La reciente sentencia que desestima la demanda presentada por Vox contra la situación política de Janoa Anceaume ha generado titulares contundentes y celebraciones prematuras en determinados ámbitos políticos y mediáticos. Sin embargo, conviene recordar una máxima básica del periodismo y del respeto institucional: una sentencia recurrible no es el final de una batalla judicial.
Nadie discute que el Juzgado ha dictado una resolución desfavorable para las pretensiones de Vox. Ahí están los hechos. Pero también es cierto que la propia sentencia reconoce la posibilidad de recurso y, por tanto, el procedimiento judicial no ha concluido definitivamente.
Por eso sorprende el tono triunfalista con el que algunos medios han presentado la noticia, trasladando a la opinión pública la sensación de que el asunto está definitivamente cerrado cuando todavía existe recorrido judicial. Una cosa es informar sobre una resolución judicial y otra muy distinta convertirla en una sentencia política anticipada.
No es un caso aislado. Algo parecido ocurrió hace unos días con una sentencia relacionada con el concejal y exalcalde Héctor Suárez. En ese mismo panfleto se publicó una resolución de primera instancia que no daba la razón a Suárez, presentándola prácticamente como si fuera una derrota definitiva, cuando la realidad jurídica es mucho más sencilla: también se trataba de una sentencia recurrible.
Y ahí está el problema de fondo. No se puede utilizar una sentencia de primera instancia como arma arrojadiza cuando todavía existen vías de recurso. Informar no es rematar políticamente a nadie antes de que la Justicia haya dicho la última palabra. Eso no es periodismo serio; eso es convertir los tribunales en munición editorial al servicio de determinados intereses.
Los medios de comunicación tienen la obligación de informar con rigor, especialmente cuando se trata de procedimientos judiciales. El periodismo no debería actuar como departamento de comunicación de ninguna institución, partido político o gobierno municipal. Su función es explicar los hechos, contextualizarlos y recordar a los lectores que la Justicia tiene sus propios tiempos.
La prudencia resulta todavía más necesaria cuando están en juego derechos políticos, interpretaciones jurídicas complejas y posibles recursos ante instancias superiores. Lo contrario corre el riesgo de transformar la información en propaganda.
Y en medio de todo esto aparece, una vez más, el viejo problema de cierta prensa domesticada por la publicidad institucional. Hay medios que, con tal de seguir sacando tajada de determinadas concejalías, entran dócilmente por el aro, aplauden lo que toque aplaudir y colocan el titular que mejor convenga al poder de turno.
Porque cuando el dinero público riega determinadas redacciones, la independencia informativa empieza a secarse. Y así, entre convenios, contratos, favores y silencios calculados, siempre aparece el mismo personaje: el amigo del queso, dispuesto a seguir comiendo del cuento mientras otros pagan la factura.
El problema no es que se informe de una sentencia. El problema es cómo se informa, qué se oculta, qué se exagera y al servicio de quién se pone el relato. Porque una cosa es contar una resolución judicial y otra muy distinta es venderla como si la Justicia ya hubiera cerrado definitivamente un asunto que todavía puede tener recorrido en instancias superiores.
La realidad es sencilla: hoy existe una sentencia favorable a los intereses del Gobierno municipal y desfavorable a los de Vox. Pero también existe la posibilidad de apelación. Y mientras esa posibilidad siga abierta, presentar el asunto como una victoria definitiva constituye, cuanto menos, una interpretación interesada de los acontecimientos.
La Justicia habla a través de sus resoluciones. Los medios deberían limitarse a contarlo todo, no solamente la parte que conviene a unos u otros. Los lectores merecen conocer la fotografía completa, no únicamente el encuadre que algunos desean mostrar.
El tiempo dirá si la resolución queda confirmada o si instancias superiores mantienen otro criterio. Hasta entonces, la prudencia informativa debería imponerse al triunfalismo político.
