El paso al frente de Aquanaria responde al monumental perjuicio económico y operativo sufrido en sus instalaciones. La compañía cifra las pérdidas directas en más de 15 millones de euros, una cantidad que evalúa únicamente la muerte fulminante del 40% de su producción de lubinas en talla comercial dentro de sus granjas marinas de Melenara y Salinetas.
A este impacto millonario hay que sumar los cuantiosos costes adicionales derivados de la gestión y retirada de los residuos biológicos, el transporte y el grave perjuicio reputacional.
Ante la persistencia de las irregularidades y la falta de garantías en la calidad del agua, la dirección de la empresa se está planteando adelantar a este mismo año 2026 el desmantelamiento total de sus jaulas marinas en la costa de Telde (previsto inicialmente entre 2027 y 2029), al considerar inviable y un riesgo inasumible mantener su actividad en la zona, según las informaciones hechas públicas por la empresa en diferentes momentos del incidente.
El origen y la reacción municipal
La crisis se remonta a octubre de 2025, cuando la aparición de una masa de peces muertos y la detección de contaminación obligaron al cierre cautelar de hasta 17 playas del sureste de Gran Canaria. Las pesquisas apuntaron de inmediato hacia la EDAR de Silva, instalación gestionada por la empresa mixta Aguas de Telde.
Aquanaria desde el primer momento apuntó a la depuradora como la causante de la mortalidad de sus peces.
Atlántico Hoy
