Hay problemas que pueden esperar una reunión.
El campo no.
Una planta no entiende de competencias administrativas, informes pendientes ni departamentos que todavía deben ponerse de acuerdo. Un árbol tampoco sabe qué institución tiene que autorizar una obra. Solo sabe que necesita agua.
Y cuando el agua deja de llegar, comienza una cuenta atrás.
Estos días, el Barranco de Los Cernícalos vuelve a recordarnos algo que Canarias debería tener aprendido desde hace mucho tiempo: en unas islas donde cada gota importa, el agua no puede convertirse en rehén de la burocracia.
Vecinos y regantes de Lomo Magullo y Los Arenales, en Telde, llevan meses afrontando dificultades para disponer del agua necesaria para sus cultivos después de los desprendimientos provocados por la borrasca Therese. El problema afecta a más de 300 regantes y alcanza también a explotaciones ganaderas y a un espacio natural especialmente sensible.
La noticia podría quedarse ahí.
Un barranco.
Unos desprendimientos.
Una tubería.
Varias administraciones.
Pero detrás existe una cuestión mucho más profunda.
¿Qué lugar ocupa realmente nuestro campo cuando llega el momento de establecer prioridades?
Canarias habla mucho de soberanía alimentaria.
Lo hace en congresos.
En campañas.
En discursos institucionales.
En programas electorales.
Defendemos el producto local, fotografiamos tomates, papas, quesos y frutas, y repetimos que debemos consumir aquello que produce nuestra tierra.
La pregunta incómoda aparece después.
¿Qué estamos haciendo para que quien produce pueda seguir haciéndolo?
Porque no existe producto local sin productor.
No existe agricultura sin agua.
No existe paisaje rural sin personas capaces de mantenerlo.
Y tampoco existe soberanía alimentaria cuando cultivar termina convirtiéndose en una lucha permanente contra los costes, la falta de relevo generacional, las dificultades de comercialización y los problemas para acceder a un recurso tan elemental como el agua.
En Los Cernícalos, el problema tiene además una particularidad que debería obligarnos a reaccionar con rapidez.
No estamos hablando únicamente de agricultura.
Hablamos de un ecosistema.
De un cauce.
De un paisaje protegido.
De agricultores y ganaderos.
De especies que dependen también del equilibrio del lugar.
Cuando el agua deja de circular por donde tradicionalmente lo hacía, la consecuencia no termina en una finca.
El territorio funciona como un conjunto.
Lo que ocurre en la parte alta termina afectando aguas abajo.
Lo que afecta a un cultivo repercute en una familia.
Lo que perjudica a una explotación termina influyendo en la economía local.
Y lo que deteriora un espacio natural puede tardar años en recuperarse.
Por eso resulta peligroso analizar cada problema desde una oficina diferente.
El agua no conoce las fronteras entre administraciones.
El barranco tampoco.
Sin embargo, demasiadas veces la respuesta pública parece avanzar exactamente en sentido contrario: competencias divididas, permisos diferentes, organismos distintos y ciudadanos obligados a averiguar quién debe resolver aquello que afecta directamente a su vida.
Ese modelo termina generando una sensación que conocemos demasiado bien.
Todos tienen alguna competencia, pero nadie parece tener toda la responsabilidad.
Y mientras se aclara quién debe hacer qué, el tiempo continúa pasando.
Para una administración, unos meses pueden ser un expediente abierto.
Para un agricultor pueden significar una cosecha perdida.
Esa diferencia de tiempos es fundamental.
Una finca no puede poner en pausa agosto hasta que llegue una autorización.
Un aguacatero no espera una comisión técnica.
Un animal necesita beber hoy.
El sector primario trabaja con ritmos que la burocracia debería aprender a respetar.
Además, existe otro asunto que merece atención.
Cuando desaparece una explotación agrícola no perdemos únicamente una actividad económica.
Perdemos paisaje.
Un terreno trabajado funciona de manera distinta a un terreno abandonado.
Mantiene caminos.
Conserva conocimientos.
Genera actividad.
Puede contribuir a reducir determinadas acumulaciones de vegetación.
Mantiene personas vinculadas al territorio.
Por eso agricultura y protección ambiental no deberían presentarse siempre como intereses enfrentados.
Hay casos donde la supervivencia de una depende directamente de la buena gestión de la otra.
Canarias necesita abandonar esa visión romántica del campo que lo convierte únicamente en una fotografía de postal.
El campo no son solo terrazas verdes y agricultores sonriendo durante una feria.
Es madrugar.
Es mirar al cielo.
Es calcular costes.
Es rezar para que una plaga no llegue.
Es esperar lluvia.
Es perder una cosecha.
Es empezar otra vez.
Y cada año resulta más complicado convencer a una persona joven de que continúe una explotación familiar si observa que, además de todos esos riesgos, debe enfrentarse a problemas que podrían resolverse mediante una coordinación administrativa eficaz.
Hablamos mucho del relevo generacional.
Pero el relevo no se consigue diciendo a los jóvenes que amen la agricultura.
Se consigue demostrando que vivir de ella puede ser una opción razonable.
Eso exige rentabilidad.
Agua.
Infraestructuras.
Asesoramiento.
Tecnología.
Comercialización.
Protección.
Y respuestas rápidas cuando aparece una emergencia.
También tenemos que reflexionar sobre nuestra relación colectiva con el agua.
Vivimos rodeados de océano y, paradójicamente, conocemos desde hace siglos el valor de cada gota dulce.
La historia de Canarias está llena de heredades, acequias, estanques, presas, pozos, galerías y sistemas creados precisamente porque nuestros antepasados entendieron que administrar el agua era administrar la supervivencia.
No deberíamos perder esa conciencia.
La modernidad tecnológica no ha conseguido convertir el agua en un recurso infinito.
Desalamos.
Reutilizamos.
Bombeamos.
Distribuimos.
Pero cada sistema tiene costes y límites.
Por eso conservar correctamente las infraestructuras tradicionales y los cauces sigue siendo esencial.
El caso de Los Cernícalos debería servir también para revisar protocolos.
¿Qué ocurre cuando una tormenta modifica un cauce y afecta al suministro agrícola?
¿Existe un mecanismo suficientemente rápido?
¿Quién coordina?
¿Qué plazos se manejan?
¿De qué manera se informa a los afectados?
¿Se actúa únicamente cuando la situación alcanza los medios de comunicación?
Una administración eficiente no debería limitarse a resolver problemas.
Debería aprender de ellos para que la próxima respuesta sea más rápida.
Cuando hablamos del sector primario canario solemos decir que hay que protegerlo.
Quizá deberíamos cambiar el verbo.
No basta con protegerlo.
Hay que permitirle vivir.
Y vivir significa poder trabajar en unas condiciones mínimamente previsibles.
Los agricultores de cualquier parte de Canarias saben que nunca podrán controlar completamente la lluvia, el calor, el viento o las plagas.
Lo que sí deberían poder esperar es que aquello que depende de nosotros funcione.
Que las administraciones se coordinen.
Que los recursos lleguen.
Que una emergencia tenga respuesta.
Que los meses administrativos no terminen convirtiéndose en años agrícolas perdidos.
El Barranco de Los Cernícalos es mucho más que un hermoso lugar al que acudir un domingo.
Es agua.
Es biodiversidad.
Es agricultura.
Es memoria.
Es economía.
Es vida alrededor de un cauce.
Por eso la solución no puede medirse únicamente cuando vuelva a circular el agua.
Habrá que preguntarse también qué cultivos se perdieron, qué árboles quedaron dañados y qué confianza conservaron quienes llevan meses esperando.
Porque el campo puede recuperarse de muchas cosas.
Lo que resulta mucho más difícil recuperar es la voluntad de continuar cultivándolo.
Y Canarias no puede permitirse perder ni una cosa ni la otra.
Vidal Bolaños, escritor y comunicador
