El periódico de tirada regional, CANARIAS7 con crónica de la prestigiosa periodista Cristina González, se hace eco en su edición impresa y digital de este sábado 24 de septiembre 2016, en sus páginas locales de Telde, de la primicia avanzada por ONDA GUANCHE ayer viernes 23, de la información de la imputación de la Alcaldesa de Telde, Carmen Hernández (NC), después de que Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, admitiera a trámite una querella interpuesta contra ella; la concejala de Hacienda, Celeste López; y la tesorera municipal, Ana Ortega, por el procedimiento seguido para abonar una indemnización por una expropiación realizada décadas atrás en La Estrella. A la regidora y el resto de investigadas se les imputa la presunta comisión de un delito de prevaricación, pues el abono, según todos los indicios, aún no se habría realizado en su totalidad pese a la existencia de una sentencia que conminaba a ello.
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde ha admitido a trámite una querella por supuesta prevaricación contra la alcaldesa, Carmen Hernández, la edil Celeste López y la tesorera municipal, Ana Ortega. El auto del 19 de septiembre incoa diligencias previas y da traslado al Ministerio Fiscal.
La querella que ha admitido a trámite el juzgado que dirige Juan Manuel Hermo Costoya se presentó el pasado mes de marzo. Lo hizo una de las herederas de Juan Granados, propietario de un solar entre las calles Chumbera, Hortensia y Gladiolo, en el sector de San Borondón, en el barrio de La Garita. La parcela se había expropiado en 1985 para hacer una plaza que jamás llegó a realizarse y que estaba pendiente de pago.
La querellante registró la denuncia judicial porque existía un decreto, de diciembre de 2015, que validaba el pago de un millón de euros por el terreno. Achacaba a la alcaldesa, Carmen Hernández; a la edil de Economía y Hacienda, Celeste López; y a la tesorera municipal, Ana Ortega, que no se hiciera efectivo por lo que entendía que podrían estar cometiendo un presunto delito de prevaricación. La demanda la presentó ante el temor de que incluyeran su caso, con sentencia firme, en el plan de pago por expropiaciones.
Finalmente, el abono de 1.036.272 euros, que se trataba de un segundo pago, se realizó el pasado mes de mayo, aunque la Justicia siguió adelante con la querella. El auto judicial, de dos folios, admite la demanda y abre diligencias previas, además le da trasladado al Ministerio Fiscal por si los hechos investigados fueran constitutivos de delito.
