La Guardia Civil ha llevado a cabo una intervención en el municipio de Telde, donde ha desmantelado una urbanización ilegal en la zona conocida como Lomo Catela. La actuación, realizada el pasado 16 de abril, se saldó con el precinto y la paralización de nueve edificaciones que se encontraban en fase de construcción sin autorización.
El operativo contó con la presencia de personal del juzgado de instrucción que lleva el asunto y se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial. Además de detener las obras, los agentes procedieron al corte del suministro de agua que abastecía a estas edificaciones dentro del asentamiento irregular.
Ocupación ilegal de suelo protegido
La intervención se enmarca dentro de las actuaciones que desarrolla el SEPRONA, centradas en frenar la proliferación de construcciones ilegales en espacios con algún tipo de protección ambiental.
Según han constatado los agentes, este tipo de urbanizaciones clandestinas se levantan en terrenos donde están prohibidos los usos residenciales o recreativos. Esta práctica genera un impacto negativo sobre el entorno natural y supone una ocupación ilícita del territorio, con posibles consecuencias legales tanto para promotores como para compradores.
Parcelaciones irregulares y venta de terrenos
En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil ha detectado un modelo de actuación repetido en este tipo de casos. Los implicados adquieren fincas rústicas sometidas a protección medioambiental y, posteriormente, las dividen en parcelas más pequeñas.
Estas subparcelas son vendidas a terceros mediante contratos privados, sin cumplir la normativa urbanística vigente. De esta forma, los promotores obtienen beneficios económicos a partir de una actividad ilegal.
Además, no se limitan a la comercialización de los terrenos, sino que impulsan la transformación del suelo mediante la instalación de infraestructuras básicas, como redes de agua, cerramientos o delimitaciones físicas de las parcelas, facilitando así la consolidación de estos asentamientos.
La investigación sigue abierta
La ocupación no autorizada de suelos protegidos puede derivar en daños irreversibles sobre los ecosistemas y dificulta la gestión sostenible del territorio.
Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de reforzar la vigilancia y la colaboración institucional para detectar y frenar estas actividades. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la necesidad de verificar la legalidad de cualquier operación de compra de terrenos.
Las investigaciones siguen abiertas con el objetivo de esclarecer todas las responsabilidades relacionadas con este caso. No se descartan nuevas actuaciones en otras zonas donde se haya detectado un patrón similar de urbanización ilegal.
La Provincia-Dlp (Aránzazu Fernández)
Un comentario
Actuaciones como esta demuestran que el problema existe, pero también evidencian algo aún más importante: se está actuando tarde y solo desde la vía coercitiva.
La Guardia Civil ha tenido que intervenir, precintar nueve construcciones y cortar el suministro de agua en una urbanización ilegal en suelo protegido, incluso bajo orden judicial . Eso no es prevención, es reacción.
Y cuando la administración solo llega en ese punto, es porque antes ha fallado la gestión.
Porque el problema no es solo que existan construcciones ilegales, es que no se están facilitando vías reales para ordenar y regularizar cuando es posible, ni se está actuando a tiempo para evitar que estas situaciones crezcan.
En Llano Madrid hay un ejemplo claro de lo contrario: vecinos que sí quieren hacer las cosas bien. Nos hemos organizado, hemos financiado un proyecto técnico y lo hemos presentado en la sede electrónica del Ayuntamiento para regularizar la zona conforme a la Ley 4/2017 del Suelo de Canarias.
Ese expediente existe. Pero sigue bloqueado.
No hay impulso, no hay tramitación y no hay respuesta.
Si a quienes intentan regularizar se les ignora, y a quienes construyen sin control solo se les actúa cuando el problema ya es grave, el resultado es el que estamos viendo.
Y mientras tanto, se repite el mismo patrón: corte de agua como medida final, afectando a personas y situaciones que muchas veces podrían haberse encauzado antes.
Además, todo esto contradice el mensaje que se trasladó antes de gobernar. Este fue el compromiso:
CIUCA – Ciudadanos para el Cambio
CON LA VERDAD POR DELANTE
“TU VIVIENDA NO ES ILEGAL”
Después de tantos años de lucha, las viviendas fuera de ordenación siguen sufriendo la desidia de las administraciones, criminalizando a los vecinos. Ante esto, el Ayuntamiento debía prestar apoyo, asesoramiento e impulsar su legalización dentro del marco legal.
Desde Ciuca se afirmó que se defenderían los derechos de estas familias y que se utilizarían las herramientas legales disponibles para dar solución a su situación.
Controlar es necesario, pero no es suficiente.
Porque cuando la única respuesta es paralizar y cortar suministros, el problema ya ha llegado demasiado lejos.
La clave está en gestionar antes… no solo actuar después.