Hay debates que se suscitan en la sociedad en los que dudo si entrar o no a participar. Consecuencia de tanto titubeo, llego tarde, pero dejo por aquí una reflexión sobre la importancia de crear estructuras y organización más allá del individualismo y el personalismo, amplificado por las redes sociales.
Allá voy con los ejemplos.
Una vez superada la entrevista, firmado el contrato y tanteado el terreno en la empresa, lo primero que hago cuando llego a un nuevo puesto de trabajo es preguntar si hay representación sindical, quién la ocupa, qué tal lo hace, si tiene tiempo, si se están cumpliendo las condiciones laborales y si necesita que le eche una mano. ¿Ya tienen plan de igualdad y de prevención de riesgos laborales? ¿Protocolo para la prevención del acoso laboral? ¿Se actualizan las tablas salariales y se cobran las horas extras? ¿Se registra bien el horario?
Habrá quien tenga la tentación de caerle en gracia al jefe, demostrarle que no eres como los demás, que valoras el esfuerzo que hizo poniendo el capital y que estás agradecido por la oportunidad; para así conseguir un aumento, que te respete tus vacaciones o que, si tienes una urgencia un día, te deje salir antes. Está esa opción, que recomiendo saltarte, o solidarizarse con los compañeros, organizarse en el centro de trabajo y exigir el cumplimiento del contrato, convenio y Estatuto de los Trabajadores, reclamando cada vez mejores condiciones laborales.
Decía un titular de El País: “La paradoja vasca: el territorio más rico acumula casi la mitad de huelgas de España”. A pesar de ello y no como una consecuencia de ello, en el periódico al que le reza buena parte del progresismo español… Guárdenme una cría. Según la Estadística de huelgas y cierres patronales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y octubre de 2025, en Euskadi hubo 189.543 jornadas no trabajadas y 45.289 trabajadores que participaron en huelgas, frente a las 365 jornadas y 318 trabajadores de Canarias, con una población muy similar.
El salario medio bruto anual en Euskadi se sitúa en los 34.000 euros, mientras que en Canarias es de 24.000 euros. Son 10.000 euros de diferencia, en los que por supuesto intervienen otros factores —industrialización, cooperativismo, mayores competencias o diversificación económica…—, pero en ese potaje la papa es la conflictividad laboral, fruto de la organización entre iguales.
En nuestro Archipiélago, la actividad sindical no es ya solo que en muchas ocasiones esté mal vista, sino que directamente se desincentiva o incluso se persigue. Que se lo pregunten a los socorristas de las playas de Las Palmas de Gran Canaria, que cuando se fijan los servicios mínimos durante una huelga llegan a ser superiores al personal adscrito al centro de trabajo. El chiste se cuenta solo.
Durante la huelga convocada en el sector de la hostelería en las islas occidentales en la semana santa del pasado año, el Gobierno de Canarias tuvo la desfachatez de imponer servicios mínimos justificándolos en que los establecimientos alojativos iban a registrar una ocupación del 95 %, con un gran aumento del número de personas afectadas, incluyendo menores y personas con discapacidad, lo que incidiría negativamente en la prestación de los servicios. Pero es que de eso se trata una huelga, Jéssica de León, de generar un perjuicio a la patronal que permita forzar una mejora de las condiciones laborales, después de haber agotado los pasos previos del conflicto colectivo.
Cambio de tercio.
Cuando en el pasado he participado o colaborado con movimientos sociales, lo primero que les pregunto es si ya están formalmente constituidos, con sus estatutos bien redactados, inscritos en los registros correspondientes, con capacidad para presentar alegaciones, interponer demandas, solicitar información pública, pedir subvenciones o, si no se quiere depender de las administraciones, al menos tener la posibilidad de autofinanciarse con ventas directas o recaudaciones.
Sin embargo, hay quien prefiere actuar sin personalidad jurídica, porque de lo contrario se perdería la independencia, o por firme convicción autogestionaria, que en otro caso se rompería el aura del altruismo. Las motivaciones pueden ser muchas y variadas, pero a mí cualquiera de ellas me parece una pésima idea en el marco de una democracia representativa y un Estado Social y Democrático de Derecho. Hasta Federica Montseny aceptó ser ministra de Sanidad y Asistencia Social en el 36, pero con el respaldo de la CNT.
Por eso me sorprende que mucha gente se sorprenda, que para sorpresa de nadie, haya perfiles visibles, públicos y conocidos que se dejen comprar por partidos políticos, administraciones públicas o cátedras de economía. ¿Ante quién se supone que tienen que rendir cuentas? ¿Ante una audiencia difusa? ¿Ante sus seguidores de redes sociales? Tampoco llego a comprender las cacerías y funadas con ciertas personas u organizaciones, que en otros casos se legitiman y hasta promueven. También digo yo que influirá quién participa, quién financia y la temática sobre la que versa, ¿no?
En mi particular isla, Gran Canaria, desde Drago Canarias nos venimos preguntando hace mucho tiempo por qué CIERTOS —porque no todos, ni mucho menos— movimientos sociales y ecologistas, influencers, activistas, personalidades relevantes e intelectualoides hacen críticas muy severas en otras islas, especialmente en Tenerife, pero tienden a silenciarse y diluirse en la nuestra.Si acaso es que se puede afirmar que en la redonda vivamos mejor que en la picuda, las desérticas o las verdes.
Se nos hace extraña la movilización contra la construcción de nuevos hoteles en todo el Archipiélago menos en Gran Canaria. O también puede ser que las promociones para que vengan más turistas, nómadas digitales, jubilados europeos y extranjeros ricos aquí no afecte a la población local. O que el territorio de nuestra isla es mucho más resiliente y por eso lo pueden reventar bajo la excusa de la descarbonización. O que la vivienda que se está levantando en los barrios de Guanarteme, Puerto e Isleta sea para la gente canaria.
Si caben memes, críticas, vídeos, artículos de opinión, montajes, fotografías y todo tipo de contenidos sobre Fernando Clavijo, Rosa Dávila, José Manuel Bermúdez y Fraga, todos los días y a todas horas, pero no sobre Antonio Morales, Teodoro Sosa, Carolina Darias y Pedro Quevedo —que no me lo confundan con el baifo, por favor—, que tienen a nuestra isla completamente devastada.
Quizá convenga preguntarse si bajo esas pátinas de pureza, altruismo y conciencia súperhípermegacrítica, lo que hay detrás es alguien aflojando bien de billetes, prometiendo cargos, adjudicando contratos o concediendo subvenciones directas, para que cada vez que surge un movimiento social potente en las islas se desactive con liderazgos individuales, sin estructuras organizativas, sin implantación en el territorio; unas veces controlados desde Madrid o Barcelona, otras veces por el caciquismo local, para que la captura y compra pueda ser más fácil, para mantener el statu quo, el estado de las cosas.
A lo mejor es hora de que nos tomemos más en serio esto de la participación social y política, para dejar de descargar nuestra responsabilidad cívica en unos cuantos influencers que no tienen por qué responder ante nadie, más que ante sus conciencias. Que si queremos ser Euskadi en materia de servicios públicos, soberanía competencial y condiciones laborales, necesitamos más método, organización, piquetes y huelgas, aparte de partidos progresistas en las instituciones que obedezcan a nuestro país archipielágico y su población, AKA, Drago Canarias.
Quienes trabajamos para la Administración Pública y vemos diariamente cómo se las gastan muchos de nuestros dirigentes y sus aliados de la patronal lo sabemos muy bien: el poder no teme un DNI, ni siquiera cuando están agregados. Teme un NIF. Pero si seguimos en los potajes y revolturas, jugando al jipismo, vamos de camino a comernos cinco siglos igual.
Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria
