Hace unos días, quien firma estas líneas publicaba en Onda Guanche un artículo sobre la moral política del concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez. Para quienes no tuvieron ocasión de leerlo, el texto venía a reflejar algo que muchos ciudadanos han percibido en los últimos tiempos: un evidente nerviosismo cuando se cuestiona públicamente su gestión o determinadas actuaciones.
Y uno se pregunta para qué sirve que el alcalde presuma constantemente de que tiene su teléfono abierto a todos los ciudadanos si algunos de sus concejales hacen exactamente lo contrario. Porque la transparencia no consiste únicamente en decir que se escucha a la gente. La transparencia también consiste en aceptar la crítica, responder a las preguntas y convivir con las opiniones incómodas.
En mi caso particular, el concejal Iván Sánchez, hoy integrante del Partido Popular y anteriormente candidato a la Alcaldía por Ciudadanos, me tiene bloqueado en WhatsApp. Una decisión legítima desde el punto de vista personal, pero difícil de entender cuando hablamos de un cargo público cuyo sueldo pagan los ciudadanos y cuya responsabilidad es precisamente atender a quienes opinan bien y también a quienes opinan mal.
Quizás por eso resultó tan llamativo el debate vivido en el último Pleno municipal. Porque cuando Héctor Suárez puso sobre la mesa determinadas preguntas sobre la actividad profesional del concejal de Vías y Obras, la sesión dejó imágenes y declaraciones que volvieron a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: la diferencia entre la legalidad y la moral política.
Si algo quedó claro en el último Pleno de Telde es que cuando Héctor Suárez pregunta por Iván Sánchez, la temperatura política sube varios grados de golpe.
Lo que comenzó como una pregunta sobre posibles incompatibilidades profesionales del concejal de Vías y Obras terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos del mandato. Héctor Suárez puso sobre la mesa un expediente concreto y recordó que hace un año el alcalde negó en Pleno que Iván Sánchez hubiera presentado proyectos profesionales que posteriormente fueran aprobados por la Junta de Gobierno Local. Sin embargo, ahora sostiene que existe documentación que demostraría lo contrario.
La cuestión de fondo no era solamente jurídica. La cuestión era política. Y en política, tan importante como la legalidad es la confianza que transmiten los responsables públicos.
Mientras Héctor Suárez insistía en que alguien debía explicar por qué se dijo una cosa en el Pleno y ahora aparece documentación que apunta a otra versión, Iván Sánchez optó por la defensa contundente. Sacó un informe jurídico, defendió la legalidad de su actividad profesional y aseguró que no existe incompatibilidad alguna.
Pero lo más llamativo no fue únicamente la defensa jurídica. Lo más llamativo fueron las insinuaciones realizadas contra quien estaba formulando las preguntas.
Las palabras textuales de Iván Sánchez en el Pleno fueron especialmente llamativas: “probablemente porque su situación personal judicial en estos momentos pues igual le parece conveniente traerlo”. Y añadió después: “espero que usted salga indemne, usted y todos los funcionarios y empleados municipales que ha arrastrado con sus decisiones”.
Ahí está la clave del debate político.
Iván Sánchez no se limitó a defender su posición. Aprovechó su intervención para referirse a la situación judicial de Héctor Suárez y para insinuar responsabilidades sobre terceros funcionarios y empleados municipales. Unas declaraciones que inevitablemente desplazaron el foco de la pregunta original y elevaron aún más la tensión política del Pleno.
Porque una cosa es responder a una pregunta de la oposición y otra muy distinta es responder señalando la situación personal o judicial de quien pregunta. Cuando un concejal del Gobierno responde de esa manera, son muchos los ciudadanos que pueden interpretar esas palabras como una advertencia política más que como una explicación institucional.
Hasta ahí, un debate político normal.
Lo curioso vino después.
Porque cuando un concejal tiene que dedicar varios minutos a explicar que todo es legal, que tiene informes y que no ha hecho nada incorrecto, la pregunta inevitable es: ¿por qué tanto nerviosismo?
Si todo está tan claro, si todo es tan transparente y si todo está tan respaldado jurídicamente, bastaría con enseñar los documentos y dejar que los ciudadanos juzguen.
Pero el Pleno acabó derivando hacia un intercambio de reproches personales que dejó una sensación extraña. Héctor Suárez defendiendo que simplemente estaba ejerciendo su labor de fiscalización y un Iván Sánchez que llegó incluso a plantear públicamente su continuidad en la política.
Y llegados a este punto aparece la pregunta que muchos ciudadanos se hacen. Si finalmente se demostrara que el expediente aprobado en Junta de Gobierno Local vulneró algún criterio de incompatibilidad o que no se actuó conforme a la legalidad exigible a un cargo público, ¿estaría dispuesto Iván Sánchez a asumir responsabilidades políticas? ¿Dimitiría como concejal de Vías y Obras?
Porque en política no basta con exigir responsabilidades cuando se está en la oposición. También hay que estar dispuesto a asumirlas cuando se gobierna. La respuesta, por ahora, sigue pendiente. Pero la pregunta ya está sobre la mesa y difícilmente desaparecerá mientras continúe la polémica.
Y ahí está el verdadero problema.
La ciudadanía no espera discursos sobre quién tiene razón o quién tiene más informes. Lo que espera es claridad absoluta. Porque cuando se gobierna, no basta con ser legal. También hay que parecerlo.
Al final, el debate deja una pregunta en el aire que sigue sin respuesta convincente para muchos vecinos: si todo era tan sencillo, ¿por qué ha acabado convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más broncos del mandato?
Quizás porque la legalidad puede explicarse en un informe.
Pero la moral política, esa que tanto se invoca cuando se está en la oposición, suele ser bastante más difícil de justificar cuando se gobierna.
Y en Telde ya no se debate únicamente sobre un expediente. Se debate sobre credibilidad, transparencia y sobre si quienes exigían ejemplaridad desde la oposición están dispuestos a aplicarse hoy la misma vara de medir.
Porque una cosa es cumplir la ley.
Y otra muy distinta convencer a los vecinos de que todo se ha hecho como debía hacerse.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
