Veredicto unánime e histórico ayer por la tarde en la Ciudad de la Justicia. El Tribunal Popular que ha juzgado a los 10 guardias civiles y dos empresarios magrebíes acusados de los delitos de cohecho y falsedad documental no ha tenido dudas y ha declarado culpables a los encausados en un juicio que se ha desarrollado en 10 sesiones y del que el presidente de la sala, el magistrado Secundino Alemán, admitió que ha sido el más complejo de su trayectoria profesional.
Las condenas de prisión e inhabilitación a los agentes suman en torno a los 15 años -una media de dos por cohecho, cuatro por falsedad documental, entre siete y nueve por inhabilitación para ejercer su puesto y el resto por el sufragio pasivo. Las defensas, por su parte, se acogieron a la atenuante de dilaciones indebidas -sobre todo por el largo trámite de este procedimiento judicial, iniciado en 2008 y que se ha juzgado casi nueve años después- para solicitar rebajas en las penas pedidas por Fiscalía.
En la lectura del veredicto, realizada ayer por la tarde, los dos kilos de carne, la caja de pulpos o los 50 euros exigidos a los empresarios -presentes y en rebeldía- para el café de los agentes volvieron a recordarse en la sala cuando se abordaba cada acusación de la fiscal.
El vídeo ha sido decisivo para acabar con las dudas que hubieran podido sembrar entre los miembros del jurado los abogados defensores de los encausados presentes en el proceso, ya que otros cuatro han sido declarados en rebeldía por su incomparecencia. Las continuas referencias a las imágenes captadas por la Guardia Civil en la zona de aduana del aeropuerto de Gran Canaria, lugar donde se produjeron los hechos considerados probados por el Tribunal Popular fueron los argumentos del Tribunal Popular para ser prácticamente unánime en todos los hechos denunciados.
De hecho, en la lectura de la motivación del veredicto, el portavoz aludía incluso a fotogramas concretos o a conversaciones grabadas en los vídeos presentados. De haber sido un partido de fútbol en vez de un juicio, el afamado y polémico VAR (Asistencia por vídeo al árbitro en español) habría echado humo en cantidad industrial.
El jurado, además, mostró también su unanimidad, salvo en varios casos que se saldaron con una mayoría de ocho a uno, en descartar la suspensión de la pena de prisión para los encausados o en laconcesión de indultos. En este último caso, sí se mostró favorable -8 a favor, uno en contra- a que los dos empresarios magrebíes acusados de cohecho lo reciban. Lo mismo había ocurrido, aunque ahí por unanimidad, la suspensión de la pena de un año de cárcel que se les solicitaba por la fiscal.
Una tras otra, las votaciones sobre si los hechos de los que se acusan a los 10 agentes del instituto armado y a los dos ciudadanos magrebíes se consideraban probados por el Tribunal Popular y si los encasuados son culpables de la comisión del delito, el resultado era el mismo, el de la unanimidad.
Salvo en un solo caso, el del sargento y un agente de la Benemérita, los únicos a quienes se les imputaba uno solo de los dos delitos, el de cohecho, de los que se les estimó culpables. La petición de 2.000 euros a una de las víctimas de la coacción, que abonó 1.500, se saldó con el veredicto de ocho votos a favor y uno en contra sobre que son hechos probados y la misma votación para declararlos culpables de cohecho.
El cohecho de los guardias civiles, pero también de los empresarios juzgados es una constante en todo el veredicto, al igual que la falsedad documental cometida por los agentes de la Benemérita. Billetes de 50 euros ocultos debajo de la gorra de uno de ellos, el recordatorio a los ciudadanos extranjeros que pasaban por el control de seguridad de que dejaran algo para el coffee (café) o la advertencia en caso contrario de contar el dinero declarado que portaban, se sumaba a conversaciones entre ellos para realizar el reparto de las donaciones de los afectados. «Hoy estás muy mimoso», se oyó ayer en el veredicto del Tribunal Popular cuando se hizo referencia a grabaciones sobre esa distribución del botín y en la escucha sobre las preguntas a las víctimas de los hechos.
No obstante, tampoco es que esta suerte de impuesto en el aeropuerto pillara de sorpresa a todos. Así, en algunas de las grabaciones se escucha que un guardia civil le dice a un compañero que es un viejo conocido en Aduanas y que no se le pida más o a una empresaria que ya sabía lo caro que se tomaban los cafés estos agentes, nada menos que a 50 euros. Tanto los empresarios declarados en rebeldía como los dos presentes pasaron por caja, alguno con más entusiasmo que otros a tenor de lo expuesto en el veredicto popular.
Después de la lectura de las motivaciones del jurado en cada uno de los hechos a juzgar, la fiscal expuso su petición de pena a los acusados, donde solo dos se salvan de la petición de cárcel y se les pide una multa de 1.500 euros y un periodo de inhabilitación para ejercer su cargo de un año y año y medio. Al resto, aunque no por igual según la gravedad de lo probado, le solicita penas de dos años o dos años y medio de prisión por cohecho, cuatro años por falsedad documental, nueve años de inhabilitación o multas de diversa cuantía y duración, además de quedar inhabilitados para el sufragio.
Por parte de las defensas, todas coincidieron en apelar a la aplicación del artículo 425.1 del Código Penal en vez de los solicitados por la fiscal por cohecho y que supone otro tipo de condena, al tiempo que solicitaron la atenuante de dilación muy cualificada frente a la simple del ministerio fiscal. La diferencia estriba en que lo propuesto por los abogados de los procesados, la de dilación muy cualificada, supone una importante reducción de las penas solicitadas, hecho que no ocurre con la de Fiscalía.
La Provincia-Dlp
