Los gobiernos no pueden esconder detrás del clima la falta de prevención, la acumulación de combustible forestal, la escasez de medios o el abandono del mundo rural.
Cada vez que España o Canarias sufren un gran incendio forestal aparece inmediatamente la misma explicación: el cambio climático. Antes incluso de conocer dónde comenzó el fuego, quién lo provocó o qué medidas preventivas se habían ejecutado, ya se señala al clima como responsable principal.
Pero el cambio climático no lleva una caja de fósforos, no arroja una colilla, no abandona una quema agrícola ni prende fuego deliberadamente al monte. Puede aumentar la sequedad de la vegetación, elevar las temperaturas y favorecer que las llamas avancen con mayor violencia, pero no puede utilizarse para esconder la causa inicial del incendio ni las responsabilidades humanas, políticas y administrativas.
Los datos oficiales resultan contundentes. Durante el periodo 2006-2015, el 80,77 % de los incendios y conatos forestales registrados en España tuvo origen humano: el 52,70 % fue intencionado y el 28,07 % estuvo relacionado con negligencias o accidentes. Solamente una pequeña parte se atribuyó a causas naturales como los rayos.
Por tanto, cuando arde un monte, la primera pregunta no puede ser solamente cuánto calor hacía. Hay que preguntar quién inició el fuego, por qué se propagó, cómo se encontraba el territorio, qué prevención se había realizado y qué medios estaban realmente disponibles.
El calor no comenzó ayer
También conviene desmontar otra idea instalada en algunos discursos: hace cincuenta años también había olas de calor muy intensas.
En agosto de 1976, Canarias sufrió una importante ola de calor que duró once días. Durante aquel episodio se superaron los 40 grados en estaciones de Tenerife y Gran Canaria.
Esto no significa que el clima no esté cambiando. Las series meteorológicas muestran un aumento de las temperaturas medias y una mayor frecuencia de determinados episodios cálidos. Pero tampoco puede afirmarse que antiguamente no existieran temperaturas extremas.
Hace medio siglo Canarias ya sufría calima, sequías, viento, olas de calor y jornadas con temperaturas muy elevadas. La diferencia es que entonces no se utilizaba automáticamente el clima como explicación para cada incendio.
El calentamiento puede agravar un fuego, pero no puede borrar la imprudencia, la intencionalidad, la falta de limpieza, la acumulación de vegetación ni la ausencia de una política forestal eficaz.
Los montes dejaron de trabajarse
Durante generaciones, muchas familias recogían pinocha, piñas, leña y restos vegetales. El ganado pastaba en determinadas zonas, los terrenos agrícolas estaban cultivados y existía una presencia constante de personas que conocían, vigilaban y trabajaban el territorio.
Aquellas prácticas no impedían todos los incendios, pero ayudaban a reducir parte del combustible acumulado y evitaban que grandes extensiones quedaran completamente abandonadas.
Hoy muchas de esas actividades han desaparecido, se han reducido o están sometidas a procedimientos administrativos que terminan desanimando a la población. En Gran Canaria todavía existen autorizaciones para recoger determinadas cantidades de pinocha y piñas, pero la realidad es que muchos de aquellos aprovechamientos tradicionales prácticamente han desaparecido.
No se trata de permitir que cualquiera tale, pode o retire vegetación sin control. La naturaleza también necesita materia orgánica y protección del suelo. Pero entre arrasar el monte y convertirlo en un espacio intocable existe un término medio: gestión forestal, aprovechamiento regulado, pastoreo controlado, desbroces selectivos, clareos, agricultura y retirada de biomasa en las zonas de mayor riesgo.
El abandono del campo y del medio rural también tiene consecuencias. Las fincas dejan de cultivarse, desaparecen las zonas de separación entre masas forestales y se acumula vegetación seca. Cuando aparece una chispa, el fuego encuentra el camino preparado.
2026: muchos anuncios, pero la prevención sigue bajo examen
Estamos en agosto de 2026 y las administraciones vuelven a anunciar refuerzos para afrontar la temporada de incendios. En Canarias, el dispositivo de este año cuenta, según el Gobierno autonómico, con más de 2.600 efectivos, 202 autobombas forestales, 19 medios aéreos y 23 drones distribuidos por el archipiélago.
Es una cantidad importante de recursos, pero anunciar medios no debería cerrar el debate, sino abrirlo.
Hay que conocer cuántos están realmente operativos, dónde se encuentran situados, cuánto tardan en intervenir, cuántos profesionales trabajan durante todo el año y cuánto dinero se dedica a la prevención antes de que comiencen las llamas.
La campaña de 2026 no puede limitarse a presentar aeronaves, vehículos y personal cuando llega el verano. La verdadera lucha contra los incendios comienza meses antes: limpiando de manera selectiva, manteniendo pistas y cortafuegos, recuperando terrenos agrícolas, favoreciendo el pastoreo controlado, retirando biomasa y permitiendo, con normas razonables, determinados aprovechamientos tradicionales del monte.
Los aviones son indispensables, pero no sustituyen la gestión del territorio. Cuando una masa forestal acumula durante años pinocha, matorral, ramas secas y parcelas agrícolas abandonadas, un incendio puede adquirir una intensidad que dificulte incluso la actuación de los mejores medios aéreos.
La extinción no puede comenzar el día del incendio. Debe comenzar durante el invierno.
No basta con aparecer cuando empiezan las llamas
Cuando el fuego está descontrolado, llegan los comunicados, las ruedas de prensa, las visitas institucionales y las fotografías de los responsables políticos junto a los puestos de mando.
Pero para entonces puede ser demasiado tarde.
La pregunta no es únicamente cuántos helicópteros aparecen sobrevolando el incendio. También hay que saber cuánto se invirtió en prevención, cuántas hectáreas se limpiaron, cuántas pistas fueron acondicionadas, cuántos depósitos de agua estaban operativos y qué actuaciones se realizaron durante los meses anteriores.
También debe examinarse la situación de los medios aéreos. España dispone de aeronaves, brigadas especializadas, dispositivos autonómicos y la Unidad Militar de Emergencias. Sin embargo, sigue siendo legítimo preguntar si la flota está suficientemente modernizada, si existen medios de última generación y si el dinero invertido guarda relación con la gravedad del problema.
El cambio climático no puede convertirse en la respuesta automática para evitar estas preguntas.
Responsabilidades repartidas
La prevención y la lucha contra los incendios no corresponden a una sola administración.
Los ayuntamientos deben ocuparse de las áreas de su competencia, accesos, solares y zonas próximas a viviendas. Los cabildos tienen una función esencial en la gestión forestal insular. El Gobierno de Canarias dirige y coordina buena parte de los dispositivos autonómicos. El Estado aporta medios especializados y apoyo cuando la situación lo requiere.
Todos tienen competencias diferentes, pero también responsabilidades.
Cuando se conocen los riesgos y, aun así, no se limpia, no se invierte, no se vigila o no se dispone de medios suficientes, la responsabilidad política y administrativa puede pesar mucho más que la explicación genérica del cambio climático.
No resulta suficiente decir que las temperaturas son más altas. Si el monte lleva años acumulando combustible, si las zonas rurales están abandonadas, si la burocracia impide determinados aprovechamientos y si la prevención resulta insuficiente, el problema no es solamente climático.
También es político.
El clima no puede convertirse en coartada
Negar que el calentamiento pueda influir en la sequedad de la vegetación y en la propagación de determinados incendios sería poco riguroso. Pero culpar al clima de todo también lo es.
La fórmula correcta debería ser sencilla:
El incendio fue iniciado por una causa concreta —humana o natural— y determinadas condiciones meteorológicas y forestales favorecieron posteriormente su propagación.
El cambio climático puede empeorar el escenario, pero no absuelve al incendiario, al imprudente ni a las administraciones que no hicieron su trabajo.
No puede convertirse en una cortina de humo para ocultar montes abandonados, escasa prevención, burocracia, medios insuficientes o decisiones políticas equivocadas.
El cambio climático no enciende el fuego. Y ningún gobierno municipal, insular, autonómico o estatal debería esconderse detrás del clima cuando las llamas dejan al descubierto años de abandono, falta de previsión y ausencia de gestión.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
