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COALICIÓN CANARIA PIDE CONSOLIDAR EN EUROPA UNA EXCEPCIÓN PERMANENTE PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS

Coalición Canaria (CC) Gran Canaria ha valorado positivamente la propuesta de la Comisión Europea de ampliar hasta 2035 la exención de la aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) al transporte aéreo y marítimo de las regiones ultraperiféricas (RUP), una medida que permitirá evitar un incremento de los costes de la movilidad de personas y mercancías entre Canarias y el resto del territorio nacional.

La formación considera que este avance responde al trabajo desarrollado por el Gobierno de Canarias y las instituciones del Archipiélago para trasladar a Bruselas las singularidades de las regiones ultraperiféricas y la necesidad de que la transición ecológica tenga en cuenta su realidad geográfica y económica.

El presidente de Canarias y secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha celebrado que la Comisión Europea haya atendido la petición de las nueve regiones ultraperiféricas y sus Estados miembros para prolongar esta exención más allá de 2030, aunque recordó que el objetivo siempre ha sido lograr que no tenga fecha de caducidad.

«Es una buena noticia que Bruselas haya decidido prolongar la excepción de la aplicación de la directiva de ETS a las regiones ultraperiféricas más allá de 2035, pero nos parece insuficiente. Las regiones ultraperiféricas hemos pedido desde el principio una excepción total a la aplicación de la directiva», ha afirmado.

Clavijo ha recordado que la aplicación de los ETS supondría un importante encarecimiento de la conectividad de Canarias, con un aumento del coste de los billetes aéreos y del transporte marítimo del que depende el abastecimiento de las islas, motivo por el que el Ejecutivo autonómico ha mantenido una intensa agenda de trabajo con la Comisión Europea y el Gobierno de España para defender la continuidad de esta excepción.

Asimismo, ha insistido en que la propuesta comunitaria tampoco incorpora otras reivindicaciones planteadas por Canarias, como extender esta excepción a las conexiones con cualquier Estado miembro de la Unión Europea y no únicamente con España.

Beatriz Calzada reclama que Europa tenga en cuenta la realidad de los puertos canarios

En la misma línea, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha reiterado que la decisión supone «un paso importante», aunque insistió en que la propuesta continúa sin reconocer plenamente las particularidades de los puertos canarios.

Calzada ha recordado que los puertos del Archipiélago son puertos de tránsito internacional y desempeñan un papel estratégico en las rutas marítimas entre continentes, una realidad que los diferencia de los puertos continentales y que, a su juicio, debería reflejarse en la normativa europea.

Además, ha señalado que, si finalmente no es posible alcanzar una excepción permanente para las regiones ultraperiféricas, la Unión Europea debe contemplar fórmulas que tengan en cuenta la condición de los puertos canarios y su elevada actividad de tránsito, evitando que pierdan competitividad frente a otros enclaves cercanos no sometidos a las mismas obligaciones.

Seguir defendiendo una solución definitiva para Canarias

Desde Coalición Canaria Gran Canaria han subrayado que la propuesta de la Comisión Europea constituye un avance importante para proteger la conectividad y la economía del Archipiélago, pero recuerdan que ahora comienza la negociación en el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

La formación considera que este proceso debe servir para consolidar una excepción permanente para las regiones ultraperiféricas, garantizando que las políticas climáticas europeas sean compatibles con la realidad de territorios como Canarias, cuya dependencia del transporte aéreo y marítimo está reconocida por la propia Unión Europea.

En este sentido, CC Gran Canaria reafirma su compromiso de seguir defendiendo, desde todas las instituciones, un marco europeo que proteja la igualdad de oportunidades de Canarias y evite que su condición ultraperiférica se traduzca en mayores costes para la ciudadanía y para la actividad económica de las islas.

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