y mental. También debe asumir decisiones de enorme responsabilidad en condiciones que pueden aumentar el riesgo de errores.
Sin embargo, reducir las horas de trabajo sin contratar suficientes profesionales trasladaría la carga hacia otros compañeros o provocaría una disminución de la capacidad asistencial. Las medidas laborales deben acompañarse de una planificación realista de plantillas, sustituciones, formación y financiación.
Canarias presenta, además, dificultades particulares. La fragmentación territorial obliga a mantener servicios en diferentes islas, existen problemas para cubrir determinadas especialidades y numerosos pacientes deben desplazarse para recibir tratamientos o pruebas. No se puede aplicar cualquier reforma como si todos los territorios tuvieran las mismas características.
La huelga médica desarrollada en Canarias dejó consecuencias que no pueden ignorarse. Entre diciembre de 2025 y abril de 2026 fueron aplazadas 1.496 intervenciones quirúrgicas, 57.299 consultas y 2.906 pruebas diagnósticas, según datos atribuidos a la Consejería de Sanidad.
Detrás de cada número había una persona esperando. Había familias preocupadas, pacientes pendientes de un diagnóstico y ciudadanos cuya calidad de vida dependía de una intervención. El conflicto laboral no puede valorarse solamente por su coste económico, porque su consecuencia más grave recae sobre quienes necesitan asistencia.
Esto no significa culpabilizar a los profesionales por ejercer su derecho a reclamar condiciones dignas. La responsabilidad principal corresponde a quienes permiten que los problemas se acumulen hasta que el conflicto se vuelve inevitable. Cuando durante años no se escucha a los trabajadores, llega un momento en que el malestar termina afectando a todo el sistema.
Las listas de espera son uno de los síntomas más visibles, pero no el único. También existe cansancio emocional, dificultad para conciliar, temporalidad, pérdida de profesionales y una burocracia que resta tiempo a la atención directa. En Atención Primaria, muchos médicos apenas disponen de unos minutos por paciente. En esas condiciones es difícil escuchar, explicar y acompañar.
La tecnología puede ayudar, pero no sustituye la relación humana. Una aplicación puede ordenar citas y un sistema informático puede agilizar informes, pero ninguna pantalla reemplaza una consulta realizada con tiempo suficiente. Digitalizar un sistema saturado no elimina automáticamente su saturación.
Canarias necesita atraer profesionales y conseguir que permanezcan en las islas. Para ello no basta con convocar plazas. Es necesario ofrecer estabilidad, posibilidades de promoción, vivienda accesible en las islas donde exista mayor dificultad de cobertura y condiciones compatibles con una vida digna.
También debemos cuidar la salud mental de quienes nos cuidan. El contacto diario con el dolor, la enfermedad y la muerte tiene consecuencias. Si a esa carga emocional añadimos turnos prolongados, falta de personal y presión asistencial, el desgaste resulta inevitable. Pedir ayuda no debería interpretarse como debilidad, y los servicios de apoyo psicológico tendrían que ser accesibles y confidenciales.
El nuevo Estatuto Marco puede convertirse en una oportunidad si se negocia con rigor. Para ello debe escuchar a todas las categorías profesionales, incorporar las particularidades de las comunidades autónomas y disponer de una memoria económica clara. Los derechos que no cuentan con financiación corren el peligro de quedarse en declaraciones bien intencionadas.
Los ciudadanos no necesitan otra guerra de comunicados. Necesitan consultas, pruebas, operaciones y profesionales que puedan atenderlos sin trabajar permanentemente al límite.
La sanidad pública es uno de los mayores logros colectivos de nuestra sociedad. Defenderla no consiste únicamente en repetir que es universal y gratuita. Consiste en dotarla de recursos, exigir una gestión eficiente, cuidar a sus trabajadores y colocar al paciente en el centro.
Si continuamos sosteniéndola mediante horas extraordinarias, vocación y agotamiento, llegará un momento en que ni siquiera el compromiso de sus profesionales podrá evitar su deterioro. La sanidad canaria no se cura con discursos. Se cura con planificación, financiación, diálogo y respeto.
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
