El Gobierno de Clavijo ha cerrado un acuerdo millonario para poner fin a quince años de litigios provocados por la propia inacción de la Administración.
Se nos quiere vender como un éxito de gestión. Algo así como un mal menor, señalando a otros por su propia irresponsabilidad. Esta situación es, en realidad, el resultado de años de dejadez e incompetencia política que ahora paga la sociedad canaria.
La moratoria turística es un objetivo legítimo que nadie desarrolló bien
La llamada moratoria turística no nació para frenar la economía canaria, sino para ordenar el crecimiento desmesurado de un sector económico. El sector turístico.
A comienzos de siglo era evidente que el crecimiento de camas turísticas y la ocupación del territorio no podían seguir el mismo ritmo en un archipiélago con recursos limitados.
El Decreto Legislativo 1/2000 y las Directrices de Ordenación de 2003 fijaron ese principio de un desarrollo sostenible, respetuoso con el territorio y socialmente justo.
La Ley de 2003 introdujo además el concepto de capacidad de carga insular, es decir, el límite real de absorción de agua, energía, residuos, recursos y suelo que puede soportar cada isla
Veinticinco años después, ese índice sigue sin calcularse de forma homogénea para todo el Archipiélago. Solo hay estudios sueltos y diagnósticos incompletos.
Los responsables de la factura que pagamos son de Coalición Canaria, 2009
La actual deuda nace de un error concreto. La Ley 6/2009, aprobada bajo el Gobierno de Coalición Canaria con Paulino Rivero, calificó la ocupación turística del territorio como un problema estructural grave y estableció que, si Canarias retiraba suelo del desarrollo turístico por interés general, debía indemnizar a quienes tenían derechos consolidados.
El artículo que lo regulaba se redactó con tan mala técnica legislativa que olvidó regular el sentido del silencio administrativo.
Ese fallo abrió la puerta a los 37 expedientes que hoy cuestan 485 millones de euros a las arcas públicas.
Clavijo paga la indemnización y además devuelve el suelo
El acuerdo cerrado ahora por la Consejería de Obras Públicas, de nuevo en manos de Coalición Canaria, no se limita a pagar esos 485 millones.
El Gobierno de Clavijo renuncia también a retirar los suelos afectados del desarrollo turístico, que mantienen su clasificación urbanística previa.
El resultado de esta indecencia política es la construcción de más de veinte hoteles, resorts y promociones en Gran Canaria y Fuerteventura que pueden reactivarse.
Canarias paga una fortuna por una política pensada para frenar el crecimiento turístico y, encima, deja ese mismo suelo disponible para que el crecimiento continúe.
Lo que esos 485 millones significan de verdad
Esa cifra equivale a más del 20% del presupuesto anual completo de la Consejería de Educación, o al 18,5% de todo el gasto anual en nóminas del Servicio Canario de la Salud, casi una quinta parte de lo que cuesta pagar cada año a médicos, enfermería y personal sanitario.
Equivale también a doce ampliaciones como la prevista para el Hospital del Sur de Tenerife y supera todo el presupuesto anual que Canarias dedica a vivienda y fomento de la edificación.
Educación, sanidad, hospitales, vivienda eso es lo que se ha comprometido para cerrar un litigio que nunca debió llegar a este punto.
Clavijo debe responder
Si en 2009 la ocupación turística del territorio era un problema estructural grave, ¿por qué en 2026 el interés general pasa por mantener ese suelo disponible para nuevos desarrollos?
La sociedad canaria asume el coste completo mientras LOPESAN se atribuye unos 300 millones del acuerdo, y el suelo que debía protegerse queda libre para volver al mercado.
Liberación Canaria defiende que el territorio canario no es un espacio infinito sobre el que acumular actividad económica sin límite.
La soberanía territorial es la capacidad real de decidir sobre el uso del suelo según su capacidad de carga y el interés general del país, no según lo que resulte rentable urbanizar.
El sector turístico genera riqueza, pero también genera presión sobre los servicios, precariedad salarial, temporalidad laboral y turistificación.
Primero hay que decidir qué territorio necesita Canarias para garantizar vivienda, recursos, equilibrio ambiental e identidad. Después, qué actividad económica cabe dentro de esos límites. No al revés. El territorio no es el espacio que sobra después de satisfacer al mercado.
El territorio es el país. El país es nuestra gente, el derecho que tenemos como pueblo de habitarlo con dignidad, calidad de vida y oportunidades de progreso para desarrollar proyectos de vida aquí, en nuestra tierra.
Canarias tiene límites. No podemos seguir la senda de la destrucción territorial y la masificación y sin soberanía sobre nuestro devenir.
Liberación Canaria
