Marlaska negó que existieran avisos; Robles confirmó que el CNI alertó; Elma Saiz rechazó un informe que reconoció no haber leído y Sánchez exculpó rotundamente a Marruecos mientras la Policía describe la actuación de agentes marroquíes.
Según el informe policial al que ha tenido acceso Onda Guanche, la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio no fue una avalancha espontánea provocada únicamente por unos mensajes difundidos a través de las redes sociales.
El Gobierno repite que no miente. Y ese es precisamente el problema: mientras los ministros proclaman su amor por la verdad, los documentos oficiales, las fechas y sus propias declaraciones comienzan a desmentirlos.
La Policía sostiene que existió planificación previa, dirección estratégica, organización por fases, control sobre el terreno y una capacidad técnica que no estaba al alcance de las organizaciones criminales conocidas. Habla, además, de fuerzas de seguridad marroquíes que no se limitaron a mirar hacia otro lado, sino que habrían participado en el “guiado activo” de la multitud hacia los lugares de paso.
Frente a estas conclusiones policiales, Pedro Sánchez decidió dictar sentencia antes de que terminara la investigación. El presidente afirmó que la posible participación de las autoridades marroquíes la negaba “rotundamente” y desplazó las sospechas hacia redes vinculadas a Rusia, Israel y una denominada “internacional ultraderechista”. Lo hizo reconociendo al mismo tiempo que el Gobierno todavía no tenía un conocimiento completo de lo sucedido. Reuters recogió tanto esa exculpación categórica de Marruecos como la ausencia de detalles sobre las pruebas contra Rusia e Israel.
Es difícil sostener simultáneamente que todavía no se conoce todo lo ocurrido y que se puede absolver rotundamente a una de las partes señaladas por una investigación policial. La prudencia no consiste en investigar a unos y exonerar anticipadamente a otros según convenga a la política exterior de La Moncloa.
Marlaska y los avisos que, según él, nunca existieron
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que no hubo ningún informe ni aviso que permitiera prever “nada parecido” a lo sucedido en Ceuta. Posteriormente fue estrechando su versión hasta afirmar que no existió una advertencia que anticipara concretamente la entrada de más de 70.000 u 80.000 personas.
Pero el informe policial incorpora una cronología que no admite demasiados juegos de palabras.
El 27 de julio, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta remitió al Centro Nacional de Comunicaciones un formulario cuyo asunto advertía de una posible “entrada masiva a nado”. Dos días después, el 29 de julio, el CENIF emitió una alerta sobre el riesgo de entradas irregulares en Ceuta y Melilla previsto precisamente para el día 30.
Es verdad que esos avisos no cuantificaban que entrarían 72.000, 75.000 u 85.000 personas. Pero una alerta sirve para advertir del riesgo, no para adivinar con exactitud matemática cuántas personas cruzarán una frontera.
Aquí el Gobierno está mezclando deliberadamente dos preguntas diferentes. Una cosa es que no se conociera la dimensión exacta que alcanzaría la entrada y otra muy distinta afirmar que no existió ningún aviso. Lo primero puede ser cierto. Lo segundo choca frontalmente con los documentos citados por la propia Policía.
Robles contradice a Interior
La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó ante el Congreso que el CNI había advertido el 29 de julio de una convocatoria para entrar irregularmente a nado desde Marruecos. También reconoció que el Estado llegó tarde, admitió que algo se había hecho mal y pidió disculpas a los ciudadanos de Ceuta.
Marlaska sostiene que no hubo aviso. Robles afirma que sí lo hubo. La Delegación del Gobierno en Ceuta niega haberlo recibido. El informe del CENIF documenta otras comunicaciones policiales previas. Las versiones de Defensa e Interior son incompatibles entre sí.
Esto no es una diferencia de matices. O el CNI avisó a la Delegación del Gobierno o no la avisó. Ambas versiones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Alguien no está contando la verdad o alguien ha perdido el control de la información más delicada para la seguridad nacional.
Marruecos: de la pasividad al “guiado activo”
El informe no identifica todavía a la autoridad intelectual situada en el nivel superior de la operación. Tampoco existe, por ahora, una resolución judicial que atribuya al Gobierno marroquí la planificación de la entrada.
Pero eso no permite borrar lo que sí recoge el documento.
La Policía describe una presencia extraordinariamente reducida de fuerzas marroquíes en la frontera, agentes uniformados que daban indicaciones para acceder a España, individuos de paisano que dirigían y vigilaban a la multitud y escenas en las que algunos de esos sujetos parecían impartir instrucciones al personal uniformado.
El contraste con lo ocurrido el 15 de agosto resulta especialmente revelador. Ante una nueva convocatoria, Marruecos desplegó un dispositivo contundente, detuvo a centenares de personas e impidió que la tentativa alcanzara la frontera española. Cuando Marruecos quiso controlar el perímetro, lo controló. Cuando decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta, su estructura de seguridad permaneció prácticamente inoperante durante más de 48 horas.
La Policía no afirma todavía quién dio la orden superior, pero sí aporta elementos incompatibles con la exculpación rotunda pronunciada por Sánchez.
Las mafias tampoco sostienen el relato
Otra de las explicaciones utilizadas para apartar la mirada de Marruecos ha sido responsabilizar a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
El informe policial lo descarta con una claridad extraordinaria: no existe indicio alguno de que esas organizaciones promovieran o impulsaran la entrada masiva. Tampoco disponían de capacidad para movilizar entre 75.000 y 85.000 personas en pocas horas, ni tendría lógica económica organizar gratuitamente una operación de semejante tamaño.
Las mafias aprovecharon posteriormente el caos para cobrar traslados clandestinos desde Ceuta hasta la Península. Fueron beneficiarias oportunistas, pero no aparecen como organizadoras de la entrada.
El propio informe calcula que al menos el 90 % de quienes cruzaron regresó voluntariamente a Marruecos. Solo entre un 5 % y un 10 % habría tenido una verdadera intención migratoria. Por eso la Policía considera que la inmigración fue una cobertura formal para una operación cuyos objetivos principales eran diferentes: colapsar la frontera, saturar la capacidad española de respuesta y provocar consecuencias políticas, sociales e internacionales.
Negar un informe sin haberlo leído
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, reconoció públicamente que no había leído el informe, pero inmediatamente aseguró que no existía ninguna prueba contra las fuerzas marroquíes y proclamó que el Gobierno “no miente”.
La escena resume perfectamente la estrategia comunicativa de La Moncloa: primero se fija la conclusión política y después, si acaso, se leen los documentos.
Félix Bolaños pidió “máxima cautela” tras conocerse el contenido del informe. Esa cautela habría sido mucho más creíble si el presidente del Gobierno la hubiera aplicado antes de exculpar rotundamente a Marruecos y señalar a Rusia e Israel sin mostrar públicamente las pruebas. RTVE ha recogido estas contradicciones y el reconocimiento de Saiz de que no había leído el documento.
Que la jueza de la Audiencia Nacional ordenara preservar el informe dentro de la investigación puede explicar que sus conclusiones no fueran comunicadas a la dirección política de Interior. Lo que no borra son las alertas operativas emitidas antes del 30 de julio ni justifica que el Gobierno negara categóricamente hechos que todavía estaban investigándose.
La verdad que el Gobierno no puede esconder
El informe no permite afirmar todavía quién dio la orden final ni responsabilizar judicialmente al Gobierno de Marruecos. Pero permite afirmar algo políticamente demoledor: la versión oficial ofrecida por Sánchez y varios de sus ministros no encaja con lo que documentan los propios servicios policiales españoles.
Hubo alertas previas. Existió una movilización organizada. Las mafias no tenían capacidad para dirigirla. El objetivo de la mayoría no era emigrar. Hubo agentes marroquíes orientando los movimientos. Marruecos demostró posteriormente que podía cerrar la frontera cuando realmente quería hacerlo.
Mientras tanto, el Estado español fue incapaz de determinar con fiabilidad cuántas personas entraron, cuántas regresaron y cuántas permanecían en Ceuta. El informe contabiliza 82 cadáveres recuperados en aguas españolas y otros 14 reconocidos por Marruecos.
Ante una tragedia de estas dimensiones, España no necesita más propaganda ni ministros escondiéndose detrás de las palabras. Necesita conocer quién recibió las alertas, qué órdenes se impartieron, por qué no se reforzó la frontera y por qué el presidente del Gobierno tuvo tanta prisa en absolver a Marruecos.
Cuando un Gobierno ofrece versiones incompatibles, niega documentos que no ha leído y sustituye las explicaciones por acusaciones sin pruebas visibles contra terceros, ya no estamos ante un simple error de comunicación.
Estamos ante un relato político que se desmorona al primer contacto con los hechos.
